El juez federal Norberto Oyarbide citó a una nueva ronda de indagatorias en la causa en la que investiga una red de comercialización de medicamentos adulterados, vencidos y robados, y la defraudación con subsidios de la Administración de Programas Especiales (APE) que cobraban ciertas obras sociales por tratamientos y remedios costosos inexistentes. El desfile de imputados comenzará en febrero, con algunas declaraciones postergadas del año pasado, como la del ex ministro de Salud bonaerense Claudio Zin, y con ampliaciones, como la del titular de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, preso y ya procesado como jefe de una asociación ilícita, su mujer Paula Aballay y el empresario farmacéutico Néstor Lorenzo. Una resolución de la Sala II de la Cámara Federal confirma que la trama de la mafia de los medicamentos se reproduce en distintas obras sociales sindicales.

A esta altura, la investigación es ya una megacausa con una gran cantidad de implicados. La Cámara Federal ratificó la prisión preventiva de cuatro personas vinculadas con la droguería Alrcasel, que están procesadas por asociación ilícita, por la provisión de remedios adulterados o en mal estado a la Obra Social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios de Estado. Se trata del empresario José Traer, Ricardo Bruno, Vanina Postigo y Fabio Ferreyra. Esta parte de la pesquisa “recién comienza”, explicaron en tribunales. De hecho, la causa en un comienzo se focalizó en la obra social bancaria (OSBA) y luego se extendió a más de cincuenta sindicatos. Recientemente fue procesado Marcos Hendler, dueño de la droguería Urbana y proveedor de la Obra Social de Camioneros (Oschoca), a la que incluso le habría facilitado troqueles falsos para reclamar subsidios de la APE.

Straer fue detenido en un allanamiento a la empresa Asistencia Solidaria, donde se hallaron más de 200 troqueles sueltos de remedios y expedientes “en trámite de elevación a la Administración de Programas Especiales”. Según la Cámara, entre otras medidas resta establecer si esos troqueles son truchos, que como se vio en muchos casos ya verificados se usaban para armar expedientes e historias clínicas falsas con las que reclamar reintegros por tratamientos de alta complejidad. Según los camaristas, los detenidos ligados a Arcasel podría entorpecer la investigación si son liberados.

Zin iniciará la nueva tanda de indagatorias el 8 de febrero, a la que se sumarán Zanola y su mujer en marzo, Lorenzo el 12 de abril y el ex funcionario de la APE Néstor Vázquez dos días después, entre otros. Ese mismo mes serán interrogados dos funcionarios del Banco Provincia por manejos sospechosos con pagos con fondos de la APE a favor de la Asociación Bancaria que se hicieron a través de un fideicomiso.