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Los que suscriben, magistrados y funcionarios del fuero federal, queremos elevar nuestra voz, nuestro reclamo por la evidente persecución a la que es sometido el juez Baltasar Garzón. Tenemos sobrados motivos de reconocimiento para con este magistrado –que honra el Poder Judicial de España– y corporiza los anhelos de justicia y reparación de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por dictaduras despiadadas.

En efecto, Garzón abrió en España una puerta a la investigación del terrorismo de Estado que ejecutó la última dictadura argentina, cuando en nuestro país no parecía ya restar ninguna hendija para que esas necesarias investigaciones se llevaran a cabo.

Si algunos tribunales federales –entre ellos, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital Federal y los de La Plata–, a partir de 1997, pudieron dar inicio –contra la corriente– a los juicios de la verdad, el magistrado Garzón dio el aliento de su lucha permanente contra la impunidad de esos crímenes. No en vano es Doctor Honoris Causa, de la Universidad Nacional de La Plata, como también consultor académico de la Comisión Provincial por la Memoria.

Más allá de temas circunstanciales, reluce la proyección histórica de su actividad, realizada para llevar a la práctica el principio de la jurisdicción universal para los delitos contra el género humano, que culminó con el apresamiento del dictador chileno Augusto Pinochet.

Y, con toda coherencia, comenzó investigaciones sobre los crímenes de la dictadura franquista, como vigorosamente lo expuso en el Prólogo que escribió a una obra de reciente aparición en nuestro medio.

Pero se vio impedido de continuar actuando por el mecanismo disciplinario que estos días lo ha expulsado de la judicatura española.

Este gesto tememos que sea un preludio para descalificar los principios fundamentales del Derecho penal internacional: la jurisdicción universal, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, que por un movimiento extendido se van abriendo paso en el pensamiento jurídico.

No queremos que este acto disciplinario de injusticia, que claramente afecta la independencia judicial, sea el avance de una declinación de aquellos principios. El juez Garzón, que tanto ha trabajado y tantos riesgos asumió para proporcionar justicia y reparación a muchísimas víctimas, tiene el derecho de exigir para sí la pronta rectificación de este error del sistema disciplinario de la magistratura española.

Si bien esta declaración surge del seno de los tribunales federales de La Plata, esperamos que colegas de otras jurisdicciones se unan a nuestro reclamo. Esperamos que, sumando muchas voces y muchos esfuerzos, lleguemos a la reparación que merece este magistrado ejemplar.

* Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

También firman: Antonio Pacilio, Olga A. Calitri, César Alvarez, Carlos A. Nogueira, Carlos A. Vallefín, Carlos Román Compaired, Julio Víctor Reboredo (jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata).

Magistrados de Primera Instancia y del Ministerio Público: Manuel H. Blanco (juez), Adolfo Gabino Ziulu (juez), Hernán I. Schapiro (fiscal), Gerardo R. Fernández (fiscal).

Jueces de los Tribunales Orales Federales, de Cámaras Federales y de primera instancia: Carlos Alberto Rozanski (juez) Horacio Rolando Catani (juez) y Martín Irurzun (juez).

Funcionarios de la jurisdicción federal: Marcelo P. Fortín (prosecretario), Roberto A. Lemos Arias (secretario), María Florencia Alconada (secretaria), María Antonieta Pérez Galimberti (secretaria), Ignacio E. Sánchez (secretario), María Alejandra Martín (secretaria), Eduardo J. Rezses (secretario), María Celeste Cumbeto (secretaria), Elcira Spina (prosecretaria), Andrés Salazar Lea Plaza (secretario), Maite Irurzun (secretaria).