El amparo presentado el viernes 23 de diciembre por las seis principales ONG de defensa del patrimonio no fue apelado por el gobierno porteño. La inesperada ausencia hace que lo dispuesto originalmente por la jueza Andrea Danas quede en firme. Se trata nada menos que una prohibición absoluta al Ejecutivo de la Ciudad de dar permisos de demolición o reforma. De hecho, la jueza le ordenó al gobierno porteño cumplir la ley de protección de patrimonio que el PRO se encargó de no renovar a fines de año y que venció a la cero hora del 1º de enero.

María Carmen Usandivaras, letrada del grupo Basta de Demoler, presentó el amparo junto a la Fundación Ciudad, Proteger Barracas, Salvemos Floresta, SOS Caballito y Protocomuna Caballito, con el apoyo de varias organizaciones de San Telmo, La Boca, Boedo y otros barrios. El recurso se originó en un drástico cambio de política del macrismo en la Legislatura, que súbitamente se negó a renovar el procedimiento especial que protegía, de una manera tenue y cuestionable, los edificios de la ciudad anteriores a 1941.

Este sistema había surgido en diciembre de 2007, con el macrismo recién llegado al poder, como una manera de calmar la por entonces novedosa causa por el patrimonio. La flamante Basta de Demoler había ganado un amparo que le impedía al Ejecutivo autorizar demoliciones de edificios que el Legislativo estaba considerando proteger. El amparo había sido sostenido en la Cámara porteña y los patrimonialistas habían sorprendido mostrando una capacidad de movilización y un impacto en los medios inesperados.

Macri no quería arrancar su gestión con el tema explotando, con lo que el PRO aceptó una idea de la entonces diputada y presidente de la Comisión de Patrimonio Teresa de Anchorena. El procedimiento especial se aplicaba a edificios anteriores a 1941, que ya no podían ser demolidos “por ventanilla”, sino que tenían que ser vistos como piezas de posible valor arquitectónico, cultural o social. La revisión quedaba a cargo de un ente poco conocido, el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales.

En estos cuatro años, el Consejo recibió 5242 pedidos de demolición, liberó 4253 y recomendó a la Legislatura que catalogara apenas 989 edificios. Cada año, el régimen fue renovado sin mayores discusiones, pese a la manifiesta hostilidad de los desarrollistas inmobiliarios y las críticas por la facilidad con que se autorizaban demoliciones de las ONG. Este año, las cosas cambiaron.

El PRO, según dijeron abiertamente varios de sus legisladores, recibió la orden “directo de Macri” de bloquear la renovación de la ley. Cristian Ritondo fue el encargado de la operación, que consistió simplemente en no firmar el despacho correspondiente en la Comisión de Planeamiento –paso que impide que un proyecto sea votado– y en disciplinar a los gritos a quienes se retobaron. Varios intentos de negociar un cambio de actitud, desde la oposición y desde dentro del bloque, fallaron ante la cerrada negativa de reconsiderar la “orden”.

Con lo que las ONG presentaron el amparo, que pide que el Ejecutivo se abstenga de autorizar ninguna demolición en el universo entero de edificios anteriores a 1941, unos 140.000 inmuebles que representan menos del 20 por ciento de la ciudad construida. Por turno, el caso fue visto por la jueza en lo contencioso administrativo tributario Andrea Danas, que aceptó el argumento de urgencia y se expidió al final del mismo día. Danas argumentó en su precautelar que efectivamente es el Legislativo el que debe determinar qué pasa con el patrimonio entero de Buenos Aires, que este sábado a medianoche se quedó sin ley.

La jueza permitió al Ejecutivo un solo mecanismo posible para que se destruyan edificios anteriores a 1941, que es exactamente el que marca la ley que el PRO bloqueó. Si el macrismo quiere que se demuelan edificios de más de setenta años, deberá enviarlos al Consejo Asesor y respetar su fallo. Danas agregó la orden de que en un plazo no mayor a cinco días se le comunicara todo trámite así manejado.

El martes 27, el primero laborable después del receso de Navidad, el caso fue sorteado, paso procesal habitual cuando un amparo es dictado por un magistrado de turno. El tema recayó en el juzgado 10, a cargo del juez Hugo Zuleta, cuyo nombre seguramente es recordado por el mismo jefe de Gobierno. Es que este juez fue quien recibió, todavía en tiempos de Aníbal Ibarra, un amparo presentado por los vecinos de San Telmo/Barracas por el abandono en que estaba el Parque Lezama. Tras interminables apelaciones y vueltas legales, la Cámara confirmó el fallo a favor de los vecinos y ordenó las obras.

Mauricio Macri en persona anunció un plan en tres etapas para restaurar y enrejar el parque, construirle una bicisenda y renovar los juegos. Lo que el jefe de Gobierno no hizo fue pagar la multa de cien pesos diarios que corría desde febrero de 2007, con lo que en 28 de octubre de 2008 se encontró con su sueldo embargado por Zuleta.

Esta vez, el juez se quedó esperando el escrito de la Procuración que, insólitamente, no llegó en el plazo procesal debido. El amparo, hasta ahora una precautelar, quedó entonces en firme.