El fantasma de la dictadura argentina vuelve a la mesa de la princesa Máxima Zorreguieta. A dos semanas de la liberación bajo fianza del ex piloto naval Julio Alberto Poch, detenido y extraditado luego de relatar en privado su participación en los vuelos de la muerte, doce de sus ex compañeros de la aerolínea Transavia comenzaron a declarar el lunes en los Tribunales de La Haya. El diario Algemeen Dagblad y la cadena de radio y televisión holandesa NOS sugirieron ayer que el ex marino mintió al declarar que nunca había conducido aviones de turbo-hélice, porque en los propios registros de bitácora secuestrados durante el allanamiento a su casa constan vuelos en aparatos Fokker que, según diversos testimonios, se utilizaron para arrojar al mar a personas con vida durante el terrorismo de Estado.

El anuncio sobre las declaraciones de los doce testigos se conoció a principios de diciembre. Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos señalaron entonces al diario De Telegraaf que el gobierno holandés no veía con buenos ojos que el caso volviera al país. Es que la detención de Poch, en septiembre de 2009, reinstaló en la prensa europea la historia de Jorge Zorreguieta, ex secretario de Agricultura del dictador Jorge Videla y padre de la princesa Máxima.

Cuatro de los testigos citados, colegas del argentino en la aerolínea holandesa Transavia, “van a decir que Poch les contó que estaba implicado en los vuelos de la muerte”, adelantó el domingo a la agencia AFP la abogada Liesbeth Zegveld. La confesión, relatada por pilotos que declararon bajo juramento ante el juez Sergio Torres, tuvo lugar en un restaurante de la isla de Bali, en Indonesia, en 2003. Las testimoniales durarán hasta el 24 de febrero, calculó el defensor del imputado en Holanda, Geert-Jan Knoops. El ex marino, nacido en Bahía Blanca, recuperó su libertad en diciembre por orden de la Cámara Federal porteña, que le encomendó al juez Torres profundizar los argumentos del procesamiento. Antes debió pagar una fianza de más de 26 mil euros, precisó su abogado.