[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Desde Neuquén

La Justicia neuquina condenó al gremio docente de esta provincia a pagar más de 200 mil pesos en concepto de daños materiales causados a la empresa que administra el peaje carretero entre las ciudades de Neuquén capital y la rionegrina Cipolletti. La sentencia toma en cuenta los diez días que pasaron entre el 18 y el 28 de septiembre de 2003, cuando en medio de un conflicto que llevaba tiempo en la provincia la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) impidió el tránsito vehicular por los puentes carreteros en la Ruta Nacional 22. El fallo, que aún no está firme, fue conocido ayer a nivel local. De confirmarse la pena, el castigo sería inédito en el país en causas donde se haya juzgado una acción de huelga y sus consecuencias sobre una empresa vial.

Los jueces que ordenaron pagar a ATEN la suma de 206.558 pesos a favor de la empresa Caminos del Valle son los titulares de Sala II de la Cámara Civil de Neuquén: Patricia Clérici, Federico Gigena Basombrío y Marcelo Medori. Según trascendió, los dos primeros magistrados “coincidieron de manera tajante en que el gremio (ATEN) fue responsable directo del corte de la Ruta Nacional 22 que impidió el tránsito vehicular durante más de diez días. Y como consecuencia de ello, el pago de la tarifa del peaje previsto para el acceso y salida hacia ambas provincias”. Gigena Basombrío expresó en su voto que los elementos de prueba colectados permiten afirmar que la huelga consistió en impedir el paso por el puente carretero y ello “fue como consecuencia de un deliberado accionar” de ATEN. En relación con los destrozos en el edificio y estructuras de la concesionaria ocasionados, Gigena consideró que los mismos “fueron acreditados por pericias ‘no cuestionadas’ por el gremio, por las fotografías adjuntadas al expediente principal y la constatación realizada por el escribano actuante”.

Consultado acerca del tema, el responsable de prensa de ATEN, Camilo Alvarez, dijo a Página/12 que “nuestros abogados han presentado un recurso ante Casación”, cuestionando no solamente el monto fijado en la sentencia sino que también se afirma que la empresa concesionaria del peaje sobre la Ruta 22 –el primero que se instauró en el país en épocas del gobierno de Carlos Saúl Menem–, Caminos del Valle, no es titular de los bienes que se mencionan como dañados. El propio Alvarez recordó que “en ese momento conducía nuestro gremio el recordado dirigente (hoy fallecido) Arturo Nahuel”, y agregó que “justamente el domingo 28 de septiembre de ese año, decenas de docentes fuimos desalojados de la zona de los puentes el mismo día que el gobernador Jorge Omar Sobisch lograba su reelección en el año 2003”. La lógica represiva de la protesta social en la provincia se cobró años después la vida del maestro Carlos Fuentealba, asesinado en abril de 2007. Los docentes y familiares reclaman todavía la realización del juicio a los responsables políticos de haber dado la orden que ejecutó el cabo Darío Poblete, el único condenado.