La causa judicial contra el cura Julio César Grassi sigue dando tela que cortar. Ayer, en el Senado bonaerense, comenzó el jury de enjuiciamiento contra el suspendido juez de Menores de Morón Ricardo Oyama, quien está acusado de mal desempeño en sus funciones en al menos diez causas. Entre los reproches que se le hacen figura su intervención en una jugada urdida por los abogados de Grassi para dejar sentada a nivel judicial una supuesta retractación del chico conocido como “Ezequiel”, uno de los tres que denunciaron al sacerdote por abuso sexual. En la maniobra intervino Miguel Angel Pierri, quien siendo en ese momento abogado de Grassi se presentó ante el juzgado de Oyama como representante de la madre de “Ezequiel”. El chico, llevado con engaños, apareció firmando una supuesta declaración en la que se desdecía de sus imputaciones. Cuando la mentira salió a la luz, Oyama fue separado del cargo junto con el secretario del Juzgado, Carlos Enríquez, mientras que Pierri estuvo 40 días preso acusado de prevaricato. La causa contra el ex letrado de Grassi sigue trabada en un mar de apelaciones y chicanas judiciales, pero podría llegar a dirimirse en un juicio oral y público.

El incidente judicial ocurrió el 12 de diciembre de 2002 y, al día siguiente, la falsa retractación fue publicada en la tapa del diario Ambito Financiero, cuyo director y propietario de entonces, Julio Ramos –fallecido en 2006–, pregonaba la inocencia de Grassi en notas y editoriales. En el jury de enjuiciamiento contra Oyama prestarán declaración 80 testigos. En relación con el caso “Ezequiel”, se presentarán como testigos el abogado Juan Pablo Gallego, que al comienzo representó al chico, los terapeutas de “Ezequiel” Enrique Stola y María Inés Olivella, la jueza de Menores Cecilia Drago, el ex tutor del chico Aníbal Vega y el propio Grassi.

La denuncia inicial contra Oyama, Enríquez y Pierri fue presentada ante la Fiscalía Nº 9 de Morón. En esa causa se ordenó la detención de Pierri, quien recuperó su libertad, sin mengua de la prosecución de la acción penal. El pedido de jury, planteado por Gallego, fue retomado en 2008 por la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense. En todos los casos planteados en su contra, Oyama deberá responder por supuestas violaciones a los derechos del niño. El tribunal de enjuiciamiento es presidido por el titular de la Suprema Corte, Eduardo de Lazzari. El cuerpo está integrado por una docena de abogados y legisladores que, luego de reunida la prueba, con su voto decidirán si Oyama tiene que ser destituido, sancionado o quedará libre de culpa y cargo.

“Oyama fue acusado de participar en forma irregular de la supuesta retractación de ‘Ezequiel’, uno de los acusadores de Grassi por abuso sexual y corrupción de menores”, confirmó a Página/12 una fuente de los tribunales de Morón. El entonces juez de Menores, al convalidar la existencia de la supuesta retractación de “Ezequiel”, incurrió “en el encubrimiento de una prueba” vital en un caso en el cual Grassi terminó condenado a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores.

El abogado Juan Pablo Gallego, querellante en la causa Grassi, recalcó que Oyama “como juez, durante el proceso, terminó favoreciendo a un adulto (Grassi) acusado de abusar sexualmente de un menor que estaba bajo su cuidado y participó de una maniobra para obligar al menor a retractarse de su acusación”. El chico conocido como “Ezequiel” soportó presiones hasta de su propia familia, que a su vez había sido objeto de engaños por parte de los abogados que representaban a Grassi.

Se estima que el jury tendrá una duración de entre una semana y diez días. Oyama enfrenta cargos por abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público, encubrimiento y falsificación de documento.