[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Si el próximo presidente es alguno de los justicialistas en pugna, Alberto Abad podría conservar su puesto frente a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Por ahora, su propósito político es derrumbar el mito de que bajo su gestión la AFIP apaña a algún gran evasor o que sólo una legión de inspectores sirve para amedrentar a los contribuyentes díscolos. Aunque elude los nombres y aclara que aún no hay sanciones, el funcionario asegura que al menos un laboratorio, dos grandes cerealeras y algunas automotrices quedaron complicadas tras el análisis que la autoridad tributaria hizo de sus operaciones de comercio exterior. Del mismo modo, asegura que cerca de la mitad de quienes giraron grandes montos fuera del país antes del corralito pueden ser acusados de “fugadores”.
–El gasto en turismo durante enero redondeó los 1500 millones de pesos, pero posiblemente a la AFIP le quede poco de eso: en los centros turísticos más importantes del país es un milagro conseguir una factura.
–Eso es cierto. En lugares de la Patagonia y Córdoba hay problemas de evasión serios. Por eso hicimos un operativo especial de fiscalización. Pero nuestra estrategia central es la persuasión del consumidor, que debe solicitar su factura con la conciencia de que está pagando los impuestos, pero que sin boleta éstos quedan en el bolsillo del comerciante. El consumidor es el principal aliado, ya que es imposible inspeccionar todos y cada uno de los lugares.
–¿Quiere decir que la AFIP no tiene la política de consentir las transgresiones en el interior por consideración a las crisis regionales?
–Al contrario. Al 31 de enero clausuramos 1465 locales, la mayor parte de ellos en Córdoba. Hay una evasión contumaz, que es difícil combatir. Incluso, porque muchos negocios tienen la estrategia intermedia de facturar sólo si el cliente lo pide.
–¿No vale la pena fomentar la “percepción del riesgo”?
–Por supuesto. Esto es central.
–¿Pero esto puede hacerse sin sacar inspectores a la calle?
–En el caso de la temporada de verano sí mandamos inspectores, porque el momento era más adecuado. Pero hasta mediados del año pasado había indicios de rebelión fiscal y lugares donde hasta peligraba la integridad de nuestros fiscalizadores, que se topaban con los carteles de “AFIP no es bienvenida”. La intención es profundizar de ahora en más el trabajo de campo. Pero le aclaro que, desde el punto de vista de nuestra productividad, es mucho más efectivo cruzar datos desde una computadora que mandar gente a la calle.
–¿Entonces?
–El universo a controlar es enorme y los recursos, limitados. Hay que decidir dónde focalizar la atención.
–¿Quiere decir que es mejor concentrarse en grandes evasores?
–Exactamente.
–Déme ejemplos. Nombres. Montos.
–El 60 por ciento de la recaudación está centrada en 1140 contribuyentes. Cualquier fiscalización que se realice en este universo tiene un efecto mucho más importante en términos de recaudación y percepción de riesgo. El año pasado hicimos un proceso de inspección fuerte sobre un tercio de ellos, y practicamos ajustes (diferencia a favor del Fisco) por 760 millones de pesos. Pero es imposible recorrer todo el espinel. La AFIP tiene la responsabilidad legal central de combatir la evasión. Pero éste es un problema de toda la sociedad. Si 36 millones de ciudadanos piensan y actúan de modo no funcional con la política de recaudación, se necesitan 36 millones de inspectores. Desde la Administración tratamos de aprovechar nuevos recursos, como la información que desde hace meses nos brinda el sistema financiero.
–¿Y esto permitió detectar casos importantes de evasión? –Sí. Hubo muchos casos que surgieron de estudiar giros al exterior por encima de los 500 mil dólares y confrontar esos datos de los que surgían de las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales.
–En diciembre, los legisladores de la comisión de fuga de divisas también aportaron datos sobre dinero girado al exterior antes del corralito. ¿Qué surge de allí?
–En realidad es la misma información que manejamos nosotros, ya que la fuente es el Banco Central. A ese detalle acabamos de sumar otros mil casos y estamos por redactar un informe que resume el cuadro de situación.
–¿Con qué conclusión?
–Que en casi la mitad de los casos hubo irregularidades. A semejanza de lo que ocurre con muchos amparistas, surgieron inconsistencias entre los giros de fondos al exterior y las declaraciones juradas. Muchos depositantes ni siquiera tenían existencia tributaria, ya que carecían de CUIT o CUIL.
–A partir de estos análisis, ¿se pueden iniciar causas penales?
–Seguro que sí. Pero esto lleva un proceso, que incluye darles a los contribuyentes la posibilidad de hacer sus descargos.
–¿Hay controles específicos sobre los exportadores para evitar subfacturación?
–Hay varios tipos de controles. Uno conjunto con el Banco Central, para detectar si se hicieron correctamente las liquidaciones de divisas. Pero también tenemos bajo fiscalización a cerealeras y petroleras, en función de los precios de transferencia. Queremos ver si exportaron o si venden internamente al precio que se considera “de mercado”.
–Cuando se comenzó a redactar la última regulación sobre precios de transferencia, se calculaba que la recaudación podría corregirse en mil millones de pesos al año. Parece utópico...
–Nosotros tuvimos logros importantes. Hicimos ajustes millonarios a un laboratorio y últimamente a dos cerealeras de las más grandes, mientras que las cinco restantes están bajo inspección.
–¿A qué empresas?
–No puedo hacer nombres porque estamos en proceso de vista y las empresas aún deben hacer su descargo. Sólo puedo decirle que subfacturaron exportaciones por montos millonarios. También hicimos dos ajustes importantes en la industria automotriz, porque estaban tributando en otro país ganancias que se originaron en la Argentina.
–¿No tiene presiones desde algún sector del Gobierno o de las propias empresas para evitar los ajustes?
–Desde el Gobierno no sólo no tengo presiones sino apoyo para las fiscalizaciones. De hecho hicimos ajustes muy grandes a empresas nacionales y multinacionales. Estas contratan a los mejores estudios para defenderse.
–Existe la percepción generalizada de que los grandes evasores son consentidos por los gobiernos. Esto alimenta el criterio del “yo tampoco pago” porque, total, los más poderosos no lo hacen...
–Ese razonamiento es válido, quizás por lo que fue la historia de la administración tributaria. Personalmente intento desmitificar algunas cosas. La AFIP va contra los grandes y no inspecciona siempre a los mismos: este año hay 2600 contribuyentes que no estaban registrados y a ellos les hicimos ajustes por más de 400 millones de pesos. Hay muchas denuncias y detenidos. Es un largo camino que no lo puede recorrer la administración tributaria sola. Hace falta conciencia ciudadana para que seamos un país normal. También en las naciones desarrolladas hay evasión. Es tan común como el robo o el asesinato. De lo que se trata es de bajar el nivel.
–¿Cuál es el nivel actual de evasión en la Argentina?
–Hay tantos cálculos como gente que los hace. Pero creemos que alrededor del 30 por ciento. Nuestra generación está perdida: acepta laevasión como un dato de la vida cotidiana. La cuestión es que los chicos, nuestros hijos, modifiquen esta visión.
–Este Gobierno heredó del anterior la obligación de restituir parte del IVA por compras con tarjetas de débito. ¿Piensan mantener el sistema?
–Sí. Además, funciona perfectamente. Su costo es de 12 millones de pesos por mes. Pero hay un estímulo importante para los contribuyentes, que a fin de mes ven en su resumen el monto de devuelto. Vale la pena.
–¿La tarjeta sirvió, efectivamente, para el control de la evasión?
–Sí, y mucho. Porque quien paga con su tarjeta obliga a registrar esa operación.
–Antecesores suyos acusaron a la Justicia Penal y Económica de no cooperar con las causas de evasión y contrabando. ¿Usted qué dice?
–Tengo la visión opuesta. Siempre se tiende a pensar que los problemas están afuera. Lo primero que hicimos nosotros fue ordenarnos y mejorar en la constitución de la prueba. Eso ayudó. Pero tenemos el total apoyo judicial.
–¿Hubo alguna política singular para fiscalizar a las privatizadas, considerando que el Gobierno tiene abierta con ellas una negociación desde el primer momento de la gestión?
–Fue un sector al que siempre se lo miró con detenimiento por el volumen de facturación. Este año les practicamos ajustes por 123 millones de pesos: el mayor aplicado a los grupos de grandes contribuyentes.