La jueza federal María Romilda Servini de Cubría viajará a España a recibir nuevas denuncias en el marco de la querella argentina que, a través de principios de justicia universal, investiga los crímenes de genocidio cometidos durante el franquismo. El anuncio fue realizado por el equipo de abogados demandantes, que agregaron que en el mes de abril recibirán a un colectivo de ex presos políticos con el fin de que mantengan una audiencia con la magistrada. Como anticipó Página/12, ya hay 55 personas que se integrarán como querellantes directos, mientras otros cientos preparan sus testimonios para sumarse.

La jueza decidió la última semana conceder el pedido realizado hace meses por los abogados y viajar al país peninsular para recabar denuncias, testimonios y nuevas querellas. En ese sentido, solicitó que los abogados elaboraran un listado de las personas con las que debería entrevistarse, pedido en el que trabaja el equipo y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). En esa línea, la última organización dispuso una línea gratuita para recabar la información necesaria de los interesados.

Adriana Fernández, querellante por el asesinato de su abuelo, se siente “esperanzada”. “Es una decisión que estábamos esperando porque la presencia de la jueza en España allanará muchísimo el camino para que todos los que hallan pasado por el terror del franquismo puedan tener justicia por ellos y para sus seres queridos”, dice tras escuchar el anuncio realizado en la sede de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Para el equipo de abogados, la determinación de Servini de Cubría y la coyuntura española ha precipitado que la causa entrara en una nueva etapa, la de mayor magnitud. Carlos Slepoy, abogado querellante que intervino además en las investigaciones del juez Baltasar Garzón sobre las dictaduras argentina y chilena, define: “Estamos en puertas de que cientos de personas puedan finalmente acudir a la Justicia y eso será una movilización imparable”.

También para Ana Messuti, abogada querellante, “la situación es muy distinta a la que se vivía en 2010 cuando se presentó la querella”. Mientras para ese momento, “las puertas de la Justicia española parecían cerrarse, hoy se cerraron del todo. Porque la condena al juez Garzón (inhabilitado 11 años por intervenir llamadas entre presos y sus defensores) fue un portazo para las víctimas de los delitos cometidos por la dictadura franquista. Y eso se notó”.

El abogado Beinuz Smuckler asiente. “Jurídicamente, no hay ninguna justificación para que se sostenga la impunidad en España. Lo que hubo fue una intencionalidad política. Y si faltaba algo para confirmarlo, llega el enjuiciamiento de Garzón. Sobre la causa que se le abrió por haberse declarado competente para investigar el franquismo no lo condenan. Dicen que el juez se equivocó, que en España no se pueden juzgar esos crímenes. Y de esa forma, además de levantar argumentos insostenibles similares a la teoría de los dos demonios, el Supremo envía un mensaje al resto de los jueces: a partir de esta sentencia ya no habrá posibilidad de error.”

La más clara de las evidencias de ese “portazo”, señala Messuti, es la cantidad de querellas que se incorporarán a los seis demandantes que tiene la causa: la demanda de María Josep Rovira Blanco por el asesinato de su tío, el fotógrafo Manuel Blanco en 1936, y la interpuesta por 14 familiares directos de diez republicanos de Pajares de Adaja, un pequeño pueblo en la provincia de Avila.

Además, se suman querellantes de la Asociación La Comuna de presos y represaliados del franquismo. Se trata de los detenidos, torturados e interrogados por su participación política de las décadas del ’60 y ’70, que en muchos casos recuerdan con nombre y apellido a sus represores. Entre 1963 y 1977, según registros del Tribunal del Orden Público (TOP), unas 50 mil personas fueron afectadas por este tipo de detenciones.

Por lo pronto, se elaboraron 40 poderes de presos políticos que se integrarán a la querella, aunque otro centenar está preparando sus testimonios para unirse también. En tanto, “en el mes de abril, vendrá al país un grupo de estos querellantes para sostener una audiencia con Servini de Cubría”, anticipó Slepoy. “Presentarán a la jueza una lista con todos los torturadores que todavía viven para que se libere una orden de declaración indagatoria sobre esos crímenes y que se considere el pedido de extradición.”

“En España –explica el abogado– no hay siquiera una comisión por la verdad, no hay uno solo de los 30 mil niños apropiados que haya sido recuperado y la única vez que las víctimas han declarado ha sido en el enjuiciamiento del juez que investigaba sus causas. Lo que hay que entender es que esto no es una causa española, esto es una causa universal.”

Informe: Rocío Magnani