La Iglesia Católica busca neutralizar el impacto del histórico fallo de la Corte Suprema sobre abortos no punibles. Por un lado, pretende frenar en las provincias la implementación de los protocolos hospitalarios para la atención de abortos en caso de violación. El principal frente eclesiástico se despliega en Tucumán, donde el arzobispo local, monseñor Alfredo Zecca, intenta presionar al gobernador José Alperovich (FpV) para que fije el procedimiento que debe seguirse a través de un decreto u otra normativa. Pero la estrategia tiene otra cara, que apunta paralelamente a impulsar leyes que obstaculicen la interrupción legal del embarazo y que promuevan que las mujeres sigan adelante con la gestación forzada a través de una violación –como si fueran meras incubadoras– y den luego en adopción la criatura. En la Cámara de Diputados ya se presentaron dos proyectos en ese sentido, que fueron girados a la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, donde está previsto que se empiecen a debatir, y que contemplan, incluso, darles un incentivo en dinero a cambio de llevar a término esos embarazos.

Una de las propuestas es un proyecto de Ley de Protección Integral de los Derechos Humanos de la Mujer Embarazada y del Niño por Nacer. Pero bajo el paraguas de una iniciativa para proteger a las mujeres durante el período gestacional, se busca introducir cláusulas “antiaborto”, para impedir la interrupción del embarazo incluso en las circunstancias permitidas por el artículo 86 del Código Penal.

En el primer artículo, la iniciativa establece que “se entiende por ‘niño por nacer’ a todo ser humano desde el momento de la concepción o fertilización del óvulo, hasta el de su efectivo nacimiento”. En el artículo cuarto, define que “el niño por nacer tiene derecho a la igualdad de oportunidades y a ser protegido contra cualquier tipo de discriminación o selección en razón de su patrimonio genético, etapa de su desarrollo, características físicas, biológicas o de cualquier otra índole. Tampoco lo será a causa de las circunstancias de su concepción o las cualidades o características de sus progenitores y familiares”. La ley considera particularmente agraviante, lesivo y discriminatorio que se califique a los niños por nacer como “deseados” o “no deseados”. Y más adelante, en el mismo artículo, establece que “cuando el embarazo proviniera de un delito contra la integridad sexual, la mujer será acreedora, desde el momento de la concepción y durante todo el período gestacional, a una asignación especial equivalente un sueldo de la categoría E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep). En caso de que la mujer decidiera asumir la crianza y educación del niño, la asignación se le continuará abonando hasta que éste cumpla los 18 años de edad. Si la mujer decidiera no tomar a su cargo la crianza y educación del niño luego del nacimiento, se proveerán de inmediato las medidas necesarias y urgentes para su protección, favoreciéndose su adopción o guarda por una familia, en cuyo caso la asignación será percibida por la familia adoptante o guardadora a partir del momento en el que se hiciere cargo del niño y hasta que éste cumpla los 18 años de edad”. En el artículo séptimo, establece que “se reputará como un caso paradigmático de violencia contra la mujer toda interferencia externa, sea estatal o particular, que tenga por objeto inducir o convencer a una mujer que cursa un embarazo, a interrumpir el curso de ese embarazo mediante la práctica de un aborto”.

El proyecto fue presentado el 23 de marzo, diez días después del fallo de la Corte sobre aborto no punible, con 15 firmas, de los exponentes más conservadores de distintos bloques, como los diputados Julio Ledesma (ex denarvaísta), de Corriente de Pensamiento Federal; el macrista salteño Alfredo Olmedo (el de la campera amarilla, conocido por sus expresiones homofóbicas), Graciela Camaño, del Peronismo Federal; el demócrata mendocino Omar de Marchi, la puntana del peronismo disidente Ivana Bianchi, la sanjuanina del Frente para la Victoria Margarita Ferra de Bartol, entre otros. Posteriormente, otros 13 diputados más también lo firmaron. Originalmente, esta propuesta había ingresado en 2010 en la Cámara de Diputados, pero perdió estado parlamentario en diciembre sin ser tratada. En realidad, se trata de una iniciativa promovida por la Red Federal de Familias, una alianza “antiderechos” de grupos católicos y evangélicos”, que repudió la sentencia de la Corte sobre los casos de aborto no punible y que desde la sanción del matrimonio igualitario está juntando firmas para presentar una iniciativa popular en el Congreso para derogarlo.

Integrantes de la red el año pasado presionaron en Misiones a la familia de una adolescente de 14 años, que había quedado embarazada cuando un tío la violó –en represalia porque había contando que él había abusado de su hermanita–, para que desistiera en su reclamo de la realización del aborto al que tenía derecho por ley. “No maten al niño, dénnoslo a nosotros” exigieron los “antiderechos” en un comunicado en aquel momento.

Hay otro proyecto en Diputados, que apunta en la misma línea. En abril, la diputada puntana Bianchi, también ferviente opositora al matrimonio igualitario y a la despenalización del aborto, presentó una iniciativa para promover la adopción de bebés concebidos en violaciones. También se camufla en una iniciativa de “asistencia integral a mujeres embarazadas víctimas de delitos contra la integridad sexual”. “En los últimos años, se han iniciado programas específicos de asistencia a víctimas de delitos sexuales en distintas ciudades del país; pero ninguno forma parte de un plan integral, que contemple la adopción”, dice Bianchi en los fundamentos. En su artículo tercero, la propuesta legislativa establece que “deberá agilizarse el registro de adoptantes, si la mujer victimizada por los delitos contra la integridad sexual y quedare embarazada, decide dar en adopción a su hijo al nacer; luego de un período de espera establecido”.

En el temario de la reunión del martes último de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara baja estaba previsto empezar a discutir los dos proyectos, pero la convocatoria finalmente fue suspendida.