Gerónimo “Momo” Venegas, líder de las 62 Organizaciones Peronistas, tuvo compañía desde temprano en los tribunales, donde militantes de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), con gorritos blancos y anteojos de sol, protestaron todo el día contra su detención. Hubo cortes de calles y rutas, mientras la CGT denunciaba “un ataque a las instituciones sindicales” y defendía al dirigente “más allá de las posiciones políticas diferentes”. Hasta la Mesa de Enlace se montó a la escena. El juzgado de Norberto Oyarbide parecía una olla a presión a punto de estallar cuando el fiscal de la causa, Luis Comparatore, pidió la excarcelación. Con ese poroto a su favor, la defensa del sindicalista amenazaba con denunciar a Su Señoría por privación ilegal de la libertad. A la noche, después de siete horas en las que Venegas fue indagado como sospechoso de integrar una asociación ilícita vinculada con la llamada “mafia de los medicamentos”, malversar fondos públicos y violar la Ley de marcas, Oyarbide le dijo que lo excarcelaba si pagaba una caución de 500 mil pesos. Como puso la plata al instante, el sindicalista más cercano a Eduardo Duhalde se fue a su casa. Durante el interrogatorio había refutado todos los cargos.

Tal como pintaba el clima político de la jornada, Oyarbide aceptó en primer lugar adelantar la indagatoria del titular de la Uatre que estaba prevista para hoy. Antes de empezar la audiencia recibió un dictamen del fiscal Comparatore –a quien el jueves la detención dispuesta por el juez lo había tomado por sorpresa– a favor de liberarlo. Decía que no había razones para suponer que se fugaría y diferenciaba su situación de otros imputados en la trama de los medicamentos truchos y las estafas con subsidios estatales para enfermos graves. Entre ellos, el jefe de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, y su mujer, Paula Aballay, que están presos hace más de un año, aprovecharon ayer para reclamar otra vez la excarcelación, pero el juez se las negó. La misma suerte corrió Susana Fiona, otra ex directiva de la Obra Social Bancaria (Osba).

Una vez que Venegas se apoltronó en el juzgado, el magistrado le enumeró los tres delitos que le imputan y le atribuyó responsabilidad en cuatro hechos ilícitos en los que negó tener participación o conocimiento: lo relacionó con una organización especializada en vender remedios adulterados, vencidos y robados y distribuir troqueles falsificados, que operaba a través de una droguería llamada Arcasel, que cuando fue descubierta ni siquiera tenía habilitación para operar. Esa banda fue desarticulada en uno de los expedientes conexos a la causa “madre” de los medicamentos (donde están implicados Zanola y Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier). Hay diecisiete empresarios presos, entre ellos Ricardo Bruno, su pareja o amante, Vanina Postigo, y Luis Torrent, un gestor de negocios que trabajaba para la obra social del Sindicato de Conductores de Remises y Autos al Instante (Ucairra). En al menos dos escuchas, Postigo –imputada como organizadora– se jacta de trabajar con Torrent, a quien describe como “mano derecha” del Momo Venegas y de los diálogos surge que estarían haciendo negocios en perjuicio del interventor de la Ucairra, así como de Camioneros y del Sindicato de Taxistas. En una de las escuchas, la mujer hablaría con el jefe de la custodia de Duhalde, a quien quería contratar para que le diera clases de tiro. Se sospecha, además, que Arcasel o la gente que la manejaba habría sido proveedora de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (Osprena), que también está a cargo de Venegas, quien negó relación con Torrent o Postigo.

Osprena, presumen en el juzgado, habría entregado medicamentos adulterados a pacientes.

Hubo un caso puntual, denunciado por un médico de Venado Tuerto, que encendió la alarma. Uno de sus pacientes le llevó un medicamento para el VIH (Reyataz) que le había entregado la obra social, pero el profesional sospechó que presentaba anomalías. Cuando se mandó a peritar, con la intervención de la Anmat, se corroboró que estaba adulterado. Venegas le dijo ayer al juez que la compra de medicamentos no la hace Osprena, sino su farmacia, Ramón Carrillo. El dato era conocido por los investigadores, que además advirtieron que la droga no tenía identificación de la droguería de origen. Pero a raíz de los últimos allanamientos pudieron confirmar que se trata de la droguería Antártica, de Capital Federal, que estaría involucrada en muchas y mayores maniobras.

El juzgado también le mostró a Venegas que en el último allanamiento realizado en las oficinas de la Administración de Programas Especiales (APE) se habían secuestrado por lo menos 22 expedientes con troqueles truchos, que habrían sido utilizados por la obra social de los peones rurales para pedir subsidios destinados a tratamientos costosos para enfermedades como cáncer, hemofilia y VIH. Ahora los investigadores tratan de determinar si los tratamientos directamente no existieron o si a los pacientes les daban remedios truchos o robados y se quedaban con la plata. Hasta ahora determinaron que Osprena recibió 750 mil pesos de ese modo, pero según fuentes con acceso directo a la causa “puede haber cientos o miles de expedientes truchos de ese tipo”. Venegas dijo que no sabe nada al respecto.

En la megacausa de los medicamentos, en el caso de la obra social bancaria, se verificó el siguiente mecanismo: usaban el nombre de un paciente, le inventaban una historia clínica, le agregaban recetas con los troqueles truchos (los cartones de las cajas de medicamentos donde está impreso el código de barras) y reclamaban los subsidios.

Por último, Oyarbide le adjudicó al referente duhaldista el desvío de subsidios por dos millones de pesos que debían ser destinados para tareas de prevención. Al juzgado le llamó la atención que Osprera era una de las obras sociales que más plata recibía de la Superintendencia de Servicios de Salud. Por el reparto de esos fondos, de hecho, ya fue procesado el ex superintendente Héctor Capaccioli. Venegas dijo que compró camionetas y trailers que son utilizados como ambulancias en el campo y que cumplían con el objetivo establecido.

En medio de la indagatoria, el juez dijo que se tomaría hasta el lunes para resolver si le daba la excarcelación a Venegas. El abogado Miguel Plo (ex socio del fallecido ex juez y consejero de la Magistratura Jorge Casanovas) o alguno de sus allegados, encolerizados –pero con el sostén del comunicado de la CGT, los vítores de Luis Barrionuevo, la Mesa de Enalace y el dictamen del fiscal– habrían amenazado con denunciarlo por privación ilegal de la libertad. Al final, Oyarbide firmó la liberación, con el argumento de que el sindicalista tiene arraigo (domicilio) fijo, es un hombre conocido y no se va a fugar. Además, sostuvo, ya tiene casi toda la prueba necesaria para definir su situación procesal, para lo cual formalmente tienen diez díaz, aunque pueden ser más. El lunes trasladarían a Capital Federal para indagarlo al otro dirigente detenido, Juan José Denaro, presidente de la Mutual de Agua y Energía de Mendoza, a quien en tribunales le atribuyen relación con el asesinado Sebastián Forza y con maniobras con troqueles truchos. El abogado de Rubén Romano, ex gerenciador del PAMI, presentó un pedido de eximición de prisión, pero el juez se la negó. Está prófugo.