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Una resolución de la Cámara de Casación Penal vuelve a poner cerca la posibilidad de que se inicie el juicio oral por el asesinato de Mariano Ferreyra. La Sala III del tribunal confirmó los procesamientos de tres policías acusados de haber liberado la zona y permitido el ataque de una patota de la Unión Ferroviaria (UF) a trabajadores tercerizados, entre quienes estaba el joven militante del Partido Obrero (PO) y otras personas que tuvieron heridas graves por los balazos recibidos. El Tribunal Oral Criminal 21 (TOC) deberá poner fecha para las audiencias, que tendrán en el banquillo al titular del gremio, José Pedraza, a su número dos, Juan Carlos “Gallego” Fernández, y a ocho hombres que integraron el grupo de choque, junto con un total de siete policías.

El fallo fue firmado el jueves último por la Sala III, integrada para este caso por los jueces Mariano Borinski, Raúl Madueño y Liliana Catucci. Aunque no entraron en los detalles del caso, dejaron firmes los procesamientos de tres uniformados por abandono de persona agravado por la muerte de Mariano y las heridas sufridas por Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos. La argumentación fue técnica: Casación no analiza procesamientos a menos que algo los haga equiparables a una sentencia definitiva. Además, confirmaron los embargos de 200 mil pesos.

Los policías afectados por la resolución son el comisario Luis Osvaldo Mansilla, ex jefe de Control de Líneas, el camarógrafo policial David Villalba y el operador de radio (de la Dirección General de Operaciones) Gastón Conti. Ellos irán a juicio junto con otros cuatro policías, cuya participación en los hechos fue considerada –tanto por la jueza Wilma López como por la Cámara del Crimen– como indispensable para que se produjera el homicidio. Su situación podría agravarse si el Tribunal Oral los llegara a considerar partícipes del homicidio, un delito que prevé prisión perpetua, que es el que se les atribuye a Pedraza y Fernández (como instigadores) y a la patota que concretó el ataque a los tercerizados que reclamaban la regularización laboral y reincorporaciones.

Al elevar el caso a juicio la jueza López consideró que cuanto menos los policías pudieron haber anticipado y evitado el ataque y no lo hicieron. No dieron intervención inmediata a la Justicia, usaron teléfonos POC, que impiden el registro de las comunicaciones y dejaron de filmar los sucesos justo cuando mataron a Mariano. Al final, para colmo, dejaron ir a los agresores y no secuestraron ningún arma.

El juicio oral tenía fecha de inicio para el 22 de febrero pasado, pero las querellas (que representan a la mamá de Mariano y a los heridos del PO) pidieron que se unificara la acusación a Pedraza y la patota con la que involucra a los policías. Aunque los uniformados vayan a la Corte Suprema, el TOC 21 podría fijar igual la fecha de juicio. A diferencia de la investigación del asesinato, la que apunta a presuntos sobornos a jueces de Casación para beneficiar a Pedraza y sus matones, está paralizada desde diciembre por chicanas procesales de uno de los imputados: el ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid.