[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Los piqueteros interpretaron la decisión del juez federal Norberto Oyarbide como parte de la ofensiva del gobierno para desarmar a las organizaciones más duras. Entienden que la reactivación del expediente judicial –en el que son acusados de complotar para derrocar a Duhalde– busca instalar el mismo clima que rodeó a la masacre de Avellaneda, identificando a la protesta social con la violencia y el desprecio por la democracia. Lo consideran, por este motivo, un indicio de que vendrán tiempos más difíciles. “El gobierno está dando señales muy fuertes de represión y control”, consideró Neka Jara, del MTD Aníbal Verón, la organización a la que pertenecían Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
La denuncia judicial en cuestión fue decidida en la residencia de Olivos la misma tarde del 26 de junio, horas después de los asesinatos de Santillán y Kosteki, mientras se intentaba instalar la versión oficial de que los manifestantes se habían matado entre ellos.
El planteo del entonces ministro de Justicia fue que existía un plan insurreccional, cuya primera etapa era el corte en el Puente Pueyrredón. Para fundamentarlo se basó en algunas declaraciones de tono incendiario realizadas durante un acto político público y abierto, pero que la SIDE presentó como si hubiera sido una reunión clandestina. Simultáneamente con esta presentación, desde algunos medios hubo una campaña de estigmatización en el mismo sentido. El diario Infobae, por ejemplo, publicó una nota en la que alertaba que los piqueteros (esos “grupos que jaquean la democracia argentina”) contaban con “fusiles automáticos Klarafnicof (sic) de origen ruso, fusiles Sigil”, “gran cantidad de FAL” y “no menos de dos mil granadas de mano”.
Los piqueteros siempre pensaron que el objetivo de la causa judicial era poner en prisión a los referentes del movimiento, una vez que la opinión pública los considerara “los violentos” del Puente Pueyrredón. “Tenían las órdenes de captura de todos nosotros, pero como aparecieron las fotos mostrando cómo los policías mataron a los chicos y hubo una movilización de repudio muy masiva, tuvieron que archivarlas”, opinó ayer Roberto Martino, del Movimiento Teresa Rodríguez.
Para el dirigente, “Oyarbide desempolva ahora el expediente” en coincidencia con la política oficial de dividir al movimiento piquetero. “El FMI les está pidiendo que muestren cómo van a controlar el conflicto social”, agregó.
Desde el Polo Obrero, Néstor Pitrola señaló que es “sugestivo que esto ocurra paralelamente a que el gobierno haya mandado a detener una movilización. No pueden conseguir paz social de manera legítima porque no dan respuesta a los reclamos, entonces pactan una tregua con la burocracia sindical y con una parte del movimiento piquetero, el de Luis D’Elía y Juan Carlos Alderete. Pero ahora necesitan desactivarnos a nosotros”.
Las agrupaciones piqueteras que investiga Oyarbide por el supuesto complot contra Duhalde son las mismas a las que la policía frenó el miércoles pasado, sin dejarlas llegar a la Plaza de Mayo. El sector está integrado por el Bloque Piquetero, el Movimiento de Raúl Castells (MIJD), la CTD y el MTD Aníbal Verón, Barrios de Pie, entre otras. El gobierno los califica como los “duros”, en contraposición con el sector “negociador o dialoguista” de Juan Carlos Alderete y Luis D’Elía. Hace diez días D’Elía y Alderete se reunieron con Duhalde, anunciaron un principio de acuerdo y anticiparon que no habría más cortes de ruta “en la medida en que se cumpla”.
Neka Jara, del MTD de Solano, señaló que en su agrupación ven que está habiendo “un proceso de institucionalización, de burocratización del movimiento piquetero”, dentro del que inscribió la iniciativa de Oyarbide, que estaría apuntada a castigar a los sectores sin afinidad con el duhaldismo. “Hay un momento muy fuerte de control y hay señales que nos dicen que van a empezar a reprimir. Eso se nota en estos operativos policiales, pero también en los barrios, donde (el PJ) está repartiendo muchos subsidios y alimentos en forma muy irregular. Se está incentivando a los desocupados para que dejen sus organizaciones y se pasen a trabajar con los punteros; es decir que la represión viene de distintas maneras, por el lado institucional, por el lado de los operativos policiales, con la captación y también con el descrédito, porque hay una campaña de prensa muy fuerte para poner a los sectores medios contra los cortes de ruta. La criminalización es una cara más de esa ofensiva.”