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Si piensa cumplir con su palabra, Luis Barrionuevo ya debería renunciar a la candidatura a gobernador de Catamarca. Eso es lo que anunció que haría si la Corte Suprema obstruía sus aspiraciones electorales y eso es, en efecto, lo que el máximo tribunal decidió que hará. Cinco supremos resolvieron declararse por segunda vez incompetentes para tratar la postulación del dirigente gastronómico y dispusieron la nulidad del fallo del juez federal de la provincia, Pedro Navarro, que le había permitido presentarse al hacer lugar a una medida cautelar. De esta manera, quedan firmes las resoluciones de la Justicia Electoral local que inhabilitaron al senador por no cumplir con el requisito de cuatro años de residencia en tierra catamarqueña.
Según los argumentos de una mayoría de la Corte, el intríngulis de la candidatura de Barrionuevo debería ser dirimido por la Justicia de Catamarca. Por eso no sólo se declaró incompetente sino que consideró inválida la resolución tomada en el fuero federal favorable al peronista. Con este razonamiento es el Superior Tribunal de la provincia el que tendría la última palabra.
El fallo propiamente dicho de los supremos no terminó de ser firmado ayer, porque Adolfo Vázquez lo retuvo para terminar de definir su posición. De todos modos, por la tarde el papel ya tenía las cinco firmas necesarias: las de Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López, Carlos Fayt, Augusto Belluscio y Enrique Petracchi. Juan Carlos Maqueda, Antonio Boggiano y Julio Nazareno no se pronunciaron.
El miércoles, cuando ya sabía cuál era el panorama, Barrionuevo se presentó ante la Corte desistiendo del único planteo suyo que allí quedaba y que se refería al conflicto de competencia entre dos fueros de la provincia que sueña con comandar: la Justicia Electoral que –luego de haber vencido en las internas del PJ a Ramón Saadi– le impidió competir, y la Justicia Federal, que estuvo de su lado. El sindicalista sostuvo que su reclamo se había vuelto abstracto al haber sido suspendidas las elecciones. Pero los ministros no admitieron esa presentación y optaron por dejar bien clara su postura.
Los magistrados ya venían, con anterioridad, poniendo diversas trabas. El 18 de febrero habían rechazado –basándose también en su incompetencia– un pedido del senador de declaración de certeza sobre su candidatura. El dirigente pretendía entonces que proclamaran la inconstitucionalidad del artículo de la Constitución catamarqueña que exige cuatro años de residencia inmediata para aspirar a gobernar. Después, cuando se esperaba una resolución sobre el conflicto de competencia entre jueces, resolvieron postergar el asunto y correrle vista al Procurador General de la Nación, que terminó dictaminando también contra el legislador.
En el entorno de Barrionuevo ayer se encargaban de recordar que todavía está pendiente la cuestión de fondo, es decir, la discusión en sí sobre la inhabilitación del aspirante a candidato y las pruebas que viene ofreciendo. Si en la Corte provincial no tiene éxito, advertían, el caso volverá con un recurso extraordinario a la Corte Suprema de la Nación. Algunos siguen especulando con que el máximo tribunal debería considerar que hay una cuestión federal en juego porque, dicen, la Carta Magna provincial vulnera normas de la Constitución nacional y pactos internacionales adoptados por ella.