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El fiscal Federico Delgado le pidió al juez Claudio Bonadío que cite a declaración indagatoria a Mario Francisco Cirigliano, hermano de Sergio Claudio, principal dueño de Trenes de Buenos Aires (TBA), la concesionaria de la ex línea Sarmiento cuando ocurrió la tragedia. El magistrado nunca llamó a declarar a Mario porque no tenía ninguna participación en TBA. El argumento del fiscal es que el caso es como un árbol en el cual hay un tronco que sería TBA pero que las ramas –talleres de reparación, empresas de asesoramiento y de turismo– son todas partes del mismo Grupo Plaza, en el cual Mario Francisco es socio junto a su hermano. Delgado argumenta que hay movimientos de fondos entre las empresas del grupo, incluso sostiene que se desvían subsidios del Estado y que por lo tanto todo el grupo tiene vinculación con lo ocurrido en Once. Los procesamientos están demorados por dos razones: no se terminó la pericia contable sobre los fondos públicos y recién esta semana se realizó un estudio cerebral del maquinista para detectar si pudo haber tenido un episodio de epilepsia, lo que explicaría por qué no aplicó los frenos al llegar a la estación.

Delgado viene insistiendo desde el principio en que hay un adentro y un afuera de la tragedia de Once. El adentro tiene que ver con el choque en sí mismo y, principalmente, con algo que le pudo haber ocurrido al maquinista. El ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, pidió que se profundice sobre la cuestión de la epilepsia porque fue detectada por una médica de la Corte Suprema en un electroencefalograma. Los demás imputados, entre ellos TBA, creen que Marcos Antonio Córdoba se quedó dormido y por eso no frenó el tren, ni avisó por radio que tenía problemas, ni tiene lesiones defensivas en las manos o las piernas.

Sin embargo, Delgado pone más énfasis en el afuera del choque, que son las condiciones en las que se prestaba el servicio. El juez también mencionó este aspecto en las indagatorias que le tomó a los casi 40 sospechados. El juez ha puesto por escrito que se investiga el desvío de subsidios destinados a dar un servicio seguro con el que no se cumplía. Por lo que se deriva de su escrito, el fiscal se asienta en parte del peritaje contable, menciona el legajo 17, y dice que la forma en la que se derivaban fondos era que TBA contrataba por un millón de pesos mensuales la reparación de los vagones a una empresa del grupo, Enfer, pese a lo cual seguían estando en mal estado, y que por servicios de asesoramiento también le pagaba el 3,4 por ciento de todos sus ingresos a Cometrans, igualmente del Grupo Plaza. Por último, se le compraban pasajes a la empresa Express Viajes. El fiscal considera que, más que vínculos lógicos, fue la manera en que se derivaban los subsidios del Estado al grupo.

La defensa de los Cirigliano ya ha dicho que Enfer es el taller más grande del país de reparación de vagones y que existe desde 1993, antes de que TBA tuviera la concesión del Sarmiento. Según la defensa, la administración actual de la línea, la Ugofe, sigue usando esos talleres y también se mantiene el contrato de asesoramiento con Cometrans. Habrá que ver la evaluación del juez. En todo caso, Delgado afirma que Mario Cirigliano es parte de la trama y debe ser indagado.

Los procesamientos están demorados porque se terminaron sólo 14 de los 17 puntos de la pericia contable y el magistrado podría pedir todavía una ampliación. Los resultados de los estudios del maquinista estarían listos a principios de la semana. El juez ya habló de estrago –que es producir un grave daño–, seguido de muertes; asociación ilícita y administración fraudulenta de los subsidios, lo que presagia numerosos procesamientos.