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El caudillo Francisco Franco murió a fines de 1975, cuando en la Argentina se veía venir la sombra de la dictadura. La salida del franquismo se hizo sobre la base de la amnistía de los crímenes cometidos por el régimen, como quiso hacer aquí la dictadura en 1982. En España se realiza ahora un juicio vergonzoso contra el juez Baltasar Garzón, el hombre que reivindicó para la Argentina, Chile y España la primacía de la justicia sobre la impunidad de los dictadores. Son caminos paralelos sobre un mismo tema y hasta resultan llamativos los parentescos de protagonistas entre cierto republicanismo conservador que en la Argentina respaldó a la dictadura y luego obstaculizó los juicios, y los fascistas españoles. O los políticos democráticos de uno y otro lado que (por necesidad o convicción) negociaron o tuvieron que negociar amnistías y luego se enfurecieron con otros políticos y juristas más democráticos que las abolieron.

Manos Limpias (versión española), la organización que aparece denunciando a Garzón, aduce virginalmente que su principal campo de actividad es la lucha contra la corrupción, pero todas sus querellas han sido presentadas exclusivamente en contra de políticos socialistas o nacionalistas catalanes y vascos. Manos Limpias quiere favorecerse con el prestigio que tuvieron en Italia los jueces que llevaron adelante Mani Puliti, pero usan la lucha contra la corrupción para desprestigiar a políticos que no piensan como ellos. Cualquier parecido con los denunciadores profesionales argentinos es pura casualidad. Manos Limpias es uno de los dos acusadores del juez español Baltasar Garzón que impulsó el juicio contra Pinochet y contra los represores argentinos cuando aquí y en Chile no querían hacerlos. Abrió de esa manera una luz para la justicia y aliento de esperanza para los familiares de las víctimas.

A pesar de que Manos Limpias se define como un sindicato de funcionarios públicos, su principal y único dirigente, y hasta es posible que sea también el único afiliado, es el abogado Miguel Bernad. El hombre fue responsable de la organización del partido Frente Nacional (tiene el mismo nombre que el de Le Pen en Francia) y es Caballero de Honor de la Fundación Nacional Francisco Franco. Sin embargo, uno de sus planteos legales fue contra el diario El País, porque en uno de sus editoriales la publicación lo calificó de dirigente de ultraderecha. Bernad rechazó que fuera cierto, pero “aunque lo fuera –se atajaba–, el artículo 14 de la Constitución impide que cualquier persona sea discriminada por religión, raza o ideología política”.

A muchas personas de derecha no les gusta que las identifiquen con esas ideas, a pesar de que las practican y defienden. Prefieren pasar por apolíticos y su forma de hacer política de derecha es presentando denuncias y querellas al punto que han desprestigiado esa práctica en España. No discuten las ideas del otro sino que buscan ensuciarlo y desprestigiarlo”.

El abogado Bernad prácticamente no ha podido evitar que la mayoría de sus presentaciones judiciales haya sido rechazada. Sorprendentemente en este caso contra Garzón, la acusación de Manos Limpias fue aceptada. Esta organización de ultraderecha fue la iniciadora de la causa contra Garzón por haber investigado los crímenes del franquismo. Luego se le agregaron otras dos agrupaciones de derecha: Libertad e Identidad y la Falange Española.

Al sistema español posfranquista, fundado en la complicidad y el olvido de los crímenes de la dictadura, le resultaba poco operativo que el querellante fuera la Falange porque quedaba muy en evidencia el trasfondo político del juicio. Entonces el juez de instrucción, Luciano Varela, rechazó el escrito de acusación de esa agrupación porque básicamente era un discurso político basado en la negación de la existencia de los crímenes del franquismo y en una reivindicación del caudillo falangista. Varela rechazó el escrito y dio dos días de plazo para presentar uno nuevo, pero la Falange quedó fuera de la querella.

El escrito de Manos Limpias era igual de inepto, pero el juez Varela se tomó el trabajo de explicarle cómo debía hacerlo. Con los consejos del juez, Bernad rehízo la denuncia. Alejándose del discurso fascista, Manos Limpias asegura ahora que sólo la guía el interés de “saber si el funcionario había cumplido con sus funciones”, algo que aquí en la Argentina sonaría tan republicanista como algunos de los que ejercen de denunciadores “independientes”.

Obviamente que Bernad también piensa que no existieron los crímenes de Franco, quien, según su visión, se habría limitado a defender a España del comunismo, una justificación que aquí han usado otros supuestos republicanos para justificar los crímenes de la dictadura (resulta extraño verificar cómo algunos supuestos republicanos de aquí se parecen tanto a los fascistas de allá). Pero aconsejado por el juez, Bernad se cuidó mucho de poner este pensamiento en la acusación contra Garzón. Según Gonzalo Martínez-Fresneda, defensor de Garzón, el juez de instrucción le dijo a Bernad que sacara del escrito todo el rollo político y que dejara sobresalir en pocas páginas el hecho de que Garzón había ordenado realizar acciones, sabiendo que estaban prohibidas por la ley de amnistía.

Aunque el sentido de este juicio es la defensa de la impunidad para los crímenes cometidos por el franquismo, se cuida mucho de mostrarlo y por lo tanto se centra en la chicana jurídica sobre prevaricato que el juez Varela aconsejó al señor Bernad.

Esta ha sido la historia que denunció Fresneda en su defensa de Garzón y por lo tanto cuestionó la parcialidad demostrada por el juez Varela y por otros cinco jueces que fueron apartados del tribunal por considerar que tenían prejuicios en contra del acusado. Durante toda la instrucción, Martínez Fresneda había presentado hasta doce recursos contra pedidos de Varela y todos fueron rechazados por estos cinco jueces, por lo que fueron acusados de no ser imparciales.

En consonancia con gran parte del sistema político español, incluyendo un sector del socialismo, Varela estaba más interesado en el juicio contra Garzón que el propio Bernad. Y su interés por mejorar la acusación puso de manifiesto su falta de imparcialidad. La defensa argumenta que si apartaron a cinco jueces que demostraron parcialidad por haber defendido todas las actuaciones del juez Varela, entonces las actuaciones de éste también deberían ser anuladas por la misma razón. Más allá de todo el palabrerío legal, lo que está diciendo Martínez Fresneda es que toda la causa está armada sobre la base de enemistades políticas contra Garzón.

Solamente en España quedan franquistas o personas que por omisión u obligación o convicción fueron parte del régimen y ahora no quieren ni recordarlo. Solamente en España quedan protagonistas de un sistema político que debió negociar amnistías. Para el mundo que no tiene franquistas ni conoce a esos políticos, el juicio contra Garzón es una gran fantochada, la defensa de uno de los regímenes más desprestigiados de la historia moderna.

En la Argentina, donde queda el esqueleto de aquel pensamiento elitista y autoritario que dio luz a la dictadura, es más fácil entender el odio que estos sectores pueden generar. Es el odio de un sector privilegiado que se desplegó siempre cobijado por la impunidad que le dio el poder político, militar y económico, y amparado por las jerarquías eclesiásticas. Es un odio que se desata cada vez que sienten que esos privilegios de impunidad son puestos en peligro. Es el mismo odio que se desató aquí cuando comenzaron los juicios y que después se mezcló en las movilizaciones del “campo”. Es el odio que secuestró a Julio López y que está esperando una revancha como la que tuvieron en España contra Garzón. Es un odio que nunca se acaba. Por suerte, tampoco se acaba la lucha por la justicia.