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Los vaivenes de la coyuntura pasteurizan al más pintado. Se pasa sin respiro del frío al calor y viceversa. O, como en una montaña rusa, se tiene la impresión de bajar desde lo más alto, a velocidad incontenible. El oficialismo tenía una semana para gozar (aunque, como se sugerirá en toda esta columna, no para relajarse) desde la impactante victoria en Catamarca. El jueves se le ensombreció el horizonte, lanzado que fue un paro de transportes con movilización a Plaza de Mayo en una semana reservada a la memoria y los feriados. Recién en la tardecita del viernes, con una puesta en escena que prodigó suspenso hasta las frases de cierre, Hugo Moyano anunció la “suspensión” de la huelga, ahorrando un choque con el gobierno nacional, con enormes repercusiones. El alivio se palpa desde entonces, aunque los errores propios, las suspicacias intestinas y el relativo éxito de una operación mediática deberían inducir a la reflexión en las filas del kirchnerismo.

El éxito del Frente para la Victoria (FpV) en Catamarca desestabilizó a los partidos opositores y a la prensa que los conduce porque conjugaba con las tendencias nacionales conocidas. Algo similar ocurrió con la aparición del exhorto diplomático que detonó el paro que no fue. Exacerbó la bronca del secretario general de la CGT y de sus aliados porque, a su ver, confirmaba recelos acumulados contra el Gobierno en los últimos meses. “Las obras sociales, no aumentar el mínimo no imponible, darnos poca bola, el acto de Huracán, la persecución judicial, sintetizó el jueves, en plena fronda, un allegado íntimo del líder camionero. Cabe añadir una susceptibilidad extrema con las citaciones judiciales. Sospechas y resentimientos añejados fermentaron cuando se conoció el pedido llegado desde Suiza.

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La Casa no está en orden: Dos deslices cometió la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería (Dijau, en sigla y en jerga) al remitir el exhorto a Tribunales. Uno político, que fue no anoticiar al ministro Héctor Timerman, quien (como todo el elenco del Ejecutivo) se enteró de su existencia leyendo un portal. El otro, darle curso a una rogatoria que no contaba con todos los recaudos legales. Faltaba la transcripción de las normas suizas que la sustentan, un requisito de libro en cualquier solicitud de cooperación internacional. En rigor, el exhorto menciona agregarlas pero las omite. La carencia formal justificaba (o, más bien, imponía) que Cancillería anticipara el paso que dio después el juez federal Norberto Oyarbide a instancias del fiscal Jorge Di Lello: diferir el tratamiento del pedido de informes hasta tanto éste cumpliera las reglas básicas. El ministerio registró las falencias pero remitió el pedido de Tribunales.

No era ése el único punto flojo de la rogatoria. Su redacción es impropia, contiene errores de grafía en nombres propios, invoca información periodística que tampoco anexa. Las teorías para explicar tamañas desprolijidades se bifurcan. Se sospecha una maniobra escalonada entre políticos argentinos, el multimedios Clarín y la fiscalía suiza. Otros matizan agregando que en el país de Heidi los fiscales actúan conforme al sistema acusatorio, al modo de sus colegas de Estados Unidos, retratados en series como CSI o Law and Order. Son sensacionalistas, agitadores mediáticos, bartolean denuncias a la espera de pescar algo a río revuelto. En todo caso, el material es pobre, el pedido carece de rigor técnico y adolece de defectos de terminación.

La corrección exigida es sencilla, Suiza no tiene por qué demorarse mucho. Cuando llegue el exhorto ampliatorio deberá sustanciarse. Dada su extrema inconsistencia la respuesta (todo lo indica) no valdrá el escándalo de estos días.

En el Palacio San Martín se habla de una distracción. Se escapó una tortuga. Suele acontecer, sobre todo en un terreno tan minado e incompetente como es “la Casa”. La versión es más que creíble para el cronista. En los primeros niveles de la CGT cunde (o, por la parte baja, cundió hasta anteayer al ocaso) otra lectura: hubo malicia. El exhorto no pasó desapercibido barruntan en la CGT: le abrieron la barrera. La bronca subsiguiente cuajó en versiones conspirativas: “Hay funcionarios nacionales que quieren perjudicar a Moyano”.

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CIJ lo sabe, cante: La divulgación del Centro de Información Judicial (CIJ) creado y regenteado por la Corte Suprema de Justicia añadió encono, en este caso en el Ejecutivo y la CGT. El CIJ es un buen servicio, un avance en la comunicación pública de los fallos, aunque a menudo su redacción tiene arrebatos de periodismo sensacionalista impropio de un medio de comunicación institucional. Esos arrebatos no son pendulares: siempre viran a derecha en términos ideológicos y a la oposición en términos políticos. Más de una vez habló de “los Kirchner” para referirse al ex presidente Néstor Kirchner y a la actual mandataria Cristina Fernández. La expresión, de nuevo, es admisible en una crónica periodística pero no en un portal que expresa a la Corte.

En este caso, el CIJ divulgó la existencia del pedido de informes con un título amarillista, un texto breve plagado de inexactitudes y de potenciales. Las alusiones a Moyano descollaban como un quiosco de gaseosas en un desierto. No era una parca, técnica, comunicación forense. Era un bocado servido para los medios opositores, una especie de pase gol. En el cuarto piso del “Palacio de Justicia”, donde mora la Corte, se afirma que la información fue remitida, de modo relativamente rutinario, por la Cámara Federal que recibió el exhorto para asignarlo a un juzgado de primera instancia.

Integrantes del entorno íntimo del presidente del tribunal Ricardo Lorenzetti aseguran que éste supervisó la nota y la aprobó, ya que no le encontró aristas chocantes. Si fue así, hubo otra tortuga prófuga. Seguramente Lorenzetti no obró de mala fe, pero le costará persuadir a los dirigentes de la CGT, que ven otra mano negra navegando en la red de redes.

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Reflejo repetido: Moyano y sus compañeros montaron en cólera e incurrieron en un reflejo cuestionable, el de responder con acciones directas a pesquisas judiciales. Lo habían hecho en solidaridad con su archirrival Gerónimo Venegas, era cantado que lo hicieran en causa propia. En ambos casos es una demasía. No discute el cronista el derecho de huelga sino la pertinencia política de una movilización que (allende la retórica que señala otros destinatarios) hubiera perjudicado, antes que a nadie, al gobierno nacional.

La Presidenta, “muy preocupada” según sus circunstantes, ordenó evitar la escalada verbal, incluida la réplica y buscar una salida conversada. Los ministros y habituales portavoces oficialistas callaron en el ágora, en tanto les sacaban el jugo a sus celulares. Los reproches sindicales que escucharon aludían a un distanciamiento ahondado en los últimos meses, al crecimiento de “La Cámpora”, a la pérdida de peso específico de algunos de sus interlocutores favoritos, entre ellos el ministro Julio De Vido. Sin paradoja alguna, éste fue el que llevó la mayor parte del diálogo con Moyano. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, conversó asiduamente con el diputado Héctor Recalde. Según los funcionarios, ambos contertulios mostraron buena disposición para “bajar” el conflicto. En el ínterin, Timerman trató de deponer el encono de Moyano, también por vía telefónica.

En definitiva, Moyano suspendió la huelga y todos se distendieron. En promedio, quedaron peor que al principio, de todas maneras. Afloraron resquemores reales, competencias que seguirán en pie y varios errores no forzados. Recalentaron la grata sensación térmica que atravesaba el oficialismo desde el lunes.

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El rival también juega: Es curioso, importantes jugadores de la CGT y del Gobierno diagnostican que los medios dominantes distorsionan la realidad pero, a menudo, “compran” su narrativa, máxime cuando se refiere a otros. Versiones bastante imaginativas sobre un trasnochado revival de los ’70, alusiones desmesuradas a la existencia de entornos todopoderosos, encuentran oídos atentos. En todo el episodio reseñado primó una sobrevaloración de los títulos de los grandes diarios.

El oficialismo se encontró envuelto en una disputa interna riesgosa sin que mediara ninguna jugada de la oposición política. Fueron sus mayores antagonistas las corporaciones mediáticas, las que operaron con éxito relativo. Faltan siete meses para las presidenciales, no hace falta ser adivino para augurar centenares de operaciones. Los dirigentes sindicales y políticos ligados al FpV son aliados por buenas razones. El sindicalismo ha sido un pilar de la gobernabilidad de estos años, los trabajadores (muy especialmente los formalizados) han mejorado mucho sus derechos, sus ingresos y su poder relativo. Un resultado electoral adverso al kirchnerismo sin duda activaría la proverbial tendencia procíclica de la dirigencia cegetista, en promedio menos combativa que Moyano.

Las diferencias existen, los proyectos propios también, la demanda por espacios en la listas siempre supera a la oferta. Así y todo, la racionalidad de ambos sectores incentiva evitar conflictos superfluos, que serruchan el piso común.

El saldo es provisorio, la historia continuará. Quedan resabios y reclamos cruzados. La autoridad de la Presidenta quedó indemne pero ya van demasiadas veces en que debió exponerse, por mala praxis del campo propio. En el terreno de la imagen pública y la intención de voto, le sigue yendo bien, pero la realidad es dialéctica. Y, como ya se enunció, faltan siete meses en los que el activismo corporativo será directamente proporcional a su desesperación por los mensajes de las urnas. La pole position es un buen sitio, a condición de no marearse, no entrar en provocaciones, ni caer en triunfalismos o arrebatos que patean contra el propio arco.

La semana fungió de maqueta del cuadro general: el oficialismo pisa fuerte en el terreno electoral pero debe ser más hábil ante las movidas adversarias, cuya insistencia (y hasta su eventual mala fe) están en el inventario y, por ende, deberían calibrarse antes de reaccionar.

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