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Gendarmes y prefectos repetían que no estaban armados y que no son golpistas. Sobre lo primero hay dudas (ver la crónica de la página 7). Lo segundo puede ser cierto en la mayoría de los casos o acaso en todos. Aun así, su conducta violó las reglas básicas del sistema democrático y las que rigen a cualquier fuerza armada. No están legitimados para obrar así quienes son armados por el Estado para ejercer el monopolio legítimo de la fuerza física. Toda comparación con otros reclamos de trabajadores es disparatada. Por añadidura hubo agresiones, golpizas, privaciones transitorias de la libertad, uso de esposas para cerrar puertas o accesos. La movida que tuvo en vilo a la ciudadanía quebranta principios esenciales de convivencia y de obediencia jerárquica.

De ahí la firme respuesta de todo el arco político, de organizaciones sociales y de derechos humanos que fueron, en un contexto preocupante, la buena noticia del día de ayer.

La resolución firmada por todos los bloques de Diputados fue, seguramente, el punto más alto. Su propia presentación, con firmas aclaradas a mano, dio cuenta de la urgencia de la decisión que se adoptó sin exceso de chicanas ni demoras. Una señal republicana, incluyendo a sectores muy enfrentados al oficialismo, en la Cámara más pluralista, aquélla donde hay más fuerzas representadas. Supieron discernir lo sustancial respecto de las disputas cotidianas, en buena hora y con buena praxis republicana.

En el Senado la resolución se aprobó por amplia mayoría, pues defeccionaron radicales y peronistas federales. Privilegiaron diferenciarse sin reparar cuál era el eje principal de la jornada: se desmarcaron del conjunto sin gracia ni virtud.

La breve presentación del jefe de Gobierno Mauricio Macri, más allá de algún giro ladino que se comentará más adelante, tuvo como mensaje principal “vuelvan a sus casas”. O sea, estuvo en línea con un criterio general que primó en la jornada.

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La protesta se salió de madre, aunque la demanda originaria era legítima y legal. La liquidación de los salarios con recortes imbancables e injustificables fue lógico detonante de broncas: nadie admite que le toquen el bolsillo, menos que menos sin asidero legal. Pero el Gobierno reaccionó rápidamente, reconoció el error, ofreció corregirlo de inmediato. El gesto fue ninguneado, doblando la apuesta y manteniendo el estado de insurrección que había perdido su sustento original.

La chispa que detonó la movilización fue superflua, un error feroz o algo peor. Jamás debió producirse y será forzoso investigar la génesis de la falla, más allá del drástico descabezamiento de las cúpulas de Prefectura y Gendarmería. Revisar en serio, en el Estado, supone buscar a los autores concretos del desquicio, a quienes los alentaron o condujeron (si los hubo). Y también a los que, por falta de diligencia o vigilancia, no lo impidieron debiendo o pudiendo hacerlo.

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El malestar con los salarios no nació esta semana ni este año. Viene de lejos, comienza con el menemismo y se prolonga con gobiernos posteriores, incluyendo los kirchneristas.

Los aumentos otorgados con carácter no remunerativo distorsionan la retribución y mellan beneficios salariales y sociales. Un fallo de la Corte Suprema del año 2010, caratulado “Oriolo”, sancionó esa irregularidad. Las sentencias valen solo para el expediente en que se dictan. La consecuencia de cajón fue que se incrementaran amparos (ya los había, más vale) invocando la doctrina de la Corte. Muchos fueron admitidos. Entre ellos hubo numerosos con abusos en la liquidación, que llevaron los haberes a cifras exorbitantes. Tras algún zigzagueo, la Corte fijó un mecanismo de cálculo en la causa “Zanotti, Oscar”: el objetivo fue “evitar una indebida repotenciación de los aumentos otorgados”, esto es subsanar los efectos de sentencias exorbitantes.

Los uniformados tenían derecho a acudir a Tribunales, en defensa de sus derechos, la Corte así lo reconoció. Pero la dinámica del Foro, que atiende caso por caso, no puede resolver cuestiones atinentes al Ejecutivo, a quien le competen las decisiones de carácter general. Los abusos y trampas de muchos abogados litigantes, con la imaginable anuencia de magistrados “amigables”, empiojaron más el panorama.

La forma de equilibrar el desorden y las desigualdades (que en sesgo favorecen a los mandos altos) es regularizar todos los salarios. A esa tarea se abocaron hace ya un tiempo representantes del Gobierno y de las fuerzas. El decreto 1307/2012 procuraba ese objetivo, pero por graves fallas de implementación produjo el efecto inverso.

La regularización salarial con la supresión de abusos es, todavía, una tarea pendiente, de ardua ejecución. Forzoso es realizarla, imposible lograrlo en horas, menos bajo presiones o aprietes.

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El Gobierno se mostró enérgico y resolutivo, sin caer en desbordes verbales que le agregaran adversarios en un trance tenso. La oposición, casi toda, estuvo a la altura de los acontecimientos y del desafío.

Macri “hizo política”, lo que puede resultar molesto pero tiene su lógica. Aprovechó para cuestionar la política kirchnerista en materia de seguridad, un presunto destrato al personal. Pero el eje de su mensaje fue democrático, el núcleo fue desautorizar la metodología elegida, enfatizar los severos deberes de quienes portan armas, pedirles que abandonaran su conducta. Una traducción posible del slogan que habrán imaginado sus creativos publicitarios sería: “Esto es una democracia, no hay alternativa. Para que esto cambie, esperen y vótenme en su momento”. Quiso sacar tajada, mostrarse solo como principal referente opositor, pero no desentonó con el núcleo expresado por la dirigencia en general.

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Al cierre de esta nota, medianoche de un miércoles mayormente de miércoles, no había trazas de desconcentración. Escenarios de ese tipo son siempre riesgosos, en proporción creciente: el transcurso del tiempo, la fatiga enardecen más de lo que calman. Los discursos de muchos medios audiovisuales, exaltatorios sin tomar ninguna distancia ni hacerse cargo de la lógica democrática, arrojan su porción de nafta al fuego, de momento relativamente contenido. Es de esperar que pronto prime la sensatez y se encarrilen las cuestiones de intereses que son válidas.

Siempre es incómodo para un cronista terminar una nota escrita contrarreloj sin que se conozca el desenlace de los hechos. El sabor acre se multiplica por la gravedad de los sucesos que insumieron más de un día y que posibilitaron evocaciones de instancias terribles de nuestra historia. U otros sucedidos recientemente en Venezuela, Ecuador, Honduras o Paraguay. La sincronía siempre es una señal de alerta. Pero conviene no dejarse arrastrar por el temor, desconocer diferencias y soslayar cuánto ha avanzado el sistema democrático en la Argentina. Las instituciones son más consistentes de lo que se suele decir, casi 30 años de continuidad afirman sus cimientos, su piso es firme. Claro que jamás hay que bajar los brazos, nunca distraerse ni admitir ningún escenario que (a propósito o por falta de responsabilidad o límites) pueda favorecer conductas destituyentes.

Hay mayorías sólidas, organizadas, que concuerdan en defender con enjundia el sistema, ayer tuvieron los reflejos adecuados. Los golpistas, que los hay y siempre tratan de pescar en río revuelto, son minorías notorias. Su mayor potencial no es el número ni el consenso que pueden conseguir, sino su brutalidad y falta de escrúpulos. Los que con buena fe se enfurecieron por una privación injusta, ya subsanada, dicen no ser golpistas. Deben cuidarse también para no serles funcionales. Y obrar en consecuencia.

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