La Gendarmería Nacional admitió que envió personal de civil a manifestaciones de protesta gremial y social, y que maneja bases de datos con información personal de militantes y dirigentes sindicales y políticos. Así surge de un extenso informe, con varios anexos, que esa fuerza mandó a la Justicia federal, en el marco de la denuncia presentada a fines de noviembre por organismos de derechos humanos junto a los abogados de las personas identificadas por los gendarmes. En noviembre, Página/12 publicó el detalle de las situaciones descriptas en media docena de expedientes por cortes de ruta, especialmente en la zona norte.

La comisión interna de Kraft había acusado a la Gendarmería de “infiltración ilegal”, y del uso de un banco de información de los dirigentes sindicales, activistas y militantes de izquierda y dirigentes políticos solidarios. Lo hizo junto a Nora Cortiñas, Victoria Moyano, Myriam Bregman (Ceprodh), María del Carmen Verdú (Correpi), entre otros. La causa recayó en el juzgado federal 7º, que ordenó las medidas pedidas por el fiscal federal Gerardo Pollicita en cuanto a solicitar esos expedientes y consultar a las autoridades de la Gendarmería sobre si hay reglamentos que regulen esas “bases de datos”.

En su respuesta, la máxima autoridad de la fuerza reconoció que envían personal de civil a las manifestaciones “para evitar males mayores”, detalló las bases de datos a las que tienen acceso, y agregó que poseen una propia denominada Proyecto X, que utilizan para entrecruzar datos y generar “relaciones entre los mismos”. A modo de ejemplo, ese sistema permite ingresar un nombre y cruzarlo con “organización”, que puede ser “ilegal, legal, terrorista, desconocida o delincuencial”, según consta en el informe al que tuvieron acceso los denunciantes.