La diputada María José Lubertino presentó ayer un proyecto de ley que paraliza las demoliciones de edificios patrimoniales en toda la ciudad. El proyecto fue impulsado por 23 organizaciones barriales y patrimonialistas porteñas y fue acompañado por el diputado Martín Hourest. La idea, que llama la atención por lo drástica, fue la respuesta a la iniciativa del macrismo de no renovar la ley 3056, la única que defiende los edificios anteriores a 1941. Según explicó Lubertino, donde el oficialismo buscó liberar las demoliciones por vía administrativa, su proyecto busca congelar la destrucción de edificios y crear un catálogo de piezas a salvar que pueda ser tratado en la Legislatura.

El sistema de tratamiento del patrimonio edificado –ver recuadro– vence el 31 de diciembre. Al caer la ley 3056, la Ciudad revierte al sistema anterior, donde demoler un edificio histórico era un simple trámite administrativo que se aprobaba sin tener en cuenta el aspecto patrimonial. Curiosamente, el sistema hasta ahora vigente nació con el macrismo en el poder, debido a una crisis legal ocurrida en los finales del gobierno de Jorge Telerman, en la primavera de 2007.

En ese momento, la flamante ONG Basta de Demoler presentó un amparo para evitar la demolición de la Casa Bemberg, en Montevideo al 1200. El planteo fue que existía nada menos que un conflicto de poderes de rango constitucional, ya que el Ejecutivo permitía demoler un edificio que estaba siendo considerado por el Legislativo para su catalogación. Pero si se derrumbaba el edificio, los diputados se encontraban con una cuestión abstracta entre manos, con lo que una rama del gobierno no dejaba que la otra hiciera su trabajo. La Justicia concedió el amparo, la Ciudad apeló y la Cámara porteña en lo Contencioso Administrativo y Tributario respaldó el fallo y lo extendió a todos los casos similares. De hecho, le ordenó al Ejecutivo que se abstuviera de dar cualquier permiso de demolición por la sola razón de que existiera un proyecto legislativo.

La solución a la impasse fue crear un sistema alternativo para los edificios anteriores a 1941, fecha elegida simplemente porque la Ciudad realizó durante 1940 un completo relevamiento aéreo que se conserva y sirve como base de datos. El sistema, creado de apuro, funcionó bajo una lluvia de críticas pero sirvió para mediar intereses opuestos y creó de hecho un amplio listado de edificios a preservar, que la Legislatura todavía debe tratar.

Este sistema era provisional y por un año, con lo que a partir de 2008 se creó la tradición de renovarlo por otro más. Así fue que ocurrió, sin mayores sobresaltos, hasta este final de 2011, cuando el macrismo decidió liquidarlo. El momento elegido fue el viernes 25 de noviembre y el lugar, la Comisión de Planeamiento de la Legislatura, que coincidía en horario con la de Finanzas y Presupuesto. Varios diputados de la oposición avisaron que llegarían tarde, por tener que asistir a la otra reunión, pero los miembros del PRO se presentaron a pleno. Allí escucharon a vecinos que reclamaban la renovación, debatieron brevemente algunos temas, firmaron despachos y se fueron. Sólo entonces quedó en claro que no habían aprobado el que renovaba la ley de patrimonio.

En los días siguientes, primero discretamente y luego con toda apertura, los diputados oficialistas dijeron que “la orden vino directamente de Macri”. De hecho, el único macrista que sí había firmado, Patricio Di Stefano, tuvo el inédito gesto de presentarse y retirar su nombre del despacho. Varios diputados de oposición le dijeron a Página/12 que fue inútil intentar revertir la actitud del oficialismo. “Te contestan que por algo tienen el 64 por ciento (de los votos)”, contó un diputado. Ni siquiera se pudo obtener garantías sobre la situación legal de los inmuebles ya tratados bajo la ley 3056.

Con toda vía cerrada, ONG como Basta de Demoler, Proteger Barracas, Protocomuna Caballito, SOS Caballito, Amigos de la Avenida Pueyrredón, Fundación Ciudad, Recoleta Peligra, Vecinos por La Cuadra, Asociación Civil La Imprenta y un largo etcétera que incluye grupos de Boedo, San Telmo, Parque Chacabuco, Saavedra y Palermo, decidieron apoyar lo que terminó siendo el proyecto 2519-D-2011. El texto de Lubertino es simple y pide la catalogación de todos los edificios, públicos o privados, anteriores a 1941 que existan en la ciudad.

“Siguiendo el fallo de la Cámara”, explicó la diputada, “el gobierno porteño no puede permitir que los demuelan por el simple hecho de que este proyecto de ley tiene estado parlamentario. Cualquier demolición que se autorice a partir de este momento es ilegal.”