La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto del Gobierno que declara de “utilidad pública” y “sujeta a expropiación” a la Compañía de Valores Sudamericana (CVS-ex Ciccone Calcográfica). El kirchnerismo, sus aliados más cercanos –Frente Cívico Santiagueño, Nuevo Encuentro y el Movimiento Popular Neuquino– y un puñado de bloques opositores –que incluyó a Proyecto Sur, el juecismo cordobés y Unión Peronista– alcanzaron 145 votos a favor de que la empresa, con capacidad para imprimir papel moneda, pase a manos del Estado. Las demás bancadas opositoras –UCR, PRO, Peronismo Federal, la CC y parte del FAP– reunieron 77 voluntades por el rechazo y concentraron sus críticas contra el vicepresidente Amado Boudou, mientras que cuatro diputados de Unidad Popular optaron por la abstención. La Cámara baja también convalidó el Decreto de Necesidad y Urgencia con que el Ejecutivo intervino por 60 días la firma CVS.

“Muchos bloques opositores presentaron proyectos en este mismo sentido (la expropiación). Algunos mantienen esa posición y otros la revirtieron. ¿Qué cambió de hace tres meses ahora?”, se preguntó el jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, en el cierre de las nueve horas de debate. Se refería al radicalismo, al PS y al GEN y algunos federales que habían presentado proyectos de expropiación y votaron en contra de la iniciativa oficial.

Rossi volvió sobre la oposición, que apuntó todos sus dardos contra Boudou. “Unas 480 notas de Clarín y 485 de La Nación ha tenido que soportar el vicepresidente. ¿Qué pasa si después la Justicia desecha las acusaciones? No sean cómplices de corporaciones que otras veces fueron contra ustedes”, insistió Rossi, para luego advertir que esas corporaciones, como en otros momentos históricos, “buscan debilitar la democracia con denuncias de corrupción generalizadas”.

La diputada Diana Conti abrió al mediodía la sesión especial con argumentos similares. Acusó a los bloques opositores de abandonar sus proyectos de expropiación, de no defender los “intereses nacionales” y de formar parte de un “show” “siguiendo como borregos al señor Magnetto (CEO del Grupo Clarín) hablan mal de nuestro gobierno y sólo buscan y escarban ahí maniatando y poniendo en un lugar indigno a esta Cámara”.

Turno opositor

Los diputados radicales se repartieron las líneas argumentales. “Se va en contra de la inviolabilidad de la propiedad privada, lo que está en juego es la propiedad privada”, aseguró Oscar Aguad. “El progresismo que no combate la corrupción, o el progresismo ineficiente, es tanto o más dañino que las concepciones neoliberales o antipolíticas en la gestión”, sostuvo Ricardo Alfonsín. “Esta ley va a ser recordada como la ley Boudou, la ley Ciccone o la ley de la corrupción”, dijo Ricardo Gil Lavedra en el cierre. Sólo el entrerriano Fabián Rogel recogió el guante que arrojó Conti: “Magnetto es enemigo de las grandes causas nacionales”, aseguró, y responsabilizó a Clarín de haber “debilitado” y “volteado” a los ex presidentes radicales Arturo Illia y Raúl Alfonsín.

Elisa Carrió comenzó la mañana entregando en la presidencia de la Cámara de Diputados una observación al DNU por el que se dispone la intervención de la ex Ciccone y pidió declarar su nulidad. “No hay dudas de que el señor Boudou es el propietario de la empresa a expropiar y tienen de rehenes a todos los diputados del Frente para la Victoria”, soltó en el recinto antes de pedir que se “amplíen las denuncias penales a la Presidenta”. Lilita también cargó contra la Justicia: “Los jueces federales de Comodoro Py son el banco que administra el freezer de la impunidad en la República Argentina”.

El peronismo disidente también desplegó variantes. Eduardo Amadeo leyó un texto propio que tituló “Crónica de una ilusión”, con el que atacó a Boudou y a La Cámpora para “defender la soberanía billetaria”. “Estos jóvenes a los que he caricaturizado son una banda de cachafaces”, sentenció. Carlos Brown se encargó de fundamentar su dictamen para crear una comisión investigadora. El denarvaísta Gustavo Ferrari afirmó que “lo esencial” del proyecto oficial es que “está poniendo en vilo la propiedad privada” y advirtió que “todas nuestras propiedades privadas están a tiro de un DNU”.

La misma preocupación expresó el PRO. Julián Obiglio afirmó que el oficialismo propone “la violación permanente de la propiedad privada”. El jefe de los diputados macristas, Federico Pinedo, prefirió darle otro giro. “¿Por qué el Estado, todos nosotros, le deben pagar las deudas del vicepresidente a sus amigos y acreedores?”. Laura Alonso se ganó el cierre macrista repitiendo a un público ampliado las acusaciones que sostuvo en el plenario de comisiones. “Boudou es un funcionario corrupto y un mentiroso”, soltó Alonso que se amparó en sus fueros constitucionales para “no callarme la boca”.

El FAP, dividido

Las diferencias dentro del interbloque del FAP llegaron al recinto, donde hubo votos a favor, en contra y por la abstención, con la única coincidencia de apuntarle a Boudou. El juecista cordobés Ernesto Martínez arrancó afirmando que “no tengo duda alguna sobre la conducta de Boudou”, al que calificó de “pirata del asfalto, motoquero y advenedizo vicepresidente”. Pero luego defendió la expropiación de la CVS: “No podemos ser oportunistas. Lo que era bueno para nosotros hace unos meses no puede malo porque lo plantea otro partido”. Su compañera de bancada, Graciela Villata, volvió a criticar a sus socios del FAP por abandonar sus propios proyectos de expropiación: “Algunos compañeros de este bloque que firmaron con la izquierda sus proyectos ahora votarán con la derecha el rechazo de la expropiación”.

El socialista Juan Carlos Zabalza reconoció las divergencias en el FAP porque se trata de “un frente amplio y progresista”, pero trató de disipar las dudas sobre la alianza política afirmando que “comparten el objetivo de construir una alternativa política en la Argentina”. El socialismo junto al GEN de Margarita Stolbizer habían presentado un dictamen conjunto a favor de la expropiación, que luego trocaron por un dictamen de “rechazo absoluto”, al que se sumó Victoria Donda, de Libres del Sur. La Unidad Popular –que comandan Claudio Lozano y Víctor De Gennaro– terminó por inclinarse por la abstención “ante la falta de información oficial” sobre la ex Ciccone.

“El Estado debe recuperar su capacidad soberana para producir moneda. Las cajas negras necesitan de la complicidad de grandes sectores de poder, incluso de sectores de la oposición. No se nos escapa que algunos que jamás reclamaron por la mafiocracia de los ’90 hoy se escandalizan”, sostuvo Fernando “Pino” Solanas para respaldar la expropiación que propuso a través de un proyecto propio. El líder de Proyecto Sur tampoco ahorró críticas a Boudou, aunque afirmó que el proceso judicial paralelo “no será interferido por el proceso de expropiación”.

Felipe Solá siguió la misma línea. Sostuvo que su bloque votaría a favor de la expropiación, pero no fue benévolo con Boudou y responsabilizó al oficialismo de brindarle “ayuda a que ese cobarde siga escondido”.

A esa altura del debate y con todas las cartas sobre la mesa, el oficialismo confirmó su certeza de que no tendría inconvenientes en transformar en ley la expropiación de la ex Ciccone.