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El Gobierno convocó a consulta pública para analizar las tarifas del autotransporte, trámite que, previsiblemente, se clausurará las próximas semanas con un decreto que autorizará una suba del boleto. Los empresarios claman por unos 40 centavos de incremento, pero a sabiendas de que el Gobierno podría autorizarles 10, en términos similares a los ajustes de luz y gas: para atender la emergencia y a cuenta de una recomposición que debería concluirse en el futuro. Sin embargo, este inminente aumento es apenas uno de los beneficios reclamados por la FATAP y que los ministerios de Economía y Producción están dispuestos a conceder. También podría haber desgravaciones y otras prerrogativas para un sector que dice estar al borde del colapso, a pesar que desde hace meses recibe varios subsidios millonarios.
El autotransporte está en una situación difícil, en particular desde que aumentó el gasoil. El boleto mínimo es hoy de 75 centavos, lo mismo que cuando el combustible costaba cerca de 40 centavos el litro, contra los 85 que pagan en la actualidad los colectiveros. Varios insumos, en particular los equipamientos, están dolarizados. La cantidad de pasajeros cayó casi tanto como se multiplicó su deuda: sólo la bancaria roza los 150 millones de pesos (sin CER), de los cuales 45 se deben al Banco Nación. Ni hablar de las millonarias demandas por siniestros impagos.
Sobre la base de este cuadro crítico, la Federación de Empresarios del Transporte Automotor presentó a la comisión renegociadora de las privatizaciones un documento donde reclama, entre otras cuestiones, que se le prorrogue por veinte años la vida útil de los coches, los que renovaron a principios de la década pasada por imposición oficial. O que se le extienda el plan de competitividad, por el cual pueden computar a cuenta de Ganancias y aportes patronales íntegramente lo que tributan por el ITC del gasoil. Finalmente, un aumento tarifario al que no le ponen número en los papeles pero sí en los reclamos públicos. “Tenemos un desfasaje del 60 por ciento”, se quejaba ayer Héctor Tilve.
Los pedidos están sintetizados en un documento empresario incluido en la resolución por la que el Gobierno convoca a consulta pública. Quien desee más datos debe pedirlos al ente regulador y quien quiera opinar puede hacerlo con un texto elevado a la comisión de renegociación, con sede en el Ministerio de Economía, o, simplemente, enviando un mail a [email protected]. La decisión final, a expresarse en un decreto, la tomarán Roberto Lavagna y Aníbal Fernández.
Tal como se plantean, las consultas suelen ser muy poco eficaces para influir y menos aún para torcer una determinación oficial, generalmente ya tomada en el momento de la convocatoria. Pero el trámite puede resultar útil para legitimar una decisión política impopular.
A diferencia de otros servicios públicos, no hay una legislación nítida acerca de si los ajustes en los boletos deben pasar por el filtro de una audiencia. Pero por una sucesión de normas, el gobierno duhaldista terminó autoimponiéndose esa obligación, en parte para bloquear una eventual presentación judicial contraria al aumento que considera inevitable.
Si bien es cierto que el precio del boleto estuvo congelado tras la devaluación, el sector recibió auxilio oficial como pocos. Desde el gobierno anterior tienen el plan de competitividad, que tanto el Parlamento como Economía y Producción estarían dispuestos a conservarle.
Gozan de un precio menor en el gasoil, gracias a que el Estado paga a las refinadoras la diferencia entre ese valor y el que se cobra al resto de los consumidores. Aún no hay garantías de que puedan mantener esta prerrogativa, contemplada en un acuerdo que expira el 28 de febrero. De lo que hay seguridad es que la Secretaría de Transporte hará lo posible para que ese pacto entre Economía y las refinadoras sea mantenido.
Desde mediados del año pasado, y también por gestión del secretario de Transporte, Guillermo López del Punta, los autotransportistas urbanos (no los de larga distancia) disponen del 40 por ciento del Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial, masa de alrededor de 1200 millones de pesos integrada con un impuesto sobre el gasoil.
Este dinero representa una subvención de alrededor de 11 centavos por pasajero transportado, lo que eleva la tarifa efectiva mínima a 86 centavos. Tampoco alcanza. Por eso en Producción bosquejan una solución mixta que consistiría en aumentarles el subsidio para atenuar el aumento del boleto. Los usuarios de colectivos, en tanto, miran desde el estribo cómo sus ingresos seguirán encogiéndose.