La Cancillería se quejó de que a horas de la apertura de ofertas en la licitación de las obras de mantenimiento del canal Martín García, el gobierno uruguayo no haya colaborado para aclarar si hubo un hecho de corrupción, tal como lo sugirió su Tribunal de Cuentas. En un tono especialmente duro, la crítica fue difundida ayer mientras los presidentes Cristina Kirchner y José Mujica se preparan para abordar la cuestión cara a cara, mañana en Brasilia, donde se encontrarán para la cumbre del Mercosur. La cartera que conduce Héctor Timerman planteó que el Uruguay, tras haber puesto el tema sobre la mesa, no puede mantener en secreto los supuestos documentos en base a los que se iniciaron las versiones.

Además ratificó que si se presenta la empresa acusada del presunto intento de soborno, “la Argentina mantendrá su objeción” a que participe de la licitación, y solicitó al Uruguay que adopte la misma postura.

Los cuestionamientos fueron dados a conocer en un comunicado con el título “¿Quién protege a Riovía?”, en referencia a la empresa de la polémica. La firma de capitales holandeses tiene a su cargo las tareas de mantenimiento del canal; el conflicto surgió por la renovación de este contrato, sobre la que el Tribunal de Cuentas uruguayo señaló que había “dudas”.

La Cancillería hizo una reseña de la polémica. Recordó que:

- “En diciembre de 2010 fue el Uruguay el que solicitó analizar la contratación directa de Riovía para el dragado y profundización del canal Martín García”. Los uruguayos insistieron en esta postura, a pesar de que la Argentina advirtió que “se debía llamar a licitación internacional”.

- La delegación uruguaya suspendió “sorpresivamente” después dos reuniones, en febrero y marzo pasado. “Recién se presenta el 3 de mayo, donde se le hace entrega de una versión muy avanzada de los pliegos del llamado a licitación que podrían anunciarse el 30 de mayo”.

- “Inmediatamente comienza una campaña mediática en el Uruguay que se centra en el embajador Bustillo y el supuesto intento de sobornarlo. El escándalo crece y el silencio de Bustillo es más que llamativo. Para colmo, unos días después otro embajador uruguayo, Julio Baraibar, declara por radio: ‘Bustillo me contó que lo habían querido sobornar, que se había negado a aceptar la oferta y que había informado a sus superiores’”.

- “Estas versiones fueron recogidas por el informe del Tribunal de Cuentas del Uruguay, pero negándose el gobierno uruguayo a cooperar con la Argentina” para aclarar “las dudas que plantea el Tribunal”.

La Cancillería señaló luego que “si el gobierno uruguayo desea, realmente, investigar, podría empezar a preguntarse por qué a pocos días de finalizar los pliegos para el llamado a la primera licitación internacional para la profundización del canal aparecen centenares de artículos sobre un supuesto intento de coima que, de haber ocurrido, lo fue dos años antes y al cual ni el embajador Bustillo ni el canciller Almagro jamás se refirieron ni enviaron a la Justicia, ni consideraron importante comunicarlo a las autoridades argentinas”.

Finalmente ratificó que “si se presenta la empresa Riovía, la Argentina mantendrá su objeción”. La decisión de apartar de la licitación a la firma había sido anunciada el viernes por la Argentina, pero el canciller Almagro respondió que el Uruguay no la respaldaría.