La mujer pasa horas en su despacho. Escribe fallos, le da letra a su jefe, integrante de la Cámara de Casación Penal. Lleva años haciéndolo. Un día reciente se levanta de la silla para moverse hacia otra oficina del mismo tribunal donde hay una audiencia. Con naturalidad, se muda de la función de secretaria al papel de abogada y alega en defensa de su padre, el general de brigada (R) Braulio Olea, condenado en 2008 en Neuquén a 25 años de prisión junto con otros siete represores que estuvieron a cargo del centro clandestino de detención La Escuelita. Luego vuelve a su escritorio. La situación generó un gran revuelo en el último “acuerdo de superintendencia” donde se reúnen los titulares de las cuatro salas de Casación y terminó en la decisión de la presidenta saliente de la cámara, Angela Ledesma, de abrir una investigación sumaria. La jueza planteó que podría haber una violación a las reglas, ya que la empleada no habría estado autorizada a actuar como defensora, pero señaló que la cuestión iría más allá incluso de la discusión sobre su ética y decoro: ¿qué hace un secretario/a del tribunal que tiene que resolver cientos de casos de lesa humanidad (que se supone intenta agilizar) litigando ahí mismo?

María Laura Olea es secretaria en la Cámara de Casación. Fue prosecretaria y actualmente es mano derecha de Eduardo Riggi, de la Sala III, según informaron en el tribunal a Página/12. Riggi es uno de los jueces más antiguos del tribunal. Su nombre sonó mucho en los últimos meses porque se lo investiga en una presunta trama de sobornos destinados a conseguir la libertad de los acusados del asesinato de Mariano Ferreyra y beneficiar a José Pedraza. Dos ex secretarios suyos están citados a indagatoria por ese asunto. A Olea, en rigor, el juez Riggi la autorizó a tomarse una licencia sin goce de sueldo en 2008 para ejercer la defensa de su padre en el juicio oral en Neuquén. Esa decisión fue avalada por los camaristas Liliana Catucci, Juan Fégoli, Juan Carlos Rodríguez Basabilvaso y Ledesma. Entonces entendieron que si bien el Reglamento de la Justicia Nacional prohíbe a los empleados y funcionarios judiciales ejercer como abogados, existe una excepción, y es cuando quieran hacerlo por causas personales o en representación de familiares directos.

El juicio contra Olea y otros militares en Neuquén fue tres años atrás. Se los acusó y condenó por secuestro, robo, coacción, asociación ilícita y tormentos, tanto psíquicos como físicos aplicados a las víctimas. La hija del general volvió a su despacho en tribunales. La revisión de la sentencia le tocó a la Sala IV de la Cámara de Casación, que hoy integran Gustavo Hornos y dos jueces nuevos, Mariano Borinsky y Juan Gemignani (h). A la audiencia recientemente convocada para que las partes expusieran sus argumentos concurrieron los abogados de ambos lados, la secretaria incluida, quien expuso junto a otro defensor, Gerardo Ibáñez. Duró diez horas y allí nadie cuestionó a la mujer. Sin embargo, su aparición no pasó inadvertida y el rumor llegó a otros jueces.

El miércoles pasado, el tema fue planteado en el llamado “acuerdo de superintendencia”. Lo introdujo Ledesma y se sumó Pedro David. La jueza, si bien fue una de las que había habilitado a Olea en 2008 para asumir la defensa, esta vez consideró que debió tramitar una nueva autorización, más aún teniendo en cuenta que es una empleada del mismo tribunal que ahora está revisando la condena de su padre. Catucci dijo que creía recordar que el permiso de años atrás había sido acotado en el tiempo y a su actuación en el tribunal de Neuquén. La resolución no lo definía taxativamente. Hornos, que en su momento se había negado a firmar el permiso, dijo que a pesar de eso había dado por hecho que estaba vigente y no correspondía desautorizar una decisión adoptada por el tribunal.

Ni Hornos ni Catucci ni Raúl Madueño, que participaban de la reunión, quisieron abrir un sumario, pero le plantearon a Ledesma que si lo creía conveniente abriera una “prevención sumaria”, es decir, una suerte de investigación preliminar que allane el camino al sumario propiamente dicho. Y así lo hizo. Ayer ya mandó a pedir a la Sala IV las filmaciones de la audiencia. Olea padre tiene otra causa que está a consideración de Casación, pero en la Sala II, que es la que está promoviendo la agilización de las causas de derechos humanos. En ese expediente no está como abogada la hija.

El sumario contra la secretaria podría terminar en una sanción o hasta en su despido, pero además tiene un valor simbólico agregado en un tribunal que por largos años apañó a los represores y complicó las causas sobre el terrorismo de Estado. Hay un dato, que sería agregado a esta investigación con videos que pueden verse en YouTube, que podría complicar más a Olea: ella habría estado en el escrache al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que impulsó un grupo de hijos de represores (que se autodenominan “Hijos y Nietos de Presos Políticos”) cuando el juez presentaba en la Facultad de Derecho de la UBA su libro sobre el avance de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura (Derechos Humanos: Justicia y Reparación).

Los jóvenes acusaron a Lorenzetti de no respetar los derechos humanos de lo represores. El les contestó que con los juicios “no hay marcha atrás” y que tienen todas las garantías que ellos negaron durante la dictadura. Olea, con defensa especial, lo sabe.