Con la exigencia de “toda la verdad, toda la justicia” como consigna central, el reconocimiento por los 264 represores condenados y más de 800 procesados, pero también con reclamos históricos como el juicio a los cómplices civiles del terrorismo de Estado más un amplio abanico de cuentas pendientes de distintas épocas, desde la “aparición con vida de Jorge Julio López” o la exigencia de que las cárceles “dejen de ser centros de tortura y muerte” hasta los recientes asesinatos de militantes campesinos en el norte del país, organismos de derechos humanos realizaron ayer en Plaza de Mayo su histórica Marcha de la Resistencia.

La 31ª edición de la caminata en torno de la Pirámide que Madres y Abuelas realizan cada diciembre desde 1981 fue convocada este año por ambas agrupaciones (en el caso de Madres por la Línea Fundadora, ya que la asociación de Hebe de Bonafini tomó distancia en 2006 al considerar que “ya no tenemos un enemigo en la Casa Rosada”), más Hijos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia.

A la imagen de los organismos de derechos humanos portando su bandera con rostros de víctimas de la dictadura se agregaron postales menos imponentes, pero no menos significativas: fotos de los tres hombres jujeños asesinados en julio durante el desalojo del predio del Ingenio Ledesma, de Nora Cortiñas recordando que “Ledesma mata” desde la leyenda de un barbijo, imágenes del pibe Luciano Arruga, “desaparecido en democracia” en manos de la Policía Bonaerense, carteles de reclamos de justicia por los asesinatos de Cristian Ferreyra, militante del Mocase-Vía Campesina de Santiago del Estero, y también por las muertes de Mario y Roberto López, “hermanos Qom asesinados por los sicarios de Insfrán”, en referencia al gobernador formoseño Gildo Insfrán.

A las seis de la tarde, mientras un turista desconcertado indagaba el motivo del encuentro y desde el escenario sonaban los “tambores en lucha” de La Chilinga, habitués de las convocatorias de los organismos, en torno de la pirámide eran escasos los familiares caminando con las fotos en blanco y negro de sus seres queridos, y numerosas las banderas de pibes de La Cámpora, Nuevo Encuentro y la CTA, entre otras agrupaciones.

Una consigna distintiva este fue año fue el pedido de “libertad de Karina Germano”, militante de Hijos en sus comienzos, quien cumple desde 2006 en la Argentina una condena por un secuestro en Brasil. La Galle Germano, en el penal de Ezeiza, recordó desde una grabación que fue extraditada con la ayuda del ex presidente Néstor Kirchner, que fue “víctima de fiscales y jueces cómplices de la dictadura, quienes por mi condición de Hija me quitaron todos los derechos”, y que desde hace cinco años pide sin suerte acceder a salidas transitorias. “El pedido se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia”, recordó.

“La marcha significa hoy seguir reclamando toda la verdad y toda la justicia”, enfatizó Martín Fraga, de Hijos. “Se logró mucho, pero también faltan muchos juicios, falta juzgar a empresarios cómplices como los Blaquier o los de Mercedes Benz, a la Triple A y a la CNU; falta abrir los archivos de la Secretaría de Inteligencia, de la Policía Federal y de las policías provinciales, falta encontrar a 400 nietos y también trabajar para que no haya más muertes como las de Ferreyra, del Mocase santiagueño, y también el del Partido Obrero”, destacó.

Mientras en el escenario los pibes de Jahmila dedicaban el Bella Ciao de los partisanos italianos “a la resistencia de los pueblos indígenas”, militantes que se distanciaron de los organismos de derechos humanos más cercanos al kirchnerismo enumeraban reclamos que quisieran escuchar con más fuerza. “Hace cinco o diez años pedíamos para que no reprimieran a los pueblos originarios y no corrieran a los campesinos de sus tierras. Algunos quieren creer hoy que eso ya no existe”, lamentan. “La marcha sigue teniendo el mismo significado que hace 30 años: resistir contra la impunidad. Claro que hubo cambios, pero la impunidad pasa hoy por tener más de cuatro mil procesados por protestas sociales mientras los represores procesados apenas pasan de 800”, apunta Nora López Pomé, presidenta de la Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos.

Los organismos celebraron en el documento consensuado el avance de las causas contra “la corporación judicial”, reclamaron celeridad y cárcel común a los represores, pero también “consolidar un proyecto social de inclusión en todos los niveles”. “No podemos seguir permitiendo que los empresarios y sus cómplices en los distintos poderes avancen sobre las tierras y los pobladores originarios”, advirtieron.