La historia de la firma Ciccone está plagada de puntos oscuros. Nació de una sociedad entre dos familias, Lima y Ciccone, pero tras la muerte del titular de las acciones por la primera apareció un misterioso documento que había firmado en una escribanía por el cual cedía la propiedad del paquete que le correspondía a los Ciccone (según relata Martín Granovsky en nota del viernes 17). Las sospechas de la familia Lima no lograron torcer el rumbo de las acciones. El final de la firma no es menos llamativo: transformada en Compañía de Valores Sudamericana, es expropiada sin que se conozca quiénes son sus últimos dueños.

En seis décadas de existencia, el establecimiento gráfico creado por los hermanos Ciccone fue creciendo como un emblema de las empresas que van engordando al amparo de las prebendas del Estado. Su gran momento lo tuvo con el Mundial de Fútbol que organizó la dictadura militar en 1978, cuando el almirante Carlos Lacoste (titular del ente organizador, EAM 78) le adjudicó la impresión de las entradas de los partidos. La misma adjudicación la habilitó para importar sin aranceles la maquinaria necesaria, facultad que siguió aprovechando varios años después para poder entrar en el negocio de impresión de billetes de lotería y tarjetas perforadas para juegos de azar.

El geométrico crecimiento que logró en esos años tuvo otro “golpe de suerte” con la llegada de Armando Gostanian a la titularidad de Casa de Moneda, durante el menemismo. En esos años amplió su capacidad de impresión de billetes y documentos de carácter oficial, a cambio de millonarios contratos.

Fue en ese mismo período en que el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, la vinculó a Alfredo Yabrán, a partir de una reservada operación financiera por la cual el fallecido empresario habría aportado 25 millones de dólares para cubrir un crédito impago que Ciccone Calcográfica mantenía con el Banco della Svizzera Italiana. Dicha operación se habría triangulado a través del Banco de la Provincia de Córdoba, tres meses antes de que Eduardo Angeloz dejara la gobernación. Sin embargo, pocos años después Cavallo se desdecía señalando que su denuncia se debía a “fuentes erróneas”.

Aquel año 1995 fue el más difícil para los hermanos Ciccone, porque la denuncia de Cavallo ante la Cámara de Diputados del 23 de agosto les hizo temer por la suerte de sus millonarios contratos en el país y en el exterior. Quien ofició de amable componedor para obtener la retractación fue James Cheek, ex embajador estadounidense en Buenos Aires hasta 1996, confidente por ese entonces de Cavallo, que fue contratado como lobbista por los Ciccone en 1998.

A su modo, es decir haciendo gala del juego de influencias sobre organismos públicos, Ciccone Calcográfica intentó repetir a partir de 2003 su modus operandi para sacar ventajas. Esta vez se trataba de conseguir que la AFIP jugara a su favor en el concurso de acreedores para aprobar la propuesta de refinanciación de deudas. Una documentada denuncia de un acreedor menor en 2004 por intento de comprarle el voto (ver la nota de Granovsky, en este diario, ya mencionada) frustró todo el andamiaje. El proceso siguió hasta la instancia de solicitud de quiebra por la AFIP.

La historia de Ciccone Calcográfica, incluso en su tramo final, da para infinitas sospechas, y una sola certeza: no es la firma que se podría describir como “plenamente confiable” para la impresión de valores fiduciarios. Uruguay, Paraguay, Bahrein y otros países por donde había paseado sus contratos, ya se habían dado cuenta.