Discutieron puntos, comas y palabritas hasta que llegó el día y los jueces de la Cámara de Casación Penal aprobaron en forma unánime seis “reglas prácticas” para agilizar los “juicios complejos” –aquellos que aglutinan gran cantidad de víctimas– entre los que prevalecen los que involucran crímenes de la última dictadura, aunque también están comprendidos los de tragedias como la del avión de LAPA, Cromañón o, a futuro, el accidente del tren Sarmiento. La presentación en sociedad de las nuevas normas se hizo ayer en una reunión encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien dio un discurso de respaldo en el que exhortó “a todos los estamentos del Poder Judicial” a “hacer un gran esfuerzo” para “acelerar los tiempos” de los procesos judiciales. “La celeridad”, dijo, “es un reclamo de la población”. Las “reglas” de Casación apuntan a evitar la repetición de pruebas de un juicio a otro, la exposición reiterada de los testigos y la reedición de discusiones ya saldadas sobre hechos indiscutidos, como la existencia de un plan de exterminio durante el terrorismo de Estado. Incluyen advertencias para que los jueces no generen dilaciones con ardides legales, proponen un acuerdo entre las partes para fijar una frecuencia razonable de audiencias, reducir la lectura de la acusación y lograr alegatos acotados. Establecen inclusive pautas para proteger a las víctimas que deben testimoniar y resguardarlas de la “revictimización”.

Los jueces de Casación quisieron hacer un acto con la presencia de Lorenzetti por representar un aval frente a lo que se perfila como un cambio cultural que no será fácil de digerir en los sectores más conservadores de la familia judicial. En sus veinte años de existencia es la primera vez que esta cámara, máxima instancia penal, utiliza la facultad legal de impartir este tipo de pautas dedicadas a los tribunales orales, aunque trazan principios generales. La iniciativa surgió el año pasado, cuando empezaron a desembarcar nuevos camaristas y el primer impulso lo dio la Sala II, que integran Alejandro Slokar, Ana María Figueroa y Pedro David, con apoyo de Angela Ledesma, que presidía el cuerpo. Una comisión de jueces de todas las salas trabajó en la letra fina, cuidado para no herir susceptibilidades. Las reglas toman como base una acordada de la Corte Suprema que en 2008 puso como prioridad judicial “propiciar el juzgamiento de autores o partícipes de delitos contra la humanidad”. Los jueces más optimistas apuestan en voz baja a que con el nuevo esquema los juicios contra represores terminen en “cuatro o cinco años”. A su vez, las normas están pensadas para otros procesos complejos, “megacausas”, como Cromañón o accidentes de distinto tipo.

En la reunión de ayer, que fue cerrada pero difundida por video, una de las primeras cosas que dijo el titular de la Corte fue que celebraba la “renovación” de Casación que, aunque no lo explicitó, es sabido que en los últimos años tuvo gran responsabilidad en las demoras en el inicio de los juicios de lesa humanidad. Lo dijo aun frente a los viejos camaristas. Felicitó por las “reglas”, aclaró que no quitarán “autonomía” a los jueces a quienes pidió “mirar al pueblo de la Nación y ver cuáles son sus expectativas”. “Una Justicia que se demora, un procedimiento judicial que no tiene fin agrega a la tragedia que uno tiene una nueva tragedia judicial, una revictimización”, dijo. Reiteró que para la Corte agilizar los juicios de derechos humanos es “una política de Estado. También habló David, presidente de Casación, y devolvió las gentilezas citando el libro de Lorenzetti sobre los juicios de lesa humanidad.

Las seis reglas prácticas de Casación disponen lo siguiente:

- Los tribunales, al resolver planteos, deberán abstenerse del artilugio de pedir toda la causa completa, lo que suele convertirse en una excusa dilatoria por el volumen de los expedientes. A lo sumo, podrán pedir fotocopias puntuales.

- Tendrán que “evitar demoras innecesarias y formulismos” que causen atrasos y si no hay plazos establecidos se usará el de tres días. Todas las partes serán notificadas a la vez y podrán disponer de fotocopias sin trabas.

- Habrá una audiencia “preliminar” para que querellas, fiscales y defensas acuerden la prueba del juicio oral, con la premisa de “limitarla” a “aquella que resulta de imprescindible producción en el debate, o que sea relevante o dirimente”. Ya no se podrán poner en discusión los llamados “hechos notorios no controvertidos”, como la existencia del golpe de Estado, la de un plan exterminio en la última dictadura o los centros clandestinos de detención. Se sugiere que las partes acuerden una frecuencia razonable de audiencias (no la impondrá Casación) así como el modo de reducir al máximo mediante una síntesis la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, que contienen la acusación, que, si no, pueden durar días. Para abreviar, las normas admiten también la incorporación de las declaraciones de testigos y peritos registradas en “video y otros medios audiovisuales” en otros juicios que sean útiles por conexidad. Cuando se cite a testigos-víctimas, no se podrá divulgar sus datos personales y la regla será “evitar” en ese trámite “la intervención de agentes de organismos o instituciones estatales a las que pertenezcan o hayan pertenecido las personas imputadas”.

La quinta regla se centra en la protección y resguardo de los testigos. “Recomienda” a aquellos jueces que evalúen antes de convocar al juicio aquellos casos en que pueda estar en peligro “la integridad física de una persona, su salud mental o afectar seriamente sus emociones, o ser pasibles de intimidación o represalias especialmente en los juicios que involucran a agentes del Estado, organizaciones criminales complejas, crímenes aberrantes, crímenes contra la humanidad, abusos sexuales, o hechos humillantes, a fin de evitar su innecesaria o reiterada exposición y revictimización, privilegiando el resguardo de la seguridad personal”. Insiste en la chance de incorporar grabaciones o actas y en apelar a tecnologías como la videoconferencia.

Los alegatos tendrán que durar lo justo y necesario, sin quedar desvirtuados. Cada tribunal podrá “limitar razonablemente la duración de las últimas palabras de los imputados”.

El armado de las reglas se basó en propuestas de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuración, a cargo de Pablo Parenti y Jorge Auat, del Centro de Estudios Legales y Sociales, del fiscal de Casación Javier de Luca, y del Comité para la Defensa de la Salud, la Etica y los Derechos Humanos. Auat y Parenti dijeron que las normas son “un gran aporte”, que habrá que ampliar, y cuyo resultado dependerá de quiénes deben aplicarlas y del control sobre los juicios. Carolina Varsky, del CELS, dijo que “en algunos puntos pudieron haber sido más específicos, pero es un gran paso”.