Con apoyo del gobierno nacional, Francisco “Paco” Pérez llegó primero hasta el Ministerio de Infraestructura mendocino –cargo que dejó durante la campaña electoral– y el domingo pasado subió un escalón más: fue electo gobernador de Mendoza con el 37 por ciento de los votos y una ventaja de más de 7 puntos sobre su rival más cercano, el radical Roberto Iglesias. Con cuatro años de gestión por delante, el abogado ligado al estudio jurídico que empujó la instalación de la Minera San Jorge en Uspallata mencionó como uno de los objetivos urgentes de su gobierno “la profundización de la relación entre el Ejecutivo nacional y la provincia”. Y aseguró que el proyecto minero está “archivado”.

–Toda victoria debe ser vista como el resultado de un concatenamiento de cuestiones. El triunfo de Cristina fue contundente en todo el país. Pero el peronismo mendocino venía golpeado, en las elecciones de 2009 habíamos perdido por 25 puntos, y tuvimos que levantar eso. Cuando mi fórmula fue anunciada, en abril, teníamos un 9 por ciento de intención de voto. Nos pusimos la campaña a cuestas con mi compañero –el ex legislador nacional Carlos Ciurca– al caminar los 105 distritos de los 18 departamentos. También vale mencionar la unidad que demostró el Frente para la Victoria en el último tramo de la campaña. (El candidato de Udeso, Roberto) Iglesias arrancó con 54 puntos de intención de voto; es un ex gobernador, un peso pesado... el radicalismo se jugaba todo en Mendoza, porque era la única provincia en la que podía ganar una elección. Pero tenía serios conflictos internos y una fórmula que lo traccionó para abajo.

–Hay que fortalecer mucho más la vinculación entre el gobierno nacional y la provincia. Hay que avanzar en un eje estratégico regional con las provincias andinas. La última vez que sus gobernadores se reunieron fue en 1992. Somos economías similares. La recuperación del tren de carga Trasandino es otro eje de trabajo en relación con el país. Fronteras adentro, los puntos a profundizar son educación, ciencia y tecnología y la industrialización. Hay materias pendientes, como los pequeños productores que se han quedado afuera de la cadena de comercialización, y el sistema sanitario: el 40 por ciento de la población no cuenta con obra social.

–A varios puntos. La tasa de desempleo formal de Mendoza es de 3,7 puntos. La tasa de empleo informal roza el 30 por ciento. Entonces sí tiene que ver con eso la exclusión de tantas personas del sistema sanitario.

–Porque es antigua y conservadora, hay que modernizarla. Nuestra Constitución no tiene ningún artículo que abarque cuestiones relacionadas con el medioambiente, y su interpretación en estos casos es difusa. No tiene en cuenta derechos del niño y la adolescencia, ni la figura del ombudsman. No es federal hacia adentro. Ella misma contempla la posibilidad de reformarla una vez al año. Debemos darnos un debate amplio, serio y profundo que permita una Constitución moderna y ágil.

–Claro. Los cargos de gobernador y vice son los únicos que no pueden reelegirse en Mendoza. Pero un gobernador no tiene cuatro años de gestión, sino dos años y cuatro meses, porque el primero te la pasás designando funcionarios y la última mitad de año, en campaña para el gobierno que sigue. En ese tiempo, es imposible llevar adelante grandes emprendimientos o cambios profundos. Es una de las razones por las que, desde la vuelta a la democracia, no se han podido llevar a cabo políticas de Estado en Mendoza.

–Hay un gran divorcio histórico en Mendoza entre la población y el diseño de la políticas públicas. Hay que humanizar la política. A esto responde la propuesta de las consultas vinculantes, que se aplicarían para grandes temas o proyectos, como una obra hidroeléctrica o el desarrollo de algún proyecto minero.

–Ya se procedió al archivo de ese proyecto.

–Primero tiene que respetar la ley provincial relacionada con la minería y, de ser así, también podría ir a una consulta popular.