Las cancillerías argentina e iraní mantuvieron el hermetismo después del primer encuentro entre las representaciones de los dos países por el caso AMIA. Se supone que ahora habrá consultas y posteriormente una nueva reunión, otra vez en Ginebra, Suiza. El perfil de la delegación argentina, encabezada por Angelina Abbona, jefa de los abogados del Estado, muestra el objetivo: buscar un acuerdo legal que permita que alguno de los funcionarios iraníes imputados por el atentado contra la mutual judía se sometan a jueces y fiscales argentinos. En los 18 años transcurridos desde el ataque, nunca se pudo lograr ningún avance con Irán, de manera que la administración de Cristina Kirchner decidió sondear si existe alguna posibilidad de que encajen las piezas en el terreno legal y se pueda realizar un juicio.

Este diario pudo conversar con allegados a los negociadores argentinos, pero, según se supo, la orden de mantener la confidencialidad fue tajante. El encuentro se concretó en el Palacio de las Naciones Unidas, en Ginebra, duró dos horas y, tal como estaba previsto, participaron por el lado argentino, la jefa de los abogados del Estado, Abbona; la especialista de Cancillería en todo lo que tiene que ver con derecho internacional, Susana Ruiz Cerruti, y el vicecanciller, Eduardo Zuain.

El objetivo de la Presidenta y del canciller Héctor Timerman es ver si se puede destrabar la situación judicial en la que el juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Alberto Nisman imputaron a funcionarios iraníes por el ataque contra la AMIA, el 18 de julio de 1994. Irán rechaza los cargos y sostiene que es una trama armada por la CIA, el Mossad y la SIDE, por lo que siempre se negó a que los imputados –entre ellos el ex presidente Ali Akbar Rafsanjani, un moderado enfrentado con el actual mandatario, Mahmud Ahmadinejad– comparecieran ante la Justicia argentina.

En el encuentro previo entre Timerman y el canciller iraní, Alí Akbar Salehi, se convino iniciar el diálogo para ver si se puede encontrar un marco jurídico aceptable para ambas partes. En los últimos años se habló de buscar un tercer país –por ejemplo, Marruecos– en el que se pudiera concretar el proceso judicial. Tomaron como antecedente el atentado de Lockerbie, en el que finalmente dos libios fueron juzgados en Holanda por jueces escoceses. Aquel atentado fue contra un avión de la desaparecida Pan Am, que cayó en la localidad escocesa de Lockerbie.

Tanto las conducciones comunitarias de la DAIA y de la AMIA, como una parte importante de los familiares de las víctimas y la Embajada de Israel cuestionan el inicio de las negociaciones con Irán. Hablan de que Teherán maniobra y utiliza este diálogo para seguir dando largas al caso. En la Casa Rosada y en la Cancillería afirman que no hay dilación mayor que los 18 años que ya pasaron sin que se haya podido dar ningún paso adelante. Por lo tanto, se plantean hacer todos los esfuerzos posibles.

Hoy por hoy, las posibilidades de que la negociación fructifique son escasas. En el Gobierno argentino, interpretan que a Ahmadinejad le convendría que se haga un juicio porque figura como el enemigo público número uno a nivel internacional, al punto de que Barack Obama y Mitt Romney nombraron a Irán 41 veces en su último debate. En paralelo, las Naciones Unidas viene aplicando sanciones a Teherán por desarrollar un plan nuclear. Esas sanciones son cumplidas por buena parte de los países, incluyendo la Argentina y Brasil. Eso llevaría a Teherán a hacer buena letra, pero, por otro lado, no parece nada sencillo que el régimen que hoy conduce Ahmadinejad entregue a los imputados después de casi dos décadas, pese a que las evidencias –como ya dijo la Justicia inglesa cuando detuvo al ex embajador de Irán en la Argentina– no parecen muy contundentes. La pesquisa, hecha en tiempos del ex presidente Carlos Menem, tiene enormes agujeros negros, al punto de que nunca se pudo determinar quién condujo la camioneta a la AMIA, de dónde salieron los explosivos o dónde se armó la Trafic que estalló frente a la mutual judía.

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