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La ministra de Trabajo, Graciela Camaño, acusó ayer a los líderes de los piqueteros que realizan cortes en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires de “apretar para conseguir cupos de beneficiarios” y después “cobrarles a los pobres que dicen representar” un porcentaje del beneficio. La funcionaria dijo tener “una cantidad impresionante de denuncias de extorsión contra diferentes movimientos de desocupados”, pero se excusó de dar los nombres de los dirigentes involucrados. La agresiva respuesta de la integrante del gabinete nacional se da en el medio de una ofensiva de los movimientos piqueteros sobre el Ministerio de Trabajo, reclamando por recortes en la lista de beneficiarios que habrían dejado a miles de desocupados sin su único sustento. Por otra parte, desde las filas de las organizaciones de carecientes se denuncia que el gobierno nacional estaría desviando los planes para satisfacer las apetencias de intendentes y gobernadores involucrados en la interna justicialista. A este recalentamiento de la relación entre piqueteros y gobierno no serían ajenas, de acuerdo con otras interpretaciones, las condiciones “no escritas” impuestas por el Banco Mundial para habilitar un nuevo crédito de 600 millones de dólares para atender ayudas sociales, entre ellas la que comprende los planes Jefas y Jefes.
“Hay movimientos de desocupados que vienen al Ministerio a pedir la potestad de la baja de los beneficiarios, o sea que los que representan a los pobres lo que en realidad quieren es manipular a los pobres para tenerlos como clientelas fijas en las marchas”, agregó Camaño. Y reiteró conceptos ya expresados en los últimos días por el presidente de la Nación, Eduardo Duhalde, en cuanto a la dispersión en la representación de los desocupados. El titular del Ejecutivo había asegurado que los piqueteros persiguen “fines electoralistas” y vaticinado el progresivo “desmembramiento” de ese movimiento social. Camaño precisó, durante una conferencia de prensa en la tarde de ayer, que había 1044 denuncias presentadas en la Justicia por “aprietes”, algunas de las cuales “involucran la figura de extorsión”.
A pesar de la virulencia de la respuesta de la ministra, los dirigentes piqueteros no mostraron sorpresa por dichas apreciaciones. “Cada tanto vuelven a aparecer estas acusaciones y no es casual que ocurra cuando hay una oleada de luchas por la caída de los planes”, señaló una vocera de la Corriente Clasista y Combativa, que se manifestaba frente al Ministerio de Trabajo justamente cuando Camaño lanzaba sus acusaciones. Según la Corriente, hay entre seis mil y siete mil planes Jefas y Jefes que se han perdido, cuyos beneficiarios se enteraron de que ya no estaban en lista cuando fueron a cobrarlos. “Las denuncias de las bajas de estos planes están hechas en el Ministerio y en el Consejo Consultivo (del plan de ayuda), por lo que la negativa sólo le vale como discurso”, dijo la vocera de la CCC.
Trabajo y piqueteros coinciden en un punto: no es proporcionalmente tan importante la cantidad de planes Jefas y Jefes de Hogar que se distribuyen a través de las organizaciones sociales: rondarían el 10 por ciento de las dos millones de asignaciones de este tipo a nivel nacional. La mayoría de los planes los reparten directamente los municipios y, en parte, los gobiernos provinciales. “Sí, hay manipulación con fines electoralistas, pero no de nuestra parte, que no participamos en las elecciones nacionales, sino de la feroz interna justicialista”, remarcó un dirigente piquetero en respuesta a la acusación de Duhalde y Camaño.
Las cifras del Ministerio de Trabajo, de alguna manera, convalidan lo dicho por el dirigente social. En las provincias gobernadas por el menemismo se duplicaron la cantidad de beneficiarios entre mayo de 2002 y el presente mes de enero. Salta (Juan Carlos Romero) pasó de 49.000 a 89.000 planes; La Pampa (Rubén Marín), de 4.600 a 13.000 y La Rioja (Angel Maza), de 11.000 a 23.000. En una proporción menor, pero de todos modossignificativa, aumentaron los beneficiarios en la duhaldista provincia de Buenos Aires: entre las mismas fechas, saltaron de 490.000 a 785.000. Estas son cifras que exhiben funcionarios de Trabajo para demostrar que “no se discrimina en contra del menemismo”, pero a la vez son reveladoras del “reparto” en la interna justicialista.
La ministra de Trabajo también disparó contra las empresas recuperadas por sus obreros, indicando que en algunos casos eran maniobras en beneficio de unos pocos sin contemplar el interés del conjunto. Esta cuestión, junto a la creciente presencia de los piqueteros en el movimiento social, es tema de preocupación y delicada atención desde los centros de poder, tal como lo reflejaron no hace mucho las páginas del Washington Post. El Banco Mundial anunció ayer la liberación de un préstamo de 600 millones de dólares para el Plan Jefas y Jefes de Hogar: no parece casual que el mismo día la funcionaria del área laboral salga a advertir que dichos fondos no alimentarán a los movimientos políticos de oposición. Para peor, de izquierda.