Juan Velázquez, 37 años, empleado municipal de Calilegua, se convirtió ayer en la cuarta víctima fatal de la masacre de Libertador General San Martín, como pasará a la historia la brutal represión de la policía de Jujuy a quinientas familias que ocupaban terrenos del Ingenio Ledesma para que la familia Blaquier les cediera quince de las 130 mil hectáreas que posee. Al tiempo que se conocía la noticia, el gobierno que encabeza Walter Barrionuevo remitía a la Legislatura un proyecto de ley para expropiar las tierras donde se produjeron las muertes, y otros terrenos en las localidades de Fraile Pintado y Pampa Blanca. Fuentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que encabezaban las negociaciones hasta el momento de la represión, informaron a Página/12 que los participantes de la toma celebraron la decisión aunque la consideraron insuficiente. También decidieron en asamblea solicitar al gobernador kirchnerista que les exija a los Blaquier el pago actualizado por las tres décadas de impuesto por alumbrado, barrido y limpieza que hasta su desaparición en 1977 pretendía cobrarles el ex intendente Luis Arédez. A los cortes de ruta y la toma en Ledesma se sumaron ayer ocupaciones en Caimancito y Calilegua.

De los 63 heridos que dejó como saldo el intento frustrado de desalojo ordenado por el juez penal Jorge Samman quedaban ayer seis personas internadas, dos con heridas de bala, según informó el ministro de Salud jujeño Víctor Urbani. Velázquez murió víctima de un balazo en la cabeza. El mismo jueves habían fallecido Félix Reyes, de 21 años, Ariel Farfán, de 17, ambos por impactos de armas de fuego, y el policía Alejandro Farfán, de 22, también herido de bala. La madre del civil Farfán, que anoche esperaba el cuerpo de su hijo para velarlo, tenía previsto pasar con el féretro por los terrenos de la toma, donde Ariel se había instalado con una carpa. Ayer se realizaron las autopsias de los cuerpos.

La Casa Rosada repudió los “hechos de violencia”, le reclamó a la Justicia “que de forma inmediata se investiguen y esclarezcan”, y pidió que “se determine si hubo responsabilidad en la actuación del juez que ordenó la medida”, en referencia a Samman, que firmó la orden de desalojo el último día antes del comienzo de la feria judicial. “Este gobierno siempre ha priorizado el diálogo para la resolución de este tipo de conflictos y nunca ha criminalizado la protesta social”, subrayó el ministro del Interior, Florencio Randazzo. El secretario del Interior jujeño, Hugo Echavarri fue designado ayer provisoriamente a cargo del Ministerio de Gobierno y Justicia que ocupaba el renunciante Pablo La Villa, responsable de la policía hasta el jueves. Las juntas electorales del PJ y de la UCR locales, en tanto, resolvieron postergar para el 7 de agosto las internas previstas para el domingo.

El fondo

El mismo jueves, después de la represión, cientos de familias volvieron a instalarse en los terrenos de producción de caña de Ledesma. Ayer fueron liberados los últimos detenidos, informaron desde la CCC. La jueza Carolina Pérez Rojas, sin embargo, aclaró que cuatro de los internados estaban detenidos. Fuentes de la CCC y del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez (Capoma) contaron a Página/12 que participan de la toma desocupados pero también docentes, municipales, profesionales y hasta empleados del ingenio. Julio Gutiérrez, de Capoma, relató que incluso mujeres de policías se manifestaron al anochecer para que se esclarezcan los hechos, pero también por el reclamo de fondo.

“Los ocupantes volvieron con sus carpas. Son alrededor de quinientas familias, aunque la cifra fue creciendo. Se van turnando”, explicó Mariana Vargas, abogada de la CCC en Jujuy. “La gente estuvo feliz cuando supo del proyecto (de expropiación), aunque también está claro que con quince hectáreas no alcanza para resolver el problema de vivienda”, explicó. Según un empadronamiento que la organización puso en marcha el año pasado, en el que hubo inscripciones hasta los últimos días, “hay más de mil familias con problemas de vivienda”, calculó. “También hay que tener en cuenta que cuando las quince hectáreas estaban ocupadas vino gente que se instaló en terrenos cercanos y los empleados de seguridad de Ledesma vinieron con camionetas y los sacaron carpiendo”, agregó.

La empresa Ledesma, propietaria de 130 mil hectáreas, difundió ayer un comunicado para aclarar que “donó a la provincia de Jujuy cerca de 200 hectáreas para urbanizar y construir viviendas”. Los Blaquier aseguraron que “son totalmente falsos los rumores que buscan asociar a la empresa” con el operativo policial. “Ni el personal que cumple funciones de vigilancia ni sus vehículos participaron del desalojo”, escribieron. Desde la CCC informaron que en la represión participaron policías uniformados y de civil, mientras que los empleados de seguridad de Ledesma, que en los días previos recorrieron el campamento en cuatriciclos, “estaban mientras se reprimía y miraban como si fuera una película”.

“Esta violencia indigna. Lamentablemente la historia de violencia y represión vuelve a repetirse en la provincia”, expresó el párroco de La Quiaca, Jesús Olmedo. El titular de la Pastoral de Desocupados jujeña calificó de “injusto” y “descabellado” el operativo policial, explicó que los ocupantes son personas “desesperadas” que necesitan tierras para “levantar su ranchito”, y reclamó que se aclaren “de modo urgente” las responsabilidades por la represión. “Acá todos se lavan las manos. Los jueces le echan la culpa al poder político, el poder político a los jueces”, describió, y sugirió que estos hechos “indignantes” ocurren cuando “llamativamente se unen los poderes económicos y políticos”.