“Que se cuide”, le advirtió Milagro Sala al senador radical Gerardo Morales según su hermano, el legislador Héctor Morales. “Que se cuide”, reiteró la líder de la Tupac Amaru, siempre por teléfono, según el diputado provincial Carlos Toconás, también radical. “Si no cierra el pico vamos a tener que tirotearlo”, amenazó Sala, según René Arellano, testigo ofrecido por el abogado de los Morales luego de ser expulsado de la red de organizaciones sociales acusado de quedarse con un vuelto de 500 mil pesos. En base a esos tres testimonios y a “los antecedentes que acreditan el modus operandi de Milagro Sala (sic)”, el juez federal Mariano Cardozo procesó a la dirigente como autora de dos amenazas (telefónicas) y coautora de amenazas y daño agravado, por un escrache contra Morales hace casi un año. También embargó sus bienes por 70 mil pesos. “Vamos a juntar un peso cada integrante de la organización para pagar el embargo”, ironizó Sala. El fallo es importante para que “no se sientan impunes quienes están cobijados por el poder político”, declaró Morales desde el llano.

Denunciado por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura, el juez Cardozo procesó a Sala luego de rechazar el pedido de recusación de los abogados de la Tupac Amaru, sobre el que debe pronunciarse la Cámara Federal de Salta. “Hasta que no se resuelva la recusación el juez no puede dictar ninguna medida”, se quejó ayer el abogado de la Tupac Amaru, Luis Hernán Paz, quien adelantó que pedirá la nulidad del procesamiento. “El juez tomó como fundamentos pruebas que no están en la causa”, agregó.

La causa se inició hace un año. Luego de despotricar sobre el uso de dineros públicos en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Salvador, Morales fue abordado a huevazos por miembros de la red de organizaciones sociales, que reúne a 25 agrupaciones. El juez procesó por daños y amenazas a Ramón Salvatierra y Graciela López. La Cámara confirmó esa medida, pero no había avanzado contra Sala, que aquel día estaba a más de cien kilómetros de la ciudad.

El 26 de agosto, el abogado de Morales, César Rivas, se presentó en el juzgado con Arellano y su esposa, Cristina Chauque. Según Paz, ambos habían sido expulsados de la organización Argentina Avanza y de la red luego de que la ministra de Educación Liliana Domínguez les endilgara haberse quedado con un contrato de medio millón de pesos para refacciones. Según Orellano, Sala le dijo que había que impedir la conferencia de Morales y que “ella les daría para los huevos”. En medio de un extenso relato sobre Sala y sin disimular su enemistad manifiesta (la acusó de amenazarlo, golpearlo, obligarlo a abandonar una obra, palparle los genitales para ver si estaba armado, ordenarle que le besara los pies y la llamara “Mami”, golpear a sus hijos por medio de custodios), aseguró que Sala era autora intelectual del escrache a Morales. El juez rechazó la recusación de los abogados de la Tupac y citó a indagatoria a Sala, que el 13 de septiembre se presentó acompañada por 50 mil seguidores y se negó a declarar.

Para probar la responsabilidad de Sala, el juez destacó la “subordinación” de la procesada López, quien “ejecutó el operativo con un celular en la mano”, prueba de que era “dirigida desde otro lugar (sic)”. Agregó que Sala se presentó al día siguiente en el diario El Tribuno para “tomar contacto con las fotografías registradas”, dato que ningún empleado del diario corroboró. Recordó “el protagonismo de Sala” en “una gigantesca fogata” frente a Casa de Gobierno, en 2008, caracterizó el “modus operandi” de la Tupac por “un común denominador, la violencia”, y concluyó que el escrache a Morales “no pudo ser dirigido por la López (sic) sin la planificación, organización y control de la Sala (sic)”.