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Por Eduardo Tagliaferro
y Felipe Yapur

Lo que a simple vista parecía un trámite, se transformó en un dilatado debate donde quedó en claro qué difícil resulta para el PJ sustanciar la acusación contra la Corte Suprema. Sobre todo en algunas causas que son urticantes hacia el interior del bloque. Tal es el caso de los expedientes sobre la venta ilegal de armas y el atentado a la Embajada de Israel. Tras cuatro horas de discusión los diputados de la Comisión de Juicio Político resolvieron establecer un plazo de 10 días para concluir con la etapa sumarial de la acusación contra la Corte Suprema a partir de un grupo de causas consideradas emblemáticas.
Desde hace días el justicialismo venía dando señales de su intención de acotar la acusación contra el alto tribunal a las casos referidos al corralito financiero. Y ayer lo intentaron. Esto generó entre los representantes de la oposición un fuerte rechazo. El cuestionamiento más fuerte provino del ARI, que anticipó que su objetivo es “avanzar y acusar a partir de todas las causas”. El principal partido de oposición dejó en claro que, de no lograr un acuerdo, evalúa la posibilidad de emitir un dictamen en minoría.
A los ojos del PJ la idea es simple: la voluntad política de enjuiciar a los miembros de la Corte existe, pero el bloque no soporta el tratamiento de causas como la de armas donde aparecen nombres estrechamente vinculados al PJ en general y al menemismo en particular. Entonces, para garantizar la homogeneidad interna, decidieron evitarlas. Eso sí, antes debían convencer al resto de los integrantes de la comisión.
Sin ser tan explícito, uno de los que desarrolló la idea ante la comisión fue el cordobés Eduardo Di Cola, coautor junto a José Falú, del expediente de juicio político a partir del fallo del corralito.
El cordobés recostó su propuesta en la conveniencia política que tiene el caso por su alta cuota de contradicción, ya que los jueces emitieron en un lapso de poco más de treinta días dos fallos sobre un tema similar de manera absolutamente opuesta. Di Cola agrega, además, un dato que considera fundamental: la inmediatez o “celeridad y certeza” para emitir un dictamen, como suele repetir el diputado bonaerense José María Díaz Bancalari.
A su turno, según confiaron fuentes de la comisión, la también duhaldista Graciela Caamaño deslizó una propuesta operativa: emitir el dictamen en base al corralito y elevarlo al recinto para su aprobación. Recién después continuar con el tratamiento del resto de las causas. Esto disparó el debate. Incluso motivó un encuentro en los pasillos del Congreso entre Díaz Bancalari y Carrió, quien le reprochó la escasa voluntad del PJ para investigar a la Corte. El duhaldista buscó en todo momento demostrarle a la legisladora que no había nada para ocultar, sino que pretendían darle eficacia y contundencia a la acusación.
La resistencia de Carrió primero y la del titular de la comisión, el justicialista Sergio Acevedo después, abortó prácticamente la avanzada del PJ. El legislador santacruceño insistió con su posición de instruir la acusación a partir de un grupo de causas donde se puede determinar el “mal desempeño” con un estudio de la sentencia o acordada sin necesidad de recurrir a pruebas adicionales o testigos.
Ese grupo de causas tendrá un diputado responsable de su instrucción y un plazo que no superará los diez días hábiles para entregar un preinforme. A cargo del rebalanceo telefónico está el cavallista y ex juez cordobés Guillermo Johnson; la causa por la autorización para participar como candidato en las elecciones del año pasado al detenido ex gobernador de Corrientes, Raúl “Tato” Romero Feris, será coordinado por el neojusticialista Franco Caviglia; el corralito financiero lo instruirá Di Cola; Carrió tiene a su cargo el atentado a la Embajada de Israel, la venta ilegal de armas lo estudiará Caviglia y la de ética, descrédito y mal ejercicio de las facultades de superintendencia, Nilda Garré (Frepaso). Esta última causa incluye el conocido affaire de los autosconfiscados a detenidos por causas de drogas y que utilizaban los supremos para uso personal (ver nota aparte).
A partir de estos preinformes, la comisión en pleno los evaluará y aprobará. Cada uno de ellos, transformados en un expediente serán elevados a los miembros de la Corte que resulten involucrados. Los imputados podrán realizar su descargo, para lo cual sólo contarán con cinco días de plazo. Transcurrido ese lapso, la comisión emitirá un dictamen. A partir de ese momento lo único que restará será la redacción de la acusación que tendrá que ser elevado al plenario de la Cámara baja para su aprobación con los dos tercios de sus miembros.