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Pedro David se fue del país y volvió muchas veces. Partió expulsado por dictaduras, en 1955 y 1976, o eyectado por los resabios que esos regímenes dejaron en tribunales en democracia y tentado por organismos internacionales para trabajar en derecho penal y, en especial, en derechos humanos. David integra la Cámara de Casación Penal –el escalón previo a la Corte– desde su creación, en 1992, donde siempre se sintió sapo de otro pozo entre jueces a los que el ex ministro de Justicia Carlos Arslanian bautizó como “esperpentos”. Volvió a irse en 2008, elegido para juzgar los crímenes de la ex Yugoslavia. En su último retorno, hace dos meses, aterrizó con grandes expectativas. La semana pasada fue elegido presidente de Casación y, según le dijo a Página/12, uno de sus grandes objetivos es que este tribunal deje de ser el principal escollo para completar los juicios contra represores de la última dictadura: “Resolver los casos de delitos de lesa humanidad será absolutamente prioritario”, anunció. “Quiero aprovechar este nuevo tiempo en Casación”, explicó, en alusión a que casi la mitad del tribunal cambió en cuestión de semanas.

A los 82 años, David disfruta repasar cómo se forjó como jurista. Cuenta, entre muchos otros datos, que en Estados Unidos, dirigió el Departamento de Criminología de la Universidad de Nuevo México y fue consejero de Prevención del Delito y Justicia Penal de Naciones Unidas, en Viena. En el tribunal Penal de La Haya llegó a trabajar en dos juicios en simultáneo.

–¿A qué se debe su entusiasmo? Uno podría pensar que después de más de medio siglo en la Justicia y sus experiencias en el exterior ya vio todo.

–Las nuevas incorporaciones en Casación son un cambio importante (se refiere a los nombramientos de Alejandro Slokar, Ana Figueroa, Mariano Borinsky y Juan Gemignani). Le llamo nuevo tiempo por los cambios no sólo en la composición, sino en las circunstancias históricas y nuevos desafíos. Los tribunales también reflejan los cambios de doctrina y de pensamiento. Cuando juramos en diciembre de 1992 en Casación, el único o casi el único juez que no había servido bajo el gobierno militar era yo. Por una u otra razón ejercieron la judicatura entonces. A mí me cesantearon, pero tampoco quise servir como juez bajo un gobierno militar. En el ’55 era juez de la Corte de Salta. En el ’76 integraba la Cámara Criminal de Capital. Yo era un juez de la Constitución. Con esto no estoy acusando a nadie, es sólo una diferencia.

–¿Cómo convivió con esa composición de Casación, de la que aún queda parte?

–Un juez puede defender sus opiniones aun en el contexto colectivo de un tribunal. Para eso tiene la jurisprudencia y la doctrina, y la guía de su propia conciencia. Mi sala, la Sala II, con Juan Fégoli especialmente, fue absolutamente renovadora. Pusimos la impronta en las causas de derechos humanos. De hecho, antes de irme al tribunal penal (en La Haya) declaramos la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida, donde establecimos la imprescriptibilidad de los crímenes. Y antes habíamos intervenido en el caso de Arancibia Clavel, donde voté para que el Estado chileno pudiera ser querellante para defender los derechos de las víctimas. Ese fallo sirvió de antecedente para que las ONG quedaran legitimadas para presentarse en los juicios. La Corte luego pudo condenar Arancibia Clavel.

–Pero la Casación tiene más salas y la mayoría operó como un “embudo” en causas de derechos humanos.

–Bueno, cada sala tenía su conducta, no quiero personalizar.

–¿Con qué panorama se encontró a su regreso?

–Casación estuvo signada por muchos conflictos en los últimos años. Yo, por ejemplo, le había denegado la excarcelación a Alfredo Astiz y en mi ausencia (los subrogantes) se la otorgaron. Empezaron a cambiar el rumbo de toda la jurisprudencia que habíamos establecido con Fégoli. Después la Corte revocó y empezó a poner pautas. Lo que hizo la nueva Corte en los último seis o siete años en materia de derechos humanos es único en el mundo. Aquí no ha habido sólo comisiones para investigar la verdad. Se dictaron leyes y nulidades. Se ha tratado y se sigue tratando de averiguar la verdad en todos los sentidos. No sólo por la importancia de llegar a la verdad, sino de castigar a los responsables. En otros países, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, por ejemplo, hay mucho retraso.

–Aun así la Unidad de Derechos Humanos de la Procuración General sigue alertando sobre las demoras y centra la preocupación en Casación. Dice que en el último año se revisaron sólo tres sentencias contra represores.

–En sus comienzos Casación tenía 900 causas en total, cuando volví ahora encontré que había 10 mil, con el mismo número de jueces y salas. Ya se había creado por ley la Cámara de Casación ordinaria y se hicieron los concursos, pero aún no se implementó. Hubiera alivianado mucho el trámite de las causas ordinarias y derechos humanos. La celeridad de las causas de derechos humanos, además, está ligada a la necesidad de homogeneizar trámites. Hacen falta reformas procesales y una informatización acabada. Que no haya causas con compartimentos estancos, que las pruebas de una causa se apliquen directo a otras.

–¿Usted dice que es sólo un problema procesal y burocrático, no de voluntad y/o discrecionalidad de los jueces?

–Lo que le puedo decir, como presidente por asumir del tribunal, es que resolver los casos de delitos de lesa humanidad será absolutamente prioritario y voy a instruir a los presidentes de las distintas salas para eso. Vamos a dar actividad y movimiento a estas causas, para que no queden paradas. Serán prioritarias y dinamizadas, quiero decir, que no esperen el juicio de los siglos. No se puede hacer eso con ninguna causa y menos con causas de derechos humanos. Nosotros, en la Sala II, estamos haciendo nuestro inventario con todas las causas y su estado.

–¿Qué va a aportar de su experiencia en el tribunal penal para los crímenes de la ex Yugoslavia?

–La modernización de las doctrinas, pero en especial apuntalar los juicios con recursos más efectivos e interconexión entre las causas. Hay que lograr un sistema que permita la visualización conjunta de todas las tramas de los distintos casos. En La Haya todos los testigos que deponen en un juicio se incorporan directamente en otro, no necesitan declarar una y otra vez lo mismo. Hay que mejorar, además, el sistema de protección de testigos. Allí muchos testigos cambian de nombre y domicilio, incluso de países. Tienen una total confidencialidad.

–Usted se refería a la necesidad de una reforma procesal, ¿por qué todos los gobiernos prometen reformas procesales, hasta arman proyectos y ninguno la concreta?

–Es cuestión de voluntad política. Necesitamos una voluntad política del Estado para tener una justicia más flexible y ágil. La Justicia larga y poco efectiva genera escepticismo en la gente. Habría que combinar la protección de derechos con celeridad de procesos. Aligerar el sistema procesal, oralizarlo, pero con recursos, de manera que se puedan obviar las instancias escritas. Lo que sucede es que, por ejemplo, el programa de informática jurídica empezó con el gobierno de Raúl Alfonsín y aún no se implementó en toda su dimensión originaria. Tampoco se pude reformar el Código Penal sin el procesal y viceversa. Las reformas parciales no sirven.

–¿Pondría en esa categoría a la ley antiterrorista que se acaba de votar?

–Y, tengo la impresión de que es una reforma parcial, que se va a tener que calibrar en algún momento. Tal como se votó, va a depender de la aplicación cuidadosa que haga el Poder Judicial. Una cosa son los actos terroristas, otra son las actividades que son expresiones legítimas de protesta social. Yo participé en todas las discusiones sobre este tema en Naciones Unidas y no es sencillo. Aquí integré una comisión en el Ministerio de Justicia con Arslanian y el procurador Esteban Righi, creo que fue al comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, donde trabajamos en una ley para este tema, pero con una definición de terrorismo muy acotada, aunque no recuerdo los detalles. Deliberamos todo un año y después no se usó.

–¿Van a hacer reformas concretas en Casación?

–Vamos a modificar el reglamento para adaptarlo a los nuevos tiempos y a la nueva composición. Queremos dar celeridad y transparencia a todo. Que cualquiera pueda ver y saber, por ejemplo, en qué está un expediente, cómo es la circulación entre los jueces.

–La designación de Luis Cabral –presidente de la Asociación de Magistrados– como camarista subrogante en el tribunal fue cuestionada en varias presentaciones judiciales, entre ellas de un juez. ¿Las van a tratar o lo avalan?

–No le puedo decir ahora si vamos a analizar lo de Cabral, que no conozco en detalle, pero sí puedo afirmar que ya se acordó que de ahora en más las subrogancias son sólo entre jueces del propia tribunal, o en última instancia, se cuenta con una lista de conjueces que se le solicitó al Poder Ejecutivo.

–En una causa donde se investiga la presunta manipulación del sorteo de la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra y posibles sobornos justamente en Casación para favorecer a los ferroviarios detenidos, hay camaristas investigados: dos renunciaron al tribunal, uno no, me refiero a Eduardo Riggi. ¿Debería irse?

–Preferiría no opinar del caso puntual. Hay un principio de responsabilidad que todos tenemos, que implica que cada uno es responsable de lo que hace. La gente espera de los jueces una conducta de cuidado y responsabilidad y probidad.

–El juez de la Corte Enrique Petracchi, que tiene 76 años, fue cuestionado por abogados que interpretan que si el Senado no volvió a darle acuerdo debía jubilarse y dejar el tribunal ya el año pasado. Usted tiene seis años más.

–Estoy jubilado desde 1983, lo que percibo es la jubilación y algo que otorga la Corte. Soy legítimo en mis funciones y no tengo interés personal.