La Salada es un complejo ferio-comercial en el conurbano sur bonaerense, a la vera del Riachuelo, en el partido de Lomas de Zamora, cercano al puente La Noria. El predio consta de cuatro ferias, tres reconocidas por la Municipalidad de Lomas de Zamora, que pagan impuestos, y una ilegal. Todas están ubicadas en terrenos provinciales. Entre las cuatro reúnen unos 30 mil puestos que se alquilan por hasta 500 dólares la noche, en el caso de los habilitados. El precio para la compra de estos puestos supera los 50.000 dólares y llega a los 100 mil, dependiendo de la ubicación, según distintas fuentes. Los administradores de las ferias calculan que en “un buen día pueden llegar a recaudar unos 50 millones de pesos”. Esta feria cuenta con más de 8000 trabajadores permanentes en el complejo, entre comerciantes, empleados y changarines. Congrega cerca de un millón y medio de personas por jornada y al año mueve más de 2000 millones de pesos.

La historia de La Salada se remonta a principios del siglo pasado, cuando el Riachuelo no contaminado ofrecía baños curativos a vacacionantes, justo antes de que el primer peronismo lo transformara en un balneario recreativo, bautizado como Punta Mogote. Tiempo después el establecimiento de industrias contaminantes en la cuenca del río Matanza despoblaron la zona, preparando el terreno para su actual ocupación. Con más de 30.000 puestos, La Salada alimenta de prendas de vestir, artículos para el hogar, calzados, bijouterie, lencería, herramientas, entre otros productos, a varios miles de grandes y pequeños comercios en todo el país.

La feria funciona durante la noche y la madrugada, tres veces por semana, y lleva ya más de quince años de actividad. No todos los predios funcionan igual. Las tres ferias más antiguas son, ordenadas por la calidad de sus ofertas: Punta Mogote (ubicada en el terreno de las tres piscinas de agua salada del ex balneario), Ocean y Urkupiña. Estas tres ferias cuentan con miembros “regularizados impositivamente” y sus vendedores registrados como monotributistas, por lo que rechazan que se los considere como “informales”. En este caso, apuntan a los que sí consideran “ilegales”. Se trata de la feria La Ribera. Allí se concentra el eslabón más débil: los vendedores que no pueden pagar para ingresar a los complejos “habilitados”. Entre los feriantes hay dos niveles: el que tiene puestos y empleados y el feriante que alquila un pequeño espacio.

Establecer un puesto en el complejo no es barato. El derecho a ocupar un lugar, por caso de dos metros de frente por cuatro de fondo, durante los días de feria (miércoles, sábado y domingo) se cotiza hasta en 100 mil dólares para los tres complejos formales. En su mayoría, son ocupados por fabricantes y confeccionistas, o bien, importadores desde China de los productos que ofrecen. La compra del puesto, al igual que quienes pagan una renta de hasta 500 dólares la noche, se realiza sin papeles ni títulos de propiedad. Todo es “de palabra”. Los puestos que se encuentran en La Ribera, donde se realizó el operativo, son más baratos, debido al alto grado de informalidad. En este caso, los puesteros se llevan hasta 35 mil pesos por jornada.

También son el subproducto de la explotación. Sin embargo, muchos de los empresarios que se quejan por la actividad del complejo mantienen talleres clandestinos. En esos talleres, los empleados tercerizados muchas veces venden en estos puestos el remanente de la producción que realizan para alguna importante marca. También están los que lisa y llanamente copian prendas o calzado. Según cálculos de las cámaras empresariales, esto provoca un perjuicio de más de 550 millones de dólares al año, teniendo en cuenta que además se crearon nuevas marcas para el mercado local.

La Cámara de Comercio de Lomas de Zamora dice que en La Salada se venden productos “fuera de las normas legales” y que las mercaderías que se comercializan allí “son de dudosa procedencia”. Por este motivo, solicitó informes sobre la actuación de la Subsecretaría de Ingresos Públicos en la inspección de la Feria La Salada. Desde la AFIP no realizaron declaraciones al ser consultados por este diario. “No tienen contrato de locación sellado ni controles fiscales ni pagan IVA. No puede haber dos estándares de formalidad. Hace unos días le dijimos al ministro de Economía (Hernán Lorenzino) que la subsistencia de estos sectores hace que gradualmente muchos empresarios que están en blanco pasen una parte de su actividad a la informalidad”, dijo a Página/12 el titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Carlos de la Vega.

Mientras tanto, la feria sigue creciendo. Hace unos meses se inauguró un playón elevado (de losa) para más de 500 colectivos, que llegan en cada jornada de todo el país, además de una gran cantidad de combis y autos particulares. En Punta Mogote se estableció también un centro para atención médica primaria, un comedor infantil para más de 300 niños y una escuela de fútbol. “Ahora estamos planificando un centro comercial de verdad, con patio de comidas y todo, del otro lado del río. Pero estamos esperando la habilitación y otros papeles”, anticipó meses atrás el actual administrador de Punta Mogote, Jorge Castillo.