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“Hace poco vine con mi hijo de urgencia a otorrinolaringología y me cobraron 10 pesos, ahora yo me torcí el tobillo y me quisieron cobrar 6 pesos para atenderme en traumatología. Me tuve que poner a llorar para que entendieran que no puedo pagarlo”, se queja Graciela, una desocupada, mientras espera que se le seque el yeso en el hall del Polo Sanitario, en Los Polvorines. El Polo, como le dicen en el barrio, es un hospital público pero todos sus servicios están arancelados. Es el eje de un modelo de salud que comenzó a expandirse en el conurbano cuando Eduardo Duhalde era gobernador y que en estos días adquiere sus toques finales: a los médicos y trabajadores sociales del partido de Malvinas Argentinas se los obligó a resignar sus contratos laborales y a firmar, en reemplazo, contratos de locación de obra por los servicios profesionales que prestan. A la mayoría de las personas que se negaron a suscribirlo y que cuestionan esta “privatización de la salud” ya no las dejan entrar a trabajar y mantienen enormes protestas desde el mes pasado.
El edificio del Polo Sanitario, ubicado sobre la Ruta 8, tiene una fachada completamente espejada con letras metálicas pulidas. Por dentro, todo huele a nuevo, a pintura fresca, hay aire acondicionado y pantallas digitales para pedir información. La obra quedó casi terminada a fin de año y el 20 de diciembre –mientras muchos argentinos repudiaban en las calles la represión que exactamente un año antes precedió la caída de Fernando de la Rúa y que se repitió con el actual Gobierno– se hizo una inauguración especial aprovechando la apertura del nuevo centro de alta complejidad, en la que estuvieron el presidente Duhalde, el gobernador Felipe Solá, el intendente Jesús Cariglino y el secretario de Salud Héctor Schwab, considerado padre de este modelo de salud concentrado en recaudar. La gente que aguarda en los pasillos y salas de espera es de bajos recursos. Algunos, como Graciela, cuentan las monedas para llegar hasta allí, a veces incluso les lleva días juntarlas. Ella, por ejemplo, con su pierna recién lesionada fue a comienzos de semana al hospital Ramón Carrillo porque le quedaba cerca, esperó por horas hasta que se cansó y volvió a su casa. Recién el viernes tuvo unos pesos para ir hasta el Polo. En la planta baja, por todos lados hay carteles que piden: “Colabore con la cooperadora, su esfuerzo vuelve en obras”. “En los hechos no hay opción, si usted no paga difícilmente lo atiendan”, murmura una señora con anteojos enormes, jubilada, que muestra un bono de color rosa por el que acaba de desembolsar dos pesos. “Después tengo que pagar la radiografía, acá el que no tiene obra social está frito”, lamenta con el ceño fruncido. Una ecografía, por ejemplo, cuesta por lo menos 20 pesos, “según donde usted viva puede subir o bajar”, explica una recepcionista a Página/12. Cualquier consulta por lo general la cobran 5 pesos, una extracción de sangre lo mismo y un urocultivo cuesta 25 pesos, según reportan los médicos.
El esquema arancelado de la salud pública se viene desarrollando hace más de cuatro años y rige en los cinco hospitales de la zona: el Hospital Materno Infantil Mohibe Akil de Menem (Grand Bourg), el de pediatría Gervasoni (Grand Bourg), el Ramón Carrillo que actualmente sólo funciona para internaciones (Los Polvorines) y el de Salud Mental Evita (Villa de Mayo). El Polo Sanitario resulta ser el único donde hay consultorios externos, laboratorio para análisis y otro tipo de estudios así como atención de especialistas. En los 21 centros de salud la atención es gratuita, pero para cualquier estudio –con algunas excepciones en casos de embarazadas y niños– hay que ir al Polo (lejos del centro geográfico), y pagar, claro.
Todo cierra
De los 300 profesionales de la salud del municipio más de la mitad venía cuestionando, hacía tiempo, lo que llaman la “privatización de la salud pública”. Son los mismos que fueron despedidos en enero o que quedaron en una situación indefinida por no avenirse a firmar un contrato de locación de obra que, entienden, de por sí los desvincula del sistema sanitario. Parte de ese grupo, además, había promovido actuaciones contra la municipalidad de Malvinas ante la Subsecretaría de Trabajo “por violación de derechos laborales”. Otros 370 empleados del sector administrativo pasaron a cobrar a través de la cooperadora. Este diario quiso hablar con Schwab, el secretario de salud, pero no contestó los llamados.
“El nuevo contrato, además de transformarnos en proveedores del municipio, obligarnos a facturar, a hacerlo en función de la cantidad de actos médicos que realicemos aunque cumplamos horario, nos hace en definitiva consentir el trabajo en negro. Y lo hace con condiciones asombrosas. Por ejemplo, el contrato exige que uno como médico se haga responsable por cualquier reclamo, problema que pudiera causar el instrumental que nos dan, o por la falta de insumos”, explica Susana del Río, una médica de familia de 55 años, que quedó afuera por negarse a firmarlo. “No es que antes estuviéramos mucho mejor, contratados con un sistema de becas, sin vacaciones, ni aguinaldo ni licencias por enfermedad o maternidad. Pero recibíamos un sueldo y teníamos cierta base para reclamar derechos adquiridos”, agrega la mujer.
Una declaración de los médicos explica: “Mientras el municipio mantenga personal en relación de dependencia, ya que legalmente todo contrato laboral que supere el año así lo es, la privatización se ve dificultada. Si los administrativos dependen de lo que la cooperadora recaude para cobrar, serán parte interesada en la recaudación, que dependerá del pago de los pacientes. Si los profesionales cobramos por prestación nos transformaremos en parte interesada en brindar un gran número de prestaciones en corto tiempo, con el consiguiente deterioro de la atención”.
Salud vs. cuentas
Cecilia Spurio, una licenciada en trabajo social de melena negra y ojos claros, dejó de ir al centro de salud donde trabajaba cuando una de las empleadas administrativas le dijo que tenía orden de no abrirle la planilla de firmas. “En ese centro en los últimos tres meses atendimos por lo menos a 200 chicos con bajo peso y había 25 que recibían un suplemento alimentario. Ahí se atiende gente muy humilde, de familias numerosas, a quienes les dicen que si se inscriben en el esquema de médicos de familia después no les cobran nada, pero resulta que cuando necesitan interconsultas o estudios les quieren cobrar todo y vuelven desesperados. En diciembre a una de estas mamás le pidieron 200 pesos para operar de amígdalas al nene”, cuenta.
“Yo misma me creí eso de que si los pacientes presentaban un papelito no les cobraban nada. Después las mamás venían llorando porque eso no ocurría. Ayer mismo recibí a un señor con cáncer de colon a quien, para hacerle unos análisis, le exigían fotocopias de no sé cuántos documentos y una justificación de falta de recursos. El hombre, desconsolado, me decía que no tenía ni para las fotocopias”, relata entre lágrimas Marisa Barroso, otra trabajadora social, de 33 años y jardinero de jean. Marisa venía trabajando en el hospital materno infantil pero hace unos días la asignaron a cinco centros de salud diferentes con horarios prácticamente superpuestos. Con fecha del 3 de febrero recibió una notificación que parecía burla: anunciaba que su “beca” anterior había sido renovada del 1º al 31 de enero. “¿Debo darme por despedida? Sólo dejé de ir a trabajar a uno de los centros donde no me dejan entrar. A los demás voy igual”, dice. “Hace algo más de un año nos propusieron aumentarnos el sueldo si aplicábamos un sistema que implicaba atender a una familia por minuto, como mucho cinco”, rememora Susana para ilustrar los valores reinantes. Pero ella agrega una pata a esta historia. “A los médicos –cuenta– nos pedían que cuando atendiéramos pacientes de obras sociales firmáramos y les hiciéramos firmar a ellos dos planillas en blanco, que supuestamente serían completadas por computadora. Así funciona la famosa sobrefacturación a las obras sociales. Cuando el que atiende es un clínico hacen aparecer luego costosos estudios complejos, por dar un ejemplo. Yo nunca me presté a eso, pero sé que muchos otros sí.” (Ver aparte.)
Las bases de este mismo modelo son las que ha intentado implementar Aldo Rico en San Miguel –a pesar de sus cruces con el intendente Cariglino–, aunque no logró hacerlo totalmente porque encontró gran resistencia. “Está claro que esto es lo que buscan implementar en toda la provincia, y Malvinas es la vanguardia. Lo han hecho en San Nicolás y van por más”, alerta Eduardo Barragán, de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (ex Cicop). “Es un espectacular negocio para los políticos de turno: usan las instalaciones del Estado, los sueldos que el Estado paga y sus equipos para lucrar con la salud, un derecho básico que por ley debe ser gratuito.”