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La insólita audiencia concedida por el pleno de la Corte Suprema de Justicia al obispo castrense –Antonio Juan Baseotto forma parte de la negociación entablada por el presidente del Tribunal, Julio Nazareno, con el jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni. Baseotto prometió a los jueces el apoyo político de la Iglesia que Nazareno y el vicepresidente Eduardo Moliné reclaman para firmar el pronunciamiento que clausure la posibilidad de persecución penal de oficiales de las Fuerzas Armadas por los crímenes de la guerra sucia militar contra la sociedad argentina. La resolución está prácticamente concluida en el despacho del secretario letrado de Nazareno, Fernando Canero. Ese es su verdadero nombre.
Matices
“Quédese tranquilo. El fallo vamos a sacarlo cuanto antes. Esta Corte ya tiene dicho que esas leyes son constitucionales. Estamos hartos de los jueces que no respetan los precedentes y le tienen miedo a la prensa”, dijo el ministro Adolfo Vázquez en la audiencia del martes, según informó en su portada del viernes el matutino “La Nación”. El diario, que está haciendo una activa campaña en ese sentido, afirmó que la Corte está “cerca de ratificar la ley de obediencia debida”, antes de las elecciones presidenciales de abril. Las palabras de Vázquez reflejan las disidencias entre los integrantes de la mayoría automática del tribunal respecto de las garantías que reclaman para asumir un compromiso que, todos ellos lo saben, será repudiado por la mayoría de la sociedad. No menos del 70 y por momentos más del 80 por ciento de la población responde a los sondeos que debe hacerse justicia por aquellos crímenes. La impunidad para estos casos se asocia con el descrédito general de las instituciones.
Tampoco ignoran los jueces que ese fallo los pondría en contradicción con sus propios precedentes y con los del sistema interamericano de protección de los derechos humanos que, dentro de ocho días, celebrará una audiencia en la que el Estado Nacional deberá explicar qué está haciendo para individualizar y castigar a los perpetradores de crímenes contra la humanidad. Otras fuentes de la Corte dicen que al concluir la audiencia el aire se cortaba con cuchillo entre Vázquez, por un lado, y Nazareno y Moliné, por otro. Hasta ahora esos jueces habían manejado del modo más discreto la negociación del respaldo político necesario para firmar el fallo y la presencia en la Corte de Baseotto era un paso en esa dirección. Las brutales palabras de Vázquez hicieron explícito el trasfondo que debía quedar disimulado entre reverencias protocolares. Nazareno y Moliné entronizaron una imagen de la Virgen María en el Palacio de Tribunales y tienen bajo siete llaves un recurso en el que la Asociación por los Derechos Civiles cuestionó esa decisión, que tiende a identificar a las instituciones con una religión.
Trastienda
Baseotto, de 71 años, es uno de los obispos más reaccionarios del clero local. En 1999 acudió a una comparación asombrosa, afín a las fobias y obsesiones de Vázquez: “Si no hay que olvidarse de Cabezas, tampoco hay que silenciar la muerte que provocan los abortos. No sabemos si Cabezas era inocente o no, pero sí nos consta que la criatura en gestación es inocente”, dijo. Completó el razonamiento con otra analogía, esta vez apropiada para Brinzoni: son hipócritas quienes apoyan el aborto pero “se hacen cruces por las víctimas de los nazis” (sic).
Baseotto fue designado Obispo Castrense en noviembre del año pasado. Ese mismo mes el jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, se reunió con los ministros de la Corte Julio Nazareno y Augusto Belluscio para plantearles la misma urgencia que esta semana les transmitió Baseotto. Cuando trascendió esa visita a la Corte, el ministro de Defensa Horacio Jaunarenaratificó en público la presión que Brinzoni había ejercido en privado. Dijo que la demora del fallo de la Corte creaba incertidumbre en las Fuerzas Armadas. Las leyes de punto final y de obediencia debida fueron sancionadas durante su primera gestión como ministro del entonces presidente Raúl Alfonsín. En 1998 fueron derogadas por el Congreso y en 2001 declaradas nulas e inconstitucionales por el juez federal Gabriel Cavallo, decisión que luego tomaron también otros jueces y fiscales en distintos puntos del país y que confirmaron la Cámara Federal de la Capital y el Procurador General de la Nación.
La Corte hizo saber que no necesitaba presiones para hacer algo que tenía decidido, sino apoyo político y social para atenuar sus consecuencias. Ese fue el origen de la designación en el tribunal del senador cordobés Juan Carlos Maqueda, acordada entre los senadores Alfonsín y Eduardo Duhalde, éste último a cargo de las relaciones exteriores y la defensa de la Confederación. Durante una visita al Cuerpo III de Ejército, en junio de 2002, Maqueda se declaró partidario de devolver funciones policiales al Ejército. Era la primera vez que entraba allí, donde estuvo detenido en 1976.
In-tensiones
El 12 de febrero Baseotto pidió la audiencia por escrito, en una carta en papel con membrete y sellos del “Obispado Castrense de Argentina”, dirigida a Nazareno. En ella declaró su intensión, con S, de “expresarles el pensamiento de la Santa Sede acerca de la situación nacional y la problemática de la misma”. Sin embargo, el único tema de la audiencia fue la consideración de las leyes de punto final y de obediencia debida. Baseotto aludió a ellas en términos elípticos pero inequívocos. Dijo que venía en nombre de sus fieles a interceder por la reconciliación y la unidad nacional. Reconciliación es la palabra castrense por impunidad. Estaban presentes todos los ministros de la Corte, salvo Guillermo López y Carlos Fayt. El único que se pronunció sobre la causa pendiente de decisión fue Vázquez. El tono de sus palabras contuvo un reproche a sus colegas que demoran la firma del voto exculpatorio, según Vázquez por temor a la prensa.
Baseotto respondió que podrían contar con el apoyo de la Iglesia. La idea de que un ente genérico como “la prensa” presiona a “los jueces” en favor de la nulidad de esas leyes parece una visión subjetiva de un magistrado que ha provocado reiterados conflictos con distintos medios y periodistas. Cuando el ex presidente Carlos Menem designó a Vázquez, en 1995, el diario “La Nación” tituló en su portada “Otro amigo de Menem a la Corte”. Pero ese mismo diario está publicando una serie de editoriales y columnas de opinión en las que urge a la Corte la convalidación de las leyes de impunidad. La misma línea expresan otros diarios de la Capital. En realidad el único que en forma explícita postula su nulidad es Página/12.
El mundo contra mí
La zafiedad de Vásquez ha sido causa de roces constantes con sus colegas. En 1996, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA estaba considerando varios casos de la Argentina por denegación de justicia, Vázquez anunció que viajaría a Washington para discutir con los miembros del organismo la Cláusula Federal de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese artículo 28 atribuye al gobierno nacional de los Estados parte del Pacto de San José de Costa Rica el cumplimiento de “todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial”. Vázquez pretendía que la Corte Suprema no estaba obligada por las decisiones de los órganos interamericanos. Nazareno informó entonces queel viaje de su colega era a título personal, sin representación del cuerpo.
En 1998, Vázquez pronunció una diatriba contra el periodismo en el Colegio de Abogados de Tucumán, con términos muy parecidos a los que utilizó el martes ante el Obispo Castrense. Dijo entonces que varios fallos de la Corte condenando a periodistas constituían gestos de valentía para enfrentar “un mal entendido sentido de la libertad de prensa” porque “parece que los periodistas son los únicos que no pueden ser condenados, los únicos que tienen fueros de privilegio sobre los que nadie puede avanzar”. Vaticinó que “la credibilidad de los periodistas va a caer”.
Margaritas a los chanchos
La renovada presión castrense sobre la Corte ha ido en aumento desde que el juez federal Claudio Bonadío dispuso la detención de un grupo de oficiales del Batallón de Inteligencia 601, en julio del año pasado. Por lo menos uno de esos detenidos, el coronel (R) Oscar Pascual Guerrieri, intimó a Brinzoni: “Si usted no nos soluciona la situación, yo voy a hablar”. Brinzoni teme una situación equivalente a la que se está produciendo en Chile, donde importantes jefes del aparato represivo de la dictadura están rompiendo el pacto de silencio. El más importante de ellos, el ex segundo jefe de la DINA, brigadier Pedro Espinoza Bravo, está suministrando a la justicia de Santiago informaciones detalladas sobre las ejecuciones clandestinas de prisioneros luego del golpe de 1973. Esto no tiene repercusiones institucionales en Chile, porque la actual cúpula castrense no está sospechada de participación en los crímenes de tres décadas atrás. En cambio Brinzoni ha sido denunciado por la masacre de Margarita Belén, ocurrida en diciembre de 1976, cuando él era secretario general en la intervención militar a la provincia del Chaco.
Diversos organismos de derechos humanos están preparando recusaciones a Vázquez, quien adelantó su voto ante una parte interesada en la solución de las causas pendientes. También habrá pedidos de audiencia a la Corte, para que escuche también la opinión contraria. El viernes, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y la Asociación de Familiares de ex Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, entre otros, repudiaron el desempeño de Vázquez. “Constituye una violación flagrante de las normas procesales, en tanto los Jueces no pueden manifestar por adelantado las decisiones que adoptarán en sus fallos. Conceder audiencia a sectores interesados ajenos a la causa implica el sometimiento del cuerpo a un acto de presión política. Y resulta vergonzante que, además, se les brinden detalles acerca de sus decisiones, llegando incluso a precisar la fecha en la que serán adoptadas”, sostuvieron.
Antecesores
El 23 de setiembre de 1975 el provicario general castrense, Victorio Bonamín, predicó que veía a los militares golpistas “purificados en el Jordán de la sangre para poder ponerse al frente de todo el país”. Tres meses después, el 29 de diciembre, el Vicario General Castrense, Adolfo Servando Tortolo, profetizó a un auditorio de hombres de negocios que se avecinaba un proceso de purificación y describió un grandioso duelo entre el Bien y el Mal. Además de Vicario Castrense, era presidente de la Conferencia Episcopal, en cuyas reuniones plenarias defendió el uso de la tortura con argumentos teológicos. Su secretario, Emilio Teodoro Graselli, llevaba un fichero con datos sobre los desaparecidos, que fue secuestrado por la Cámara Federal de La Plata que lleva adelante los juicios por la verdad. Según el ex marino Adolfo Scilingo, Tortolo aprobó el asesinato de prisioneros durante los vuelos semanales sobre el mar, aduciendo que se trataba de “una forma cristiana de muerte”. En 1981, lo sucedió José Miguel Medina, quien había dado pruebas de incondicionalidad a la dictadura militar. El ex detenido Ernesto Reynaldo Samán declaró a la Conadep que durante una misa en la cárcel de Villa Gorriti, Jujuy, Medina expuso que conocía lo que estaba pasando, pero “que los militares estaban obrando bien y que debíamos comunicar todo lo que sabíamos, para lo cual el se ofrecía a recibir confesiones”. También a Eulogia Cordero de Garnica (Legajo de la Conadep Nº 4859) le planteó su versión cuartelera del sacramento de la confesión: “Me dijo que yo tenía que decir todo lo que sabía... y entonces iba a saber donde estaban mis hijos, que en algo habrán estado para que yo no supiera dónde estaban”. Al profesor Carlos Alberto Melián, Medina le dijo que varios detenidos que fueron sacados una noche de sus celdas y de los que no volvió a saberse, habían sido juzgados y fusilados en Tucumán. “Estamos en una guerra sucia”, arguyó. Medina murió en 1990 y fue sucedido por el franciscano Norberto Eugenio Martina. En su primera carta pastoral exhortó a sus capellanes a que no se militarizaran y a que santificaran a los militares sin clericalizarlos. Una autocrítica tardía.
Teología de la seguridad
Los servicios religiosos de las Fuerzas Armadas fueron convertidos en Vicariato Castrense en 1957 por el Papa Pío XII. Sus publicaciones fueron decisivas en la preparación ideológica de la generación de oficiales que luego conducirían la guerra sucia. Su primer titular, el cordobés Fermín Lafitte, adujo que el soldado argentino “es descendiente de aquellos héroes cristianos que, puesto su corazón en Dios y su pensamiento en la historia, hicieron de este suelo bendito una nación libre y soberana de alma católica”. La Capellanía Mayor del Ejército consideraba en 1961 que la autoridad era de derecho divino y explicaba la oposición de la doctrina católica con la de Rousseau “que sostiene que la autoridad no viene de Dios sino del pueblo soberano”. El documento, redactado durante la inestable presidencia del radical Arturo Frondizi, llega a admitir que “el pueblo ejerce de hecho una cierta soberanía” pero aclara que “todos deben obedecer primero a Dios antes que a los hombres”, concepto especialmente práctico para quienes se arrogan su representación en la tierra. Entre las obligaciones del Estado cristiano figuraba “controlar las huelgas para evitar injusticias y perjuicios”, mantener inviolable el “derecho natural” a la propiedad privada transmisible por herencia, y no recargarla de impuestos. Las huelgas, que en aquel momento eran el principal recurso del peronismo proscripto para enfrentar a un gobierno ilegítimo, “son una guerra” y deben ser enfrentadas.
La Doctrina de la Seguridad Nacional tal como se aplicó en la Argentina es incomprensible sin su fundamento dogmático. La dialéctica amigo-enemigo que forma su núcleo central reproduce el conflicto teológico entre el Bien y el Mal. Por eso la semántica antisubversiva se superpone con el discurso de la contrarrevolución francesa elaborado en Europa a partir de 1789, que a su vez trae el eco de las voces de la Contra Reforma. De ese venero surgen las justificaciones de la violencia redentora, la efusión de sangre que purifica y el repudio a las instituciones republicanas. Con los mismos argumentos que se emplearon para defender las antiguas monarquías absolutas, se exaltaron las modernas dictaduras militares. La incesante prédica de esos frailes abonó el terreno para que germinara aquí la semilla traída por los pieds noirs de Indochina y Argelia, padres fundadores de la moderna contrainsurgencia.
Juan Pablo II elevó los vicariatos a Ordinariatos, en 1986. Desde entonces el Ordinario posee carácter y atribuciones de obispo, y pertenece por derecho propio a la Conferencia Episcopal de la Nación. En la Argentina no se notó la diferencia porque aquí rara vez los vicarios castrenses no fueron obispos de la más alta jerarquía y poder, e inclusopresidentes de la Conferencia Episcopal, como Antonio Caggiano y Tortolo. Caggiano inauguró los primeros cursos de guerra contrarrevolucionaria dictados en el Ejército y prologó la edición en castellano de “Marxismo Leninismo”, el libro escrito por Jean Ousset para orientar a los católicos en la “lucha a muerte” contra el comunismo. Ousset había sido secretario privado del fundador de l’Action Française, Charles Maurras. Como se ve, el obispo Baseotto no está solo.