El segundo tramo del juicio por los crímenes de la Escuela Mecánica de la Armada se empezó a preparar. El juicio descripto por la fiscal Mirna Goransky, como posiblemente el más importante numéricamente que exista en todo el país, comenzó ayer de forma preliminar con una, por momentos muy tensa, audiencia en los Tribunales de Retiro. Querellas, defensores de los sesenta imputados y fiscales intentaron sentar posiciones sobre aspectos de funcionamiento del próximo debate. Frente al Tribunal Oral Federal 5, conformado por otros jueces pero encabezado como en el primer tramo por Daniel Obligado, las partes se detuvieron especialmente sobre lo que parece un problema sin acuerdo: la posibilidad de incorporar a través de registros fílmicos los testimonios que se usaron en el primer juicio, aquellos testimonios que según las nuevas reglas de la Cámara de Casación deberían ser trasladados para acelerar el proceso, pero sobre todo para evitar la reiteración de testimonios que revictimizan a quienes pasaron por el centro clandestino. Distinto a lo que viene sucediendo en otros debates, como si de pronto hubiesen encontrado en estas formas un nuevo modo de detener el avance del juicio, ese punto se convirtió en el más objetado por las defensas.

En términos técnicos ese punto se llama “traslado de prueba”. Lo más llamativo fue que cuando la audiencia parecía ya haber avanzado sobre los puntos más importantes del debate, como análisis sobre si serán tres o cuatro días de audiencia o el lugar desde donde los acusados deberán seguir lo que sucede en la sala, el abogado Luis Zamora de pronto, como sorprendido, pidió la palabra. Zamora representa al grupo de las víctimas de la Santa Cruz y explicó que tal como habían dicho sus compañeros querellantes, él también evalúa reducir la lectura de los cargos de la acusación –un trámite que llevó meses en el primer juicio–. “Pero lo que me preocupa –dijo– es saber qué criterios va a adoptar el Tribunal en la reproducción de los testimonios que se brindaron a lo largo de ESMA I, porque depende del valor que se le dé a esa prueba, vamos a saber qué testigos van a declarar o no declarar y esto es fundamental para acortar en términos sustanciales el juicio.”

La pregunta no era menor. Hasta ese momento el Tribunal había dicho que los testigos previstos en el juicio serían alrededor de 2000 y pidió a “las partes” que reconsideren algunos casos, para evitar que, por ejemplo, como dijeron, haya varios testigos por una misma víctima. El juez Obligado se empeñó en subrayarlo e insistió en que a modo de ejemplo podía pensarse que frente a una “víctima sobreviviente” podía declarar ella sola y alguno que lo haya visto en el centro clandestino. Las querellas y defensas lo evaluaron, pero nadie hasta ese momento había dicho nada sobre el “traslado de la prueba”, algo que en palabras de Ana María Careaga, una de las sobrevivientes, tiene la capacidad de definir de qué tipo de juicio se está hablando.

“No podemos hacer que el testigo declare seis o siete horas de nuevo sobre lo que le pasó en la Escuela Mecánica de la Armada”, dijo el abogado Rodolfo Yanzón, de la organización Kaos, en un momento, luego de decir que muchos de ellos “declararon decenas de veces, incluso en debates orales como el que va a comenzar, en Febres en 2007 o en ESMA I entre los últimos dos años”. En cambio, dijo, pensando exclusivamente en las garantías para los acusados, “sí podemos hacer que en todo caso lo hagan 15 o 20 minutos sobre las preguntas específicas que intente hacerle el defensor de un imputado”.

La postura de los abogados defensores fue la que obligó a que las querellas repitan una y otra vez argumentos de ese tipo. Las defensas sostienen que no pueden aceptar que se haga el traslado de testimonios. El equipo de abogados oficiales encabezado por Víctor Valle, al que todavía le cuesta considerar del mismo valor probatorio las declaraciones escritas que los “soportes magnéticos”, dijo: “Me resulta imposible incorporarlos por el derecho de defensa en juicio y sería una total irresponsabilidad hacerlo de manera global”. Otro de los abogados, Guillermo Jesús Fanego, definió la acordada de la Cámara como “un exceso” que “pretende modificar el Código de Procedimiento Penal”.

A grandes rasgos, ellos dicen que como muchos no estuvieron en la primera parte del juicio, no pudieron escuchar ni preguntar a los testigos. Y además, que si eventualmente aceptan escuchar los testimonios y convocarlos para responder preguntas puntuales estarían adelantando una estrategia al Tribunal.

Yanzón, que cada tanto levantaba la mano como para sacudir tanto tecnicismo y centrar las cosas sobre su eje, volvió en ese punto a la responsabilidad que en todo este asunto le corresponde al Estado: “Acá nos estamos perdiendo de ver que hay una necesidad extrema que tiene el Estado nacional que debe velar por el derecho de los testigos, algo que no es menor, y la protección al testigo”. Recordó cuantas veces declararon y que “de lo que se trata ahora es de hacer valer una declaración presentada en el juicio oral y público y que cada una de las partes, sobre todo justamente por el derecho a la defensa de los imputados, diga lo que tiene que decir acompañando el pliego de preguntas”.

La cuestión será definida aparentemente en la próxima audiencia convocada para el 11 de julio. El juicio debería empezar el 9 de agosto. El Tribunal contará entonces con otros antecedentes. Entre ellos el juicio que acaba de terminar por los crímenes del circuito Atlético Banco Olimpo. El tramo de ABO bis se hizo con las reglas de Casación. Los defensores no se opusieron en el comienzo, pero sí lo hicieron antes de los alegatos. Allí el Tribunal Oral Federal 4 sacó una resolución expresa sólo dedicada a fundamentar por qué eran válidos los “traslados de prueba”, un camino que ahora deberá resolver este tribunal.

Hubo además otras discusiones. Una de ellas fue sobre la presencia en cuerpo y alma de los represores en las audiencias. Las defensas en general pidieron no sólo que no asistan al juicio, sino que se los exima de estar presentes incluso en el comienzo del debate, y reemplazar esto con teleconferencias desde los lugares de detención. Hubo un abogado que sugirió incluso que ni siquiera asistan los que están con prisión domiciliaria, que son una tercera parte, y que vayan al Hospital Naval.

En línea con la postura de Justicia Ya! y del abogado Pedro Daneri, la fiscal Goransky en este punto abrió el Código de Procedimiento. Apoyó uno de sus dedos en el artículo 366 y leyó: “El artículo establece la obligación de asistir al debate y eso no significa que no pueda estar en una sala contigua”, dijo. “Pero en este punto no es discrecional para el imputado que decida dónde va a estar en los actos más trascendentes”.