“Realmente a esta altura no importa tanto la sentencia, porque la mayoría de los responsables están muertos. Pero lo importante lo reflejaron los testimonios del juicio: hablaron de la calidad de personal que estaba porque quería al hospital y eso intentó destruir la dictadura. Para nosotros lo importante ahora es que ese relato quede avalado por la Justicia: no es lo mismo que lo digamos nosotros que lo diga un juez.” Zulema Chester es hija de una de las víctimas del hospital Posadas, querellante del juicio oral que empezó en octubre, con más de treinta años de demora, y cuya sentencia finalmente llegará el próximo jueves. Entre los acusados está el emblemático dictador Reynaldo Bignone, para quien fiscalía y querellas pidieron 25 años de prisión. Una de las expectativas más importantes está puesta en la evaluación que haga el Tribunal Oral Federal 2 sobre la única persona que llegó a juicio como parte del grupo de tareas Swat y, en ese sentido, qué evaluación haga sobre el funcionamiento de esa organización. Mientras fiscales y querellas probaron que Swat actuó como grupo represivo, la defensa intentó presentarlo como un grupo administrativo.

El juicio del Posadas llega a un final después de varias semanas de audiencias caldeadas que potencian las expectativas. Además de Bignone –que, por su rol en el Ministerio de Acción Social, el día del golpe decidió la intervención del hospital–, están acusados Hipólito Mariani, ex jefe de la Brigada Aérea de El Palomar, y Luis Muiña, del grupo “Swat”, un comando interno del Posadas, a cargo de la dirección y –acaso como en ningún otro lado– con contratos de trabajo, como explicó la fiscalía de Javier de Luca. Los tres están acusados por privación ilegal de la libertad y tormentos de 21 personas, entre las que hay seis desaparecidos. Pese a las pruebas del hallazgo del cuerpo de Jacobo Chester o de los testigos que dijeron haber visto cómo murió Jorge Roitman en el centro clandestino, en las últimas semanas el TOF rechazó un pedido de la fiscalía para sumarles los cargos por los homicidios.

Otro de los puntos complicados del último tramo fueron los alegatos de las defensas oficiales. Los familiares se quedaron impactados con la defensa de tono política de los abogados, entre ellos a Santiago Finn: “Queremos repudiarlos porque reivindicaron las leyes de la dictadura y yo creo que hay que salir a denunciar estas cosas porque estudiaron en la UBA y tienen un sueldo que pagamos todos”, dijo Chester, en una posición con la que coincidió la fiscalía.

Fuera de eso, el juicio mostró novedades para la historia del Posadas. Hubo familiares que declararon por primera vez. También médicos. Decenas de trabajadores del hospital volvieron a dar testimonio. Uno de los médicos habló del acercamiento a la villa Carlos Gardel, ubicada enfrente, clave para entender la ola represiva: “El hospital era un edificio al que la gente de la Carlos Gardel no se atrevía a entrar, los profesionales empezaron a reunirse en la villa para decirles que el hospital era para ellos, que podían vacunarse, ir. Ellos empezaron a participar de las asambleas, de las líneas de trabajo y a eso fue a lo que le quisieron pegar”, dice Chester. “A lo largo de todos estos años, costó abrirle la cabeza a la gente y demostrar qué había pasado acá. Eso está apareciendo ahora”.