A una semana de la represión en Libertador General San Martín, que se cobró la vida de tres manifestantes y un policía, la causa está todavía en manos del juez penal Jorge Samman, quien debe investigar las consecuencias de la orden de desalojo que él mismo emitió antes de irse de vacaciones. Las organizaciones sociales marcharán hoy hacia el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial para exigir la destitución del magistrado, que caratuló el expediente como “Atentado y resistencia a la autoridad seguido de cuádruple homicidio calificado, lesiones, robo calificado, daños e incendio contra persona a establecer”. El diputado radical Alberto Bernis, titular de la Comisión Parlamentaria Investigadora creada para indagar sobre los responsables políticos de la masacre, se manifestó “preocupado por la situación en que se encuentra la policía de la provincia de Jujuy como institución, más allá de las personas”. Las ocupaciones de tierras, mientras tanto, se multiplican e incorporan nuevos actores, desde trabajadores de la sanidad, docentes y profesionales hasta las esposas de los policías provinciales y los bomberos voluntarios de Perico, que ayer tomaron un predio de la finca El Pongo, de administración estatal.

Sobre el expediente, bajo secreto de sumario, el único dato certero es la carátula. Rumores que trascienden desde el Poder Judicial y la dirigencia política indican que las víctimas cayeron por balas calibre 22, distintas de las que usa oficialmente la policía. Desde el hospital donde se realizaron las autopsias, sin embargo, informaron a integrantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que la bala que asesinó a Ariel Farfán era calibre 9 milímetros. Más allá del secreto, ni el gobierno provincial ni las familias de los muertos ni las organizaciones sociales se presentaron aún como querellantes. “Aún no se le hicieron las pruebas de parafina a ningún policía. Sí a los manifestantes presos, pese a que fueron detenidos antes de las muertes”, destacó Julio Gutiérrez, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez (Capoma).

La responsabilidad del juez por las consecuencias del desalojo que ordenó un día antes del comienzo de la feria judicial estuvo desde el comienzo en la mira de manifestantes y funcionarios. El mismo jueves de la represión, el gobernador Walter Barrionuevo destacó que le “llamó la atención” que, tras ordenar la medida, Samman “se fuera tan livianamente” de vacaciones. El viernes fue el ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien pidió que “se determine si hubo responsabilidad en la actuación del juez”, que anticipó su regreso para asumir la instrucción. Hasta el momento, ni los jueces del STJ ni el fiscal general ante el máximo tribunal, Alejandro Ficoseco, pidieron su apartamiento.

“Es de una gravedad institucional tremenda que un juez investigue los excesos derivados de su propia orden de desalojo. Es imprescindible garantizar la preservación de la prueba y la transparencia del proceso”, consideró ante la consulta de Página/12 el abogado Andrés Reynoso, responsable de la oficina jujeña de Abogadas y Abogados del No- roeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes). El letrado de Andhes contrastó la pasividad del STJ y de la clase política con la premura con que la Legislatura solicitó el año pasado el jury de enjuiciamiento a tres jueces en lo Contencioso que le ordenaron al Poder Legislativo provincial respetar la ley de cupo femenino en la distribución de bancas.

La comisión parlamentaria, por su parte, escuchó durante dos horas al jefe de la Unidad Regional de la policía local, Osvaldo Vera. Testigos de la interpelación, el lunes por la noche, contaron que las preguntas de los diputados apuntaron a determinar la responsabilidad de las víctimas y la presencia o no del personal de seguridad del ingenio Ledesma durante el operativo policial. Vera afirmó primero que los trescientos efectivos actuaron “sólo con escudos y bastones”, luego admitió que los únicos desarmados eran los agentes de la comisaría local, no el Cuerpo de Infantería ni el Grupo Especial de Operaciones. Cuando le preguntaron por la presencia de mujeres y niños durante el desalojo, sugirió que no había ninguno, para luego admitir que no había estado presente.

Mientras las ocupaciones se multiplican, funcionarios de Libertador General San Martín y miembros de organizaciones sociales se reunieron ayer para decidir qué terrenos se le expropiarán al ingenio Ledesma. El gobierno provincial propuso y la Legislatura aprobó la expropiación sin determinar antes dónde se ubican las cuarenta hectáreas en cuestión. “En la reunión se llegó a un preacuerdo, aunque tentativo porque el gobierno sugirió que tiene que pedirles el visto bueno a la empresa”, explicó Gutiérrez, quien participó del encuentro. Los terrenos propuestos por las organizaciones, en la zona oeste de la ciudad, son contiguos a otras 18 hectáreas que ya habían sido cedidas para la construcción de viviendas.