El general retirado Jorge Olivera Róvere, quien fue condenado en 2009 a la pena de prisión perpetua pero seguía libre porque la Cámara de Casación Penal nunca confirmó la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 5, fue detenido el jueves por orden del juez federal Humberto Blanco en una causa por secuestros, torturas y homicidios en el centro clandestino que funcionó en la Brigada de Investigaciones de San Justo, de la policía de la provincia de Buenos Aires. La detención del ex segundo comandante del Primer Cuerpo de Ejército, mano derecha de Carlos Suárez Mason durante la dictadura, se produjo en su departamento de la avenida Callao y estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La impunidad de Olivera Róvere, de 85 años, tuvo un quiebre el 23 de octubre de 2009, cuando el TOF5 lo condenó como ex jefe de la subzona militar Capital Federal por más de un centenar de privaciones ilegales de la libertad y por los homicidios agravados de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. Para llegar a la condena declararon cuatrocientos testigos que aquella tarde tuvieron poco para celebrar: no sólo por la absolución de tres ex jefes de áreas militares sino, sobre todo, porque Olivera Róvere, dueño de vidas y muertes en la ciudad durante los primeros años de la dictadura, seguiría en libertad. Accedió a ese beneficio luego de pagar poco menos de 80 mil pesos en concepto de “caución” después de ser procesado en primera instancia, para garantizar que seguiría sujeto al proceso, es decir disponible para cuando la Justicia decidiera citarlo.

La prolongación del privilegio que le permitía seguir libre con una perpetua a cuestas se debe a las demoras de la Cámara Nacional de Casación Penal para confirmar (o no) las sentencias de los tribunales orales, que en su caso se produjo hace dos años y casi cinco meses.

La causa por la que Olivera Róvere volvió a prisión es por delitos de lesa humanidad en la Brigada de Investigaciones de San Justo. Su detención fue ordenada por el juez Blanco, quien subroga a Humberto Corazza, con licencia médica, y tuvo lugar en el marco de otros treinta pedidos de detención, en su mayoría de militares y policías que están procesados en otras causas. El listado incluiría desde funcionarios de facto como Ibérico Saint Jean y Jaime Smart, pasando por las principales autoridades de la bonaerense durante la dictadura, como el comisario Miguel Etchecolatz, hasta militares y civiles que prestaron servicios en el Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, con sede en La Plata, y policías de la provincia con participación directa en el centro clandestino.