Sábado, 2 de julio de 2011 | Hoy
SOCIEDAD › RECLAMO DE UNA VíCTIMA DE VIOLENCIA FAMILIAR
La mujer denuncia que el gobierno porteño editó un libro con sus testimonios, sin autorización. Y le puso tapas amarillas, a tono con la campaña. Presentan un pedido de informes en la Legislatura.
Por Emilio Ruchansky
Lucía asistió todos los lunes de 2010 a un grupo de autoayuda en el Centro Integral de la Mujer Isabel Calvo, que depende del Ministerio de Desarrollo Social porteño. Venía de sufrir el maltrato constante de quien había sido su pareja y sentía impotencia, como muchas de sus compañeras de grupo. Ella, que fue periodista y prefiere preservar su identidad, se encargó de escribir su historia y compilar otras que escuchaba cada lunes; todo a pedido de la coordinadora del grupo. “Me dieron a entender que era un librito de circulación interna para ayudar a las mujeres que van a grupos similares, pero me engañaron”, dice ahora Lucía, “librito” en mano, y con un pedido urgente: que no se reparta más y se lo saque de la web del gobierno porteño. “No lo hice para que (Mauricio) Macri haga campaña con temas míos, privados”, agrega.
Más de la mitad del libro, titulado Las mujeres toman la palabra, fue escrito por esta periodista, dedicada hoy a la pintura. “No pretendo derechos de autor y por suerte mi nombre no aparece en el texto. Acepté hacerlo porque entendía la utilidad que podría tener para otras mujeres que pasaron o pasan por la misma situación de violencia. No quería que se imprimiera, pero me convencieron diciéndome que ‘había que hacerlo’ porque las otras chicas del grupo sí querían”, cuenta Lucía.
Para la edición, ella asegura que preparó una serie de pinturas que ilustrarían el interior y la tapa. Pero fueron rechazadas y sustituidas por “dibujos infantiles, que simplifican la cuestión de la violencia y victimizan burdamente a las mujeres”, comenta. Todavía no se había hecho “callo”, dice, el dolor que le produjo aquella relación, que también perjudicó sus vínculos familiares, cuando vio el libro impreso, con una tapa amarilla, color que identifica las publicidades de gestión del macrismo y también las campaña electoral del PRO.
Esta estrategia propagandística había sido prohibida en la ley 3391, sancionada a fines del 2009 en la Legislatura porteña. A principios del año siguiente, Mauricio Macri vetó varios artículos de la norma, incluido el que no permitía replicar el color utilizado para la publicidad de los actos de gobierno en los carteles de campaña.
“Pero lo peor fue ver el prólogo de María Eugenia Vidal (ministra de Desarrollo Social y candidata a vicejefa de Gobierno por el PRO). Nunca me avisaron y nunca lo hubiera permitido. Yo no estoy de acuerdo con las ideas políticas de ella ni del gobierno que representa. Y además miente. Dice que conoció a las autoras del libro ‘una fría mañana’, tomando mate en un ‘hogar’ del gobierno. Primero: nunca la vimos. Segundo: nunca estuvimos en un hogar o refugio, era un grupo de autoayuda”, afirma Lucía. Según ella, en la edición fue borrado un dato clave: la dirección de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia Nacional (Lavalle 1250). Allí se atiende las 24 horas y los 365 días al año. “Y se puede conseguir la orden para que el agresor esté siempre a más de 400 metros, es algo esencial. Que lo hayan sacado demuestra que no les interesa el tema, sino sólo publicitar gestión”, dice Lucía.
Lo que más temía esta mujer es que el libro fuese entregado indiscriminadamente. El 9 de marzo pasado, la Dirección General de la Mujer, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, organizó el lanzamiento de la obra en el Museo Isaac Fernández Blanco. El evento fue publicitado por el gobierno porteño y Vidal fue la encargada de la presentación. Allí se repartieron ejemplares, pero no tantos como en el hall central de la Feria del Libro, el 29 de abril, cuando Vidal, nuevamente, presentó el trabajo.
Con indignación y un dejo de tristeza, esta mujer relata su historia a Página/12 en el despacho del legislador porteño Eduardo Epszteyn, quien presentó un pedido de informes en la Legislatura por “la utilización y circulación de testimonios, historias y textos de carácter privado y sensible (...) sin el debido y libre consentimiento de las personas involucradas, referidas o partes de un producto”.
En el Ministerio de Desarrollo Social porteño, ante una consulta de este diario, aseguran que “todo estaba autorizado y firmado”. Lucía envió cartas documentos a Macri, Vidal y otros funcionarios porteños para denunciar por el “abuso de confianza” de que fue víctima. Allí explica: “Los textos eran piezas muy íntimas y que sólo me atreví a exponer ante un cierto círculo que entendía de confianza y contención”.
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