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Luis Barrionuevo quiere a toda costa ser candidato a gobernador de Catamarca por el PJ a pesar de que no cumple con las exigencias constitucionales. La inversión económica y política de tres años en aquel lejano distrito justifican su obstinación. Sin embargo, el senador y dirigente gastronómico ve que se le escabulle la posibilidad de entre sus dedos a pesar de que en la provincia hay antecedentes que él cree que deberían jugarle a su favor y que constan en el escrito que entregaron a la Corte Suprema de la Nación. La diferencia está en que esos hechos ocurrieron en otros tiempos, en los que el PJ ejercía el poder en Catamarca.
Cuando Barrionuevo se presentó ante la justicia electoral para acreditar los cuatro años de residencia que le exige la Constitución local, lo hizo confiado. Lo estaba porque repetía lo que habían realizado otros candidatos como él en años anteriores: un registro de conductor otorgado por un municipio del interior de la provincia y un contrato de locación. Sin embargo, esta vez la Justicia se los rechazó de plano por considerarlos insuficientes. Barrionuevo puso el grito en el cielo porque Ramón Saadi –su adversario interno, hoy devenido en aliado– había hecho exactamente lo mismo en 1983 cuando regresó a su provincia para convertirse en el primer gobernador de la democracia.
Ese año, el hijo el mítico patrón del justicialismo catamarqueño, Vicente Leonidas Saadi, retornaba para transformarse en el hombre encargado de dirigir los destinos de la provincia que controlaba su padre desde la banca de senador nacional. El problema que tenía Ramón era, a diferencia de Barrionuevo, un poco más complicado. Ramón no es oriundo de esa provincia, había nacido circunstancialmente en Mar del Plata y tampoco vivía en Catamarca. Así las cosas, era imposible ser candidato. Sin embargo, pudo serlo con la sola presentación de un registro de conductor de una pequeña localidad del interior de la provincia que se llama Tapso. El justicialismo era seguro ganador y nadie se atrevió a cuestionar el valor del documento presentado. Así fue que se hizo gobernador hasta 1987 cuando su padre retornó para poner orden a la provincia que le había entregado cuatro años antes.
En 1983 hubo otro antecedente que Barrionuevo inscribió en su recurso ante la Corte y es el caso de el fallecido senador Julio Amoedo. El legislador, que ocupó una banca durante nueve años, no sólo no era oriundo de la provincia, ni siquiera la conocía. Su representación por Catamarca tuvo directamente relacionada con las conveniencias políticas y económicas de Don Vicente. Amoedo era yerno de Amalia Lacroze de Fortabat quien tenía a su vez en la provincia, una de su grandes fábricas cementeras.
Hay un tercer caso local que los abogados de Barrionuevo le refrescarán a los supremos y que se podría decir que rompe con la regla que marcó a los dos anteriores. Es el de Arnoldo Castillo, padre del actual gobernador Oscar Castillo, y que tuvo a su cargo desbancar del poder a los Saadi primero y al PJ después. Según la Constitución local, Castillo padre no podría haber sido electo gobernador por haber sido funcionario de la última dictadura militar. No hubo problemas y esta vez fue el PJ el que no pudo oponerse. Estaba muy malherido después de que Ramón Saadi abandonara la gobernación al ser intervenido por Ejecutivo Nacional por el escándalo del crimen de la adolescente María Soledad Morales.