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”Transfiero la alegría para los familiares de los desaparecidos y espero que las autoridades de la Corte Suprema de Justicia que tienen que responder sobre la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, actúen en consecuencia con esto que pasó en Italia”, dijo Estela Carlotto desde Roma. La presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo presenció, junto con otros miembros de organismos de derechos humanos, cómo la Corte de Apelación romana confirmó la condena a cadena perpetua para los represores Guillermo Suárez Mason y Santiago Omar Riveros por la desaparición y muerte de ciudadanos italianos durante la última dictadura militar.
Suárez Mason y Riveros fueron juzgados en ausencia en Italia por los secuestros y asesinatos de Norberto Morresi, Pedro Luis Mazzocchi, Luis Alberto Fabbri, Daniel Jesús Ciuffo y Laura Carlotto, y por la desaparición del bebé Guido Carlotto, nacido en cautiverio. El tribunal romano también ratificó la condena a 24 años contra el jefe de la Prefectura de Tigre, Juan Carlos Gerardi, y los suboficiales Alejandro Puertas, Julio Roberto Rossini, Omar Héctor Maldonado y José Luis Porchetto, quienes fueron responsables de la desaparición del sindicalista Martino Mastinu.
En Roma festejaron la resolución de la Justicia italiana Carlotto, Rosa Roisinblit, vicepresidenta de Abuelas, y Angela Boitano y Julio e Irma Morresi, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. “Esperemos que para la Justicia de nuestro país esto sea un llamado de atención y que los jueces hagan lo que tienen que hacer”, aseguró Julio Morresi.
La ratificación de la condena por la Justicia romana también fue bien recibida por importantes políticos italianos. El ex primer ministro Massimo D’Alema y el senador de centroizquierda Franco Danieli expresaron su “satisfacción” por este hecho. “Es una sentencia que confirma la seriedad del trabajo de instrucción y de la sentencia de los jueces de primer grado y hace honor a la magistratura italiana que ha sabido conducir hasta el final, sin condicionamientos y con plena autonomía, un delicado y difícil caso judicial, importante en el plano de la defensa de los derechos y de la dignidad de las personas”, aseguró D’Alema.
El Tribunal que volvió a encontrar culpables a los represores argentinos estaba presidido por el juez Elio Quiligotti e integrado por siete jurados populares. Ellos confirmaron la sentencia que en diciembre de 2000 y “en nombre del pueblo italiano” había dictado el Segundo Tribunal Criminal de Roma. “Todo el sistema y la metodología fueron marcados por el exceso: lo abominable era común”, escribieron entonces los magistrados al fundamentar la condena.
Antes de anunciar la resolución, la Corte de Apelación escuchó durante tres horas la exposición de los abogados de los acusados. “Hablaron de subversión, de guerra sucia e intentaron hacer un parangón con las Brigadas Rojas italianas para ver si tocaban la sensibilidad local”, narró Morresi. También Carlotto señaló que “fue una mañana de mucha tensión y de indignación porque los defensores comentaron cosas que no se ajustan a la verdad, como la imposibilidad de juzgarlos en Italia, pero finalmente ratificó las condenas”. Para Morresi, los abogados hablaban de números, códigos y artículos, “pero atrás de eso había personas, seres humanos asesinados y otros que fueron responsables por eso”.
Las condenas al ex jefe del Primer Cuerpo de Ejército, Pajarito Suárez Mason; Riveros, ex jefe de la Zona 4, donde estaba el centro clandestino de detención Campo de Mayo y los cinco gendarmes fueron las primeras de la Justicia italiana, que sigue investigando las violaciones a los derechos humanos contra ciudadanos de ese país durante la última dictadura militar. En otra causa, están imputados el dictador Emilio Eduardo Massera y varios represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), como Alfredo Astiz –que estuvo preso en Buenos Aires a pedido del juez italiano–, Jorge Acosta y Héctor Febres. Estos expedientes son la culminación de unproceso iniciado en 1983 por más de 500 familias ítalo-argentinas, que buscaron obtener justicia en Italia.