La Procuración General de la Nación recomendó a la Corte Suprema de Justicia que ratifique la destitución de Luis Miret como camarista federal de Mendoza, resuelta el año pasado por un jurado de enjuiciamiento. La procuradora Laura Monti, a cargo del cuerpo durante la feria de enero, consideró que debe rechazarse un recurso de queja presentado por Miret, removido al constatarse su “mal desempeño” frente a denuncias por delitos de lesa humanidad cometidos pocos meses antes del inicio de la última dictadura. El expediente espera ahora una definición de la Corte.

El ex juez había argumentado, para rechazar la remoción, que el jury “carecía de jurisdicción al momento de dictar su fallo” ya que anteriormente él “había presentado su renuncia” ante la Presidencia de la Nación; y como ésta no se había expedido al respecto, a su entender “debía interpretarse como una aceptación tácita” de la dimisión.

En una resolución que se difundió ayer, Laura Monti replicó que “si se considerara que el Poder Ejecutivo Nacional puede aceptar tácitamente la renuncia de un juez sometido a enjuiciamiento, se violaría la división de poderes y se causaría un daño a la comunidad”, para la que “resulta relevante que se desentrañe cuál ha sido la actuación de los magistrados que deciden sobre sus derechos y obligaciones, además de que, como es evidente, puede no ser la misma la situación del magistrado removido que la del renunciado (por ejemplo, en el aspecto previsional y en la eventual imposibilidad de ocupar cargos públicos)”.

Otro argumento de Miret era que el jury no estaba facultado para evaluar su conducta “previa a que el Senado prestara acuerdo en 1984 (a su designación), pues ésta ya había sido examinada por el órgano legislativo”. La procuradora también descartó estas razones, porque –sostuvo– “al momento de conceder el acuerdo para la designación” como camarista federal, el Senado “no conoció en plenitud” los hechos que se le endilgaron al removerlo. Con esas razones, Monti dictaminó a favor del rechazo del recurso del ex magistrado.

El 11 marzo de 2011, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación destituyó por unanimidad a Miret, acusado de mal desempeño de sus funciones por no haber denunciado ni investigado delitos de lesa humanidad. El jury consideró que Miret violó la obligación de todo juez de “investigar los delitos que fueran de su competencia y de denunciar aquellos que correspondieran a otra y de los que tomara personal conocimiento”. Los casos que valieron la remoción de Miret fueron el secuestro y las torturas que sufrieron León Eduardo Glogowski, Ismael Esteban Calvo Gutiérrez, Blas Armando Yanzón, Prudencio Oscar Mochi y Luz Amanda Faingold Casenave, entre agosto y septiembre de 1975, en Mendoza.

Para la procuradora Monti, “la falta de demostración en forma clara, inequívoca y concluyente de lesión a las reglas estructurales del debido proceso en el trámite del juicio político deriva en que no haya materia federal para la intervención de la Corte por la vía que se intenta. Por ello, corresponde rechazar la queja”.