El abrazo final frente al paredón que da a los fondos del ex predio de Fabricaciones Militares, en la intersección de las calles General Savio y French, en San Martín, demuestra agradecimiento hacia todo lo que hizo la Comisión Campo de Mayo. Por ese trabajo, Patricia César pudo conocer a su familia y encontró los restos de su padre. En la misma casa de Villa Maipú donde Hugo “El Flaco Ezequiel” Flores jugaba de niño –y adonde una patota del Ejército se dirigió para detenerlo en 1977, tras montar guardia durante tres días–, Página/12 conoció la historia de Patricia y de la comisión, que comenzó a reunirse con el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) de zona Norte, a partir de la nulidad de las leyes del perdón y la reactivación de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Sobrevivientes, familiares, testigos y militantes de base participan en el colectivo de derechos humanos con el objetivo de trabajar por la memoria, acompañar a familiares y testigos en los juicios y buscar información sobre los desaparecidos en los barrios.

Más de 120 agrupaciones territoriales participaron en las últimas acciones de la comisión, entre centros de estudiantes, sindicatos e, incluso, la Universidad Nacional de General Sarmiento. Entre las más importantes se encuentran la colocación de una placa dentro del predio militar de Campo de Mayo –en el hospital militar donde funcionó una maternidad clandestina– y la instalación de tres columnas sobre la ruta 8 para señalar el centro clandestino El Campito. Trabajadores de Mercedes Benz contaron que esa empresa había donado, durante la dictadura, equipos de neonatología con tecnología de punta para usarse en esa maternidad.

En la comisión también trabajan abogados que llevan adelante las querellas en los juicios. Es el caso de Jorge Brioso, abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y patrocinante de familiares de las víctimas en los juicios, quien considera que el funcionamiento de la comisión ha sido invalorable durante los últimos años. Se estima que por el centro clandestino de Campo de Mayo pasaron 5 mil personas, aproximadamente. Para Brioso, por haber sido pensado como un centro de exterminio, ese predio fue uno de los más efectivos en la desaparición forzada de personas. “Hubo más sobrevivientes en los centros que funcionaron en las comisarías de la zona, y eso complica mucho la investigación”, apunta. Por su parte, Carlos González habla de la importancia en el registro de las denuncias y el seguimiento de los testimonios. El miembro de la comisión señala que, por los pocos datos disponibles, “esa información la tenemos que recolectar con la militancia en el territorio”. El acompañamiento a los testigos en las diferentes instancias judiciales es otro de los puntos salientes del colectivo de derechos humanos.

Para generar el debate y difundir en distintos ámbitos el desarrollo de los juicios, la comisión realizó junto a estudiantes de la Universidad de General Sarmiento el film Robando mandarinas, documental sobre la historia de María Cristina (hermana desaparecida del cantante Víctor Heredia, secuestrada en Campo de Mayo). A partir del video se realizaron talleres de memoria oral donde vecinos y amigos testimoniaron sobre lo que recordaban de los operativos en los barrios. Así se fueron juntando “pedacitos, datos perdidos, para algunos insignificantes”, pero que “en un rompecabezas se vuelven muy importantes”, afirma González. La comisión convoca, además, a todos aquellos que hayan realizado el servicio militar entre 1975 y 1983 a que acerquen su testimonio al Fondo Documental de la Conadep. Un video con la voz en off del periodista Eduardo Aliverti aclara en el blog comisionjuiciocampodemayo.wordpress.com: “El servicio militar no es obligatorio, el silencio tampoco”.

La necesidad de unificar los expedientes judiciales, para el abogado de la LADH, pasa por “el desgaste de los testigos” que se presentan “en causas fraccionadas contra pocos genocidas”. Si bien el Juzgado de Instrucción Nº 2 de San Martín reunió y elevó una mayor cantidad de casos, Brioso señala que la unificación no se logró del todo porque “el juzgado se niega a reconocer que todos los casos pertenecen a episodios de un solo plan sistemático”. Asegura, además, que los testimonios y datos de víctimas y familiares, que no habían llegado a la Justicia, siguen apareciendo. “Mucha gente no sabe que la presentación ante la Conadep conforma una denuncia administrativa pero no penal”, dice, y estima que sobre ese universo de 5 mil detenidos, existen 400 incidentes con menos de mil víctimas que se investigan en el marco de la megacausa Campo de Mayo.

El regreso

En 2008, Patricia César se contactó con Miguel Fernández, director de Derechos Humanos de Moreno y miembro de la comisión, con la idea de donar sangre para poder identificar los restos de su padre, que había desaparecido el 24 de abril de 1977. De él Patricia conocía pocos datos sobre su militancia en San Martín y sabía que lo llamaban El Flaco Ezequiel. El 1º de noviembre de 2010 le llevó a Fernández unas cuantas fotos de su padre, que circularon entre los miembros de la comisión en una reunión en el Hospital Perón. Carlos Alberto Molina, ex secretario de la Juventud Peronista de San Martín, lo había reconocido entre las fotos que circularon esa tarde pero no quiso ilusionarla. Tiempo después conoció a Palito, viejo compañero de militancia de Flores. En un bar de Liniers, Patricia escuchó atentamente las poesías que ese hombre había escrito para recordar a su padre. “Palito no podía parar de llorar”, cuenta. Supo además que su padre había crecido en el mismo lugar donde le contó a este diario su historia. Eso la empujó a viajar hasta San Martín, a visitar el barrio de casas bajas y frondosa arboleda. En Villa Maipú, entre llantos y abrazos, conoció a su abuela, que al verla le preguntó: “¿Por qué tardaste tanto en venir?”. Las tías pensaban que su madre aún estaba viva.

Ester Elsa César fue secuestrada con su compañero y otra joven que luego fue liberada. Del relato de esa mujer se desprende que habían sido trasladados a Campo de Mayo. No bien ingresó al centro clandestino que allí funcionaba, Flores comenzó a ser torturado. Mientras era golpeado y los represores orinaban sobre su cuerpo, él gritaba: “Soy oficial montonero”. Según testigos, Flores estaba herido de bala en una pierna cuando la patota se lo llevó de su casa en Villa Zabala. “Le daban la cabeza contra el cordón, hacía muchos años que lo buscaban”, sostiene su hija. Ester César todavía se encuentra desaparecida.

El EAAF estableció que el cuerpo de Flores había permanecido enterrado en el cementerio de Merlo, entre 1977 y 1983, cuando fue exhumado. Patricia recibió los restos de su padre en marzo, después de exámenes de ADN y una serie de pericias que determinaron en un 99,9 por ciento el lazo de parentesco. Hace algunas semanas las calles de Villa Maipú amanecieron con afiches que decían: “El Flaco Ezequiel vuelve al barrio”. Después del homenaje, sus restos fueron trasladados hasta el cementerio de San Martín. Vecinos, familiares y compañeros de militancia colocaron una baldosa en la Plaza de Villa Maipú y otra en la puerta de la casa donde vivió de niño para recordar al militante montonero. Por último, Rosa Milese, tía de Flores, destaca que “Hugo comenzó a militar cuando se dio cuenta que el otro necesitaba tanto como él, es por eso que los pasillos de esta villa hoy tienen las paredes de cemento y no de barro”. El 24 de abril se cumplieron treinta y cuatro años de la desaparición de César y Flores.