Ante los pedidos de renuncia y de juicio político contra el juez Raúl Zaffaroni, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, lo respaldó públicamente con el argumento de que “no hay ningún cuestionamiento a su función como magistrado”, ni “ninguna cuestión relativa a las sentencias y a su desempeño como juez” que puedan sustentar esas iniciativas. “El me ha manifestado que es una situación personal y que está dispuesto a dar explicaciones”, señaló el máximo supremo. “Hay que darle la oportunidad de que explique, ser respetuoso, tratar de seguir los caminos institucionales”, añadió, frente a las conclusiones express que circulan sobre la denuncia de la ONG La Alameda de que en seis inmuebles del penalista se ejerce la prostitución. Zaffaroni dijo interpretar que “esto es parte de una campaña que tiene el objetivo de forzarme a renunciar a la Corte” y reiteró, enfático, que no lo hará. Consideró “un disparate esta novela donde pretenden hacer creer que soy parte de una red de explotación sexual en medio de la campaña electoral” e insistió en que está dispuesto a ir a evacuar toda duda al Congreso.

El discurso de Lorenzetti tuvo un tono institucional y de resguardo a la propia Corte Suprema como cabecera del Poder Judicial, salpicada por la bola de nieve que medios y dirigentes políticos alimentaron en torno de las denuncias contra Zaffaroni. “La Corte sigue actuando como siempre, nosotros no vemos ninguna cuestión relativa a la actividad del doctor Zaffaroni ni de ninguno de los miembros de la Corte en relación con la función, es decir el dictado de las sentencias, el equilibro y la independencia”, intentó calmar los ánimos el titular supremo. Puso el acento en que se trata de una situación “personal” que no está acompañada de elementos que pongan en duda su actuación como juez ni sus fallos, en contraposición a los planteos de renuncia o proceso de destitución que encabezó el candidato Ricardo Alfonsín, quien llegó a decir que debía renunciar “aunque no hubiera delito” para evitar “hacerle un daño a la Justicia”. Una descripción similar, alusiva a un asunto “personal”, hizo la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton, aunque evitó explayarse.

“Hay que darle la oportunidad al doctor Zaffaroni de que explique. Por sobre todas las cosas tenemos que ser respetuosos, esperar los tiempos, ser equilibrados y mesurados”, reclamó Lorenzetti. A la vez, se mostró confiado en que “todo se irá aclarando” y recordó que hay muchas aristas del tema que Zaffaroni “ya las explicó”. Se refirió a él como alguien a quien “tenemos un gran respeto” (en la Corte) y con quien guarda “una gran amistad”. Estos comentarios fueron hechos luego de un acto en el cual la Corte firmó un convenio de cooperación para prevenir y combatir el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

Zaffaroni viene explicando que tiene quince propiedades, algunas de las cuales ni siquiera conoce, que delegó la administración en un apoderado, que los alquila una inmobiliaria, que no conoce a los inquilinos y que nunca recibió una intimación o denuncia por lo que ocurriera en esos inmuebles. Ahora, explicó, se está ocupando de que los inquilinos se retiren y de recuperar las propiedades para “terminar con esta situación”. “Se ha convertido en un vendaval político insólito en el que me encuentro envuelto”, “que me supera”, dijo Zaffaroni ayer. “Algo que debió resolverse en el ámbito de un consorcio pasó a ser una cuestión nacional en medio de una campaña electoral, cosa que lamento”, acotó.

Además negó versiones periodísticas que le atribuían reuniones con el ministro de Justicia, Julio Alak, o el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, en torno de este tema. “No he tenido reuniones con nadie. No lo veo a Alak hace semanas, meses, diría. No he estado en Casa de Gobierno, no hablo con Alak, con Zannini, con nadie”, dijo.

Además del apoyo de Lorenzetti, Zaffaroni recibió gestos favorables del titular del bloque radical de diputados, Ricardo Gil Lavedra –quien se diferenció de Alfonsín– al decir que le parecía “impensable” que “pueda estar involucrado en una cuestión así”; del gobernador Daniel Scioli, que pidió “cautela”; de la Asociación Americana de Juristas y el Colegio Público de Abogados de Capital.