[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Fue lo esperable hasta los últimos detalles: el gobierno de Irán rechazó todos los cargos en su contra y no se olvidó de afirmar que “tales acusaciones son características del régimen sionista”, en referencia a Israel. La dura reacción fue por el pedido de captura internacional que los fiscales que investigan el atentado a la AMIA le solicitaron al juez Juan José Galeano contra varios diplomáticos y funcionarios iraníes. Lo que resulta menos obvio es que se anunció que finalmente irá a juicio oral y público el ex jefe del POC de la Policía Federal, acusado de tres crímenes por haber destruido pruebas importantes en la investigación del atentado.
Los fiscales José Barbaccia y Alberto Nisman solicitaron la semana pasada a Galeano que pida la captura de un grupo de 22 iraníes y un libanés que incluye al notorio agregado cultural de la embajada de esa república islámica en la época del atentado, Moshen Rabbani, y de uno de sus asesores de apellido Sain. Además de sospechados en la causa por el atentado de 1992 contra la embajada de Israel en Buenos Aires, los iraníes siempre fueron sospechados por ser parte de la conexión local en el atentado contra el edificio comunitario judío del 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos.
El encargado de contestar las acusaciones fue el vocero del Ministerio del Exterior iraní, Hamid Reza Asefi, que recordó que “hemos declarado muchas veces que no tuvimos ningún rol en lo ocurrido”. En lo que ya es habitual bajo el régimen teocrático de Teherán, Asefi acusó a Israel: “Ciertos círculos tratan de desviar la opinión pública a propósito de Irán y tratan de crear una atmósfera negativa contra nosotros”.
Por otra parte, el comisario de la Federal Carlos Castañeda será juzgado por sustracción de medios de prueba y falsedad ideológica en tres causas donde se lo acusa por la desaparición de fotografías y casetes de escuchas telefónicas en la investigación del atentado. Castañeda era el jefe de la División Protección del Orden Constitucional, POC, que cometió tantas irregularidades durante el caso que acabó disuelto y reemplazado por otra unidad antiterrorista. El evento es importante porque se trata del primer juicio por las interminables irregularidades que plagaron la investigación.
El comisario fue investigado por el juez Norberto Oyarbide, que ya envió al Tribunal Oral 6 la primera de las tres causas que tiene en su contra -por la “pérdida” de las fotos– y que en cuestión de días enviará las que faltan. Una de éstas, la 10.964, es por la desaparición de más de 50 casetes que contenían nada menos que 768 escuchas telefónicas a algunos de los principales sospechosos de la causa AMIA, incluyendo a Carlos Telleldín, procesado por haber provisto la Trafic en la que se armó la bomba.
Oyarbide recibió la causa luego de que la Cámara Federal revocara el sobreseimiento por falta de pruebas del magistrado original, María Servini de Cubría. La jueza creyó que Castañeda no era responsable por la falta de los casetes y así perdió la investigación que ahora termina en una acusación por sustracción de medios de prueba.
La última causa es por la desaparición de rollos fotográficos secuestrados en un allanamiento a un sospechoso en la causa AMIA y que el POC tenía en custodia. El cargo aquí es nuevamente por sustracción, agravado por falsedad ideológica. “En las causas está acreditado que Castañeda tenía la custodia de los efectos, que se simulaba su remisión al juzgado y que en el medio se perdían”, explicó uno de los investigadores. “Se hacía un acta de envío pero los elementos nunca eran recibidos por Galeano.”
Por la acumulación de causas, Castañeda enfrenta la posibilidad de prisión efectiva como condena.