El Congreso reaccionó rápidamente frente a la rebelión de sectores de las fuerzas de seguridad encabezados por Prefectura y Gendarmería. “Instamos a los integrantes de las fuerzas de seguridad y otras a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas, en todo de acuerdo con la Constitución nacional”, sostuvo el comunicado que firmaron en Diputados los representantes del kirchnerismo, la UCR, el PS, Libres del Sur, el Peronismo Federal y el PRO, pero al que no adhirieron ni el GEN, UP y Proyecto Sur, que promueven la sindicalización de los uniformados. En el Senado, la discusión se dio en el recinto. La declaración que instó a las fuerzas de seguridad a “adecuar sus acciones a las pautas de comportamiento democrático” cosechó el respaldo del kirchnerismo, el Peronismo Federal y el FAP, mientras la UCR votó en contra porque pedía interpelar al jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y a la ministra de Seguridad, Nilda Garré.

Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, convocó a todos los bloques políticos para analizar el conflicto. Poco después del mediodía, en su despacho del primer piso ya se habían reunido diputados de casi todas las bancadas: Agustín Rossi, Juliana Di Tullio y María Teresa García (FpV); la vicepresidenta de la Cámara, María Abdala de Matarazzo (Frente Cívico santiagueño); Carlos Heller (NE); Ricardo Gil Lavedra (UCR); Juan Carlos Zabalza y Alicia Ciciliani (PS); Margarita Stolbizer (GEN); Victoria Donda (FAP); Eduardo Amadeo (Frente Peronista); Federico Pinedo (PRO); Patricia Bullrich (UpT) y Alfonso Prat Gay (CC).

Después del intercambio de opiniones, la mayoría de los asistentes coincidió en un pronunciamiento rápido. El escueto pero contundente comunicado quedó reducido a un solo párrafo: “Los diputados nacionales representantes de los diferentes partidos políticos instamos a los integrantes de las fuerzas de seguridad y otras a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas, en todo de acuerdo con la Constitución nacional”. Desde el kirchnerismo luego sumaron otras opiniones. “Las fuerzas de seguridad son parte del pueblo trabajador y no se deben dejar engañar por los que no quieren sostener la democracia”, sostuvo la diputada Diana Conti. Heller instó a las fuerzas de seguridad “a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas”.

Entre quienes acudieron a la reunión, solo Stolbizer no firmó. Luego fijó su postura a través de un comunicado partidario. “No compartimos que el reclamo pueda encubrir ningún intento de desestabilización democrática ni ponga en riesgo las instituciones constitucionales”, sostiene la gacetilla del GEN, que también responsabiliza al Gobierno de “pretender socializar los costos de las malas decisiones y la impericia en el manejo de la crisis”.

Dentro del FAP, el GEN no fue la única fuerza que tomó distancia de sus socios socialistas. La Unidad Popular de Claudio Lozano y Víctor De Gennaro no asistió al encuentro. “UP no acompañará ninguna declaración que tienda a ilegalizar el reclamo salarial de los prefectos bajo la excusa oficial de que encubre un intento desestabilizador”, afirmó Lozano.

Los partidos opositores que firmaron el documento también salieron a diferenciarse del Gobierno. El bloque de diputados radicales responsabilizó al Ejecutivo “por la inadecuada implementación de medidas salariales largamente reclamadas por los integrantes de dichos cuerpos”.

“Un reclamo salarial de este tipo no puede ser considerado como irregular ni antidemocrático, mucho menos como injusto, cuando han sido perjudicados por un decreto del Ejecutivo”, sostuvo Enrique Thomas, del Frente Peronista. Desde la Coalición Cívica, “reclamaron al gobierno nacional que reconozcan su error”, pero instaron “a las fuerzas en conflicto a deponer cualquier actitud confrontativa”. En tanto, el macrismo y sus aliados hicieron “un llamado a mantener operativos en todos los casos los servicios de seguridad, respetando la conducción institucional de cada fuerza”.

Senado

La discusión en la Cámara alta se dio dentro y fuera del recinto. En la sesión, el Senado aprobó una declaración de rechazo a la metodología de protesta utilizada por las fuerzas de seguridad. Los presidentes de todas las bancadas se habían reunido para consensuar un texto común en el despacho del vicepresidente Amado Boudou, pero finalmente la UCR y la senadora de la CC, María Eugenia Estenssoro, votaron en contra.

“Los senadores nacionales representantes de los diferentes partidos políticos instamos a los integrantes de las fuerzas de seguridad y otras a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas, en todo de acuerdo con la Constitución”, sostiene la declaración, aprobada por 49 votos a favor y 15 en contra. Además del FpV, acompañaron la propuesta el Peronismo Federal y el FAP, aunque en su primera votación como parte de ese interbloque Estenssoro se apartó de sus compañeros.

“La medida debió haber sido enfocada a la mejoría y no a la reducción del haber. Esta corrección que se va a hacer, ya fue anunciada por el jefe de Gabinete, debería haber determinado inmediatamente el cese de cualquier manifestación y eso no ocurrió”, sostuvo el titular de la bancada kirchnerista, Miguel Pichetto, quien rechazó los pedidos de la UCR para citar a Garré y a Abal Medina porque “tienen un tinte de oportunismo”.

También el senador Marcelo Fuentes, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, criticó a prefectos y gendarmes: “Las fuerzas de seguridad, por la gravedad de la función que tienen, porque son los que portan las armas de la democracia, tienen que sujetarse a un procedimiento muy estricto”, señaló.

Para el radical Gerardo Morales, “no alcanza con el mensaje del jefe de Gabinete, quien con su característica soberbia explica las acciones de un decreto mal hecho”. Desde el Peronismo Federal acompañaron las críticas a Abal Medina por sus declaraciones, pero aseguraron que van a repudiar “todo acto que afecte la vida institucional del país”. Por eso, resolvieron acompañar la iniciativa oficial.