Tres dependencias del ministerio que conduce María Eugenia Vidal fueron allanadas por la Justicia, al igual que el Club 17 de Agosto, el mismo en el que lanzó su candidatura Mauricio Macri, entre globos de colores. La investigación busca establecer qué relación hay entre el gobierno porteño y ese club, lo que podría derivar en un presunto desvío de fondos. Los operativos fueron ordenados por el juez Andrés Gallardo, por pedido de la Defensoría General y a raíz de la falta de respuesta de la gestión PRO sobre las habilitaciones de ese club, que recibió a personas sin techo durante el Operativo Frío. El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, reaccionó como siempre: “Aquí no hay nada raro. Estoy tranquilísimo, pongo las dos manos en el fuego por la gestión de Vidal”. La ministra de Desarrollo Social y candidata a vicejefa, en tanto, admitió que el club recibe dinero ya que lo usan como un “centro de apoyo” para personas sin techo.

La causa que instruye Gallardo se inició en 2008 a raíz de una denuncia de 23 indigentes por el estado del parador Retiro. El magistrado constató que el lugar estaba prácticamente abandonado: había una plaga de ratas, no había gas ni agua y no contaba con las condiciones mínimas de higiene ni para evitar incendios. La primera reacción del ministerio que conduce Vidal fue separar a un psiquiatra que había testificado ante la Justicia. Sin embargo, Gallardo ordenó reponerlo.

El juez también dispuso que se clausurara el lugar y se hicieran reformas, que el gobierno porteño tuvo que ir cumpliendo. A las personas que dormían en el lugar, los macristas las derivaron con micros a otros paradores. Pero, a partir de este año, comenzaron a alojarlos en el Club 17 de Agosto, de Villa Pueyrredón: armaron camas en una cancha de fútbol para que durmieran allí. El defensor general, Mario Kestelboim, reclamó entonces que la gestión PRO informara qué tipo de contrato tenía el Estado porteño con el club y con qué habilitación contaba para albergar personas. Desde el gobierno macrista demoraron la respuesta por meses.

El 7 de abril presentaron un convenio con el club que no tiene fecha. También un informe de la Dirección de Defensa Civil que aseguraba que el lugar era seguro para usarlo transitoriamente. En mayo de 2011, cuando Macri hizo su lanzamiento allí a todo globo, dejaron de utilizarlo. De hecho, sacaron a los indigentes cinco días antes de que el jefe de Gobierno anunciara en ese mismo lugar que iría por la reelección.

Sin embargo, tras el desalojo de La Veredita en el Bajo Flores, volvieron a enviar personas a ese club: mandaron 90 personas aunque había 60 camas. Allí la Defensoría General hizo un censo y exigió nuevamente los documentos, dado que consideró que un convenio sin fecha no podía ser tomado como constancia. La gestión PRO, nuevamente, no respondió, por lo que el defensor general pidió un allanamiento. Antes de que eso ocurriera, los macristas vaciaron el lugar en un día (supuestamente, les pagaron un subsidio a las madres y niños que estaban allí alojados).

Con la llegada del frío se volvieron a saturar los paradores y el gobierno porteño volvió a tercerizar en este club amigo. Allí la Defensoría exigió nuevamente que se obtuvieran las constancias y Gallardo dispuso ayer cuatro allanamientos: uno al Club 17 de Agosto, donde se secuestró una enorme cantidad de biblioratos y carpetas relacionadas con el uso del lugar como albergue; y otros tres a dependencias del ministerio que conduce Vidal, en México al 1600, Pavón al 1200 y Warnes 2650.

Algunos de los paradores en los que terceriza el gobierno podrían ser clausurados, si no tienen las habilitaciones correspondientes. Según se decía en tribunales, entre los documentos estarían las pruebas de un presunto desvío de fondos de cientos de miles de pesos, que podría tener aún otras derivaciones en el gobierno porteño.

El PRO salió a contestar a los allanamientos al igual que lo hizo con las escuchas ilegales: con un ataque hacia el juez. “No es serio lo que hace. Está muy vinculado con Madres de Plaza de Mayo”, lo acusó Macri, como si hablara de Al Qaida. “Ay, Gallardo, qué tentador que es hacer política desde un juzgado. Se suma a la larga lista de operaciones judiciales kirchneristas”, twitteó el secretario general Marcos Peña. “Un desafío... siete diferencias entre el juez Gallardo y el juez Oyarbide”, propuso el jefe del bloque PRO Cristian Ritondo.

Vidal, por su parte, sostuvo que “es la manera en que algunos entienden que pueden ganar la elección. Siempre pasa lo mismo, como les pasó a De Narváez y a Olivera”. Sobre el juez que la investiga, la candidata a vicejefa planteó: “Vamos a evaluar denunciarlo. Si quiere gobernar, debería presentarse a elecciones”. Y acerca del convenio con el club dijo que “no hay nada que ocultar” y que los pagos se hacían como se hace con otras instituciones, entre ellas, Cáritas.

“La Defensoría viene llamando la atención sobre este club. Cuando fue el desalojo en el Bajo Flores, constatamos que se reubicaron 90 mujeres y niños. En ese momento, la Defensoría denunció que no se cumplía con las condiciones sanitarias adecuadas y la cantidad de camas”, relató el defensor general Mario Kestelboim. “El gobierno porteño en ese momento reubicó a la gente. Ahora, nuevamente, la Defensoría quiere saber en razón de qué convenio ese club funciona como parador en el Operativo Frío”, señaló Kestelboim, quien remarcó: “De ninguna manera se puede aducir que esto tiene que ver con la campaña, porque viene de larga data esta denuncia”.