Los gremios del subte y Metrovías llegaron a un acuerdo salarial que desactivó la amenaza de un paro de tres días. Luego de una intrincada serie de negociaciones en el Ministerio de Trabajo, la empresa y los representantes sindicales firmaron dos actas acuerdo, una por cada uno de los gremios del subte. La noticia viene, de todas maneras, con una cara y un revés: la cara es que no habrá paro, el revés es que se trata de una solución transitoria. El rechazo del Gobierno de la Ciudad a hacerse cargo de los subtes impidió cerrar un acuerdo salarial por todo 2012. El entendimiento firmado ayer regirá sólo por los próximos dos meses, hasta finales de julio.

El conflicto entre Mauricio Macri y la Casa Rosada por el traspaso de los subtes a la Ciudad afectó así el carácter anual de la negociación paritaria de los trabajadores del sector.

Ayer, a horas de que comenzara la medida de fuerza que iba a dejar la ciudad sin subtes por 72 horas, el funcionario macrista a cargo de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase, la empresa estatal porteña responsable de los subtes) se presentó a la audiencia que había convocado la Nación para destrabar el conflicto. El presidente de la Sbase, Juan Pablo Piccardo, dijo que Mauricio Macri le había pedido que participara del encuentro “para evitar el paro”, pero aclaró que mantenían la postura de no formar parte oficial de la negociación. En respuesta, el Ministerio de Trabajo adelantó que no daría su aval a una paritaria en la que no estuviera la Ciudad. Para descomprimir las cosas, Trabajo finalmente propuso una salida intermedia.

La fórmula fue la de un aumento a cuenta del resultado a que se llegue en la negociación paritaria, que se postergó por dos meses. Las partes deberán volver a reunirse el 1º de agosto, cuando, tal vez, la discusión por el traspaso de los subtes entre la Ciudad y la Nación esté resuelta.

Los representantes del Grupo Roggio, que controla Metrovías, ofertaron pagar un aumento retroactivo a marzo. Estará entre los 900 y 1200 pesos mensuales, según las categorías. Los trabajadores encuadrados en las categorías 1 y 2 percibirán 1200 pesos de aumento mensual; los de la 3 y 4, 1100; los de la 5, 1000, y los de la 6, 7 y 8, 900 pesos.

Las negociaciones en el ministerio se hicieron en dos vías paralelas. Por un lado con la Unión Tranviarios Automotor –su titular, el cegetista Roberto Fernández, fue el primero en retirarse del ministerio tras aceptar la oferta–, y en otra oficina y más tarde con los metrodelegados de la Asociación Gremial del Subte y el Premetro, representados por Roberto Pianelli y Néstor Segovia.

La UTA es el sindicato legalmente habilitado a firmar acuerdos salariales, porque es, de los dos, el que tiene la personería gremial. Con los metrodelegados la negociación estuvo sobre todo centrada en conseguir recategorizaciones. El compromiso acordado fue que quienes trabajan con la categoría de peones serán pasados a la categoría siguiente, y que los boleteros obtendrán una mejora del mismo tipo porque sus tareas aumentaron con la recarga de la tarjeta SUBE.

Hasta agosto

La responsabilidad sobre los subtes porteños quedó en una especie de limbo –pero uno convulsionado– desde hace tres meses. El problema empezó cuando, en febrero pasado, después de haber tomado la gestión de los servicios y aumentado el precio del boleto un 127 por ciento, Mauricio Macri le devolvió los subtes al gobierno nacional. La discusión por el traspaso llegó a la Justicia, y más tarde al Congreso, donde los legisladores sancionaron una ley que estableció que los subterráneos le correspondían al Gobierno de la Ciudad. Sin embargo, Macri mantuvo su rechazo a hacerse cargo. En esta situación llegó a la fecha en la que debían realizarse las negociaciones paritarias; incluso pasaron dos meses más sin que los trabajadores pudieran discutir con la empresa el aumento salarial correspondiente al 2012.

La semana pasada los trabajadores realizaron un paro de 36 horas que logró comenzar a mover la situación. Tras el primer día y medio sin subtes, los representantes de Metrovías, que hasta entonces argumentaban no poder afrontar el aumento reclamado por los gremios, se mostraron dispuestos a formular una oferta. El Ministerio de Trabajo acercó posiciones, pero la paritaria volvió a poner en primer plano el conflicto político por el traspaso. El titular de la cartera laboral, Carlos Tomada, citó a todas las audiencias a los funcionarios de la Ciudad, que, como era previsible, se negaron a ir. Trabajo llegó a mandar a la policía a buscar al presidente de la Sbase, Piccardo, para que se presentara en la paritaria. Ayer estuvo a punto de repetir la citación por la fuerza pública.

Por la mañana, antes de que Piccardo se presentara a la audiencia, Tomada había ratificado que el gobierno nacional consideraba imprescindible la presencia de la Ciudad. “Se trata de hacerse cargo de una gestión. Si Macri lo hiciera, esto se resuelve en 24 horas”, había advertido el ministro, antes de preguntar: “El mismo organismo que aumentó la tarifa (por la Sbase) ¿cómo no va a estar sentado a la hora de determinar de qué manera se va a invertir esa plata?”.

En su crítica al PRO, el ministro agregó que en el gobierno nacional “hace ocho años que estamos transpirando cada vez que aparece un conflicto de este tipo, pero lo laburamos y lo resolvemos”, a diferencia de “un partido político que hace todo un discurso sobre el diálogo y sobre que son los más buenos del mundo” (ver página 2).

El acuerdo firmado abrió en los hechos un paréntesis de dos meses, pasando el paquete de la negociación paritaria anual para el 1º de agosto, cuando Metrovías, los gremios y el Gobierno de la Ciudad deberán volver a sentarse. Para ese mes quedó pendiente la discusión del reclamo de una serie de mejoras laborales que plantean los gremios, así como el porcentaje al que llegará la mejora salarial del año. La suma fija que logró frenar los tres días de paro que iban a comenzar hoy está, en términos porcentuales, todavía lejos de lo que piden los sindicatos, que es un 28 por ciento. Los sueldos de los trabajadores del subte están entre los más altos del país, por lo que los 900 a 1200 pesos acordados representan una mejora que está bastante por debajo, en un 15 por ciento.